Jerjes Aguirre Avellaneda
¡Para el Debate por Michoacán!
Viernes 1 de Abril de 2016
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Los avances en las reformas estructurales del país todavía no han incluido la reforma del campo, cuyo sentido y propósitos aún no están explícitamente definidos, si bien las distintas acciones emprendidas parecen sugerir que se busca la consolidación de la propiedad privada rural, para cerrar en definitiva el ciclo histórico de la propiedad social representada por el ejido y la comunidad agraria.

Así podrían indicarlo, tanto el foro organizado por el Senado de la República para la Actualización de la Ley Agraria, como la formación de consejos agrarios en cada estado de la República. En el caso michoacano, a finales de febrero pasado fue firmado el Convenio para la Instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Agrario, presidido por la secretaria de la Sedatu y el gobernador del Estado, para atender, entre otros, los asuntos relativos al ordenamiento territorial, las resoluciones presidenciales pendientes de ejecutar, solución a los conflictos agrarios sin pagar, reforma energética y propiedad social, fomento de actividades productivas y desarrollo del sector.

Esto es, se trataría de afianzar el proceso que coloca a la propiedad social en situación de creciente riesgo para preservarse, con una absurda preocupación por atender rezagos, como la ejecución de resoluciones presidenciales, luego de cerca de 40 años de terminado el reparto, o la solución de conflictos agrarios que en algunos casos pudieran tener un siglo de antigüedad. En otros pendientes, con un mínimo de voluntad, habría que forjarse metas viables para en su cumplimiento y obtener el reconocimiento campesino, en lugar del resentimiento que generan la mentira y el engaño.

Con todo y dudas, el Consejo Estatal para el Desarrollo Agrario podría consentirse en una infancia facilitadora para regularizar el pago de indemnizaciones pendientes con más de 70 núcleos agrarios distribuidos en 44 municipios de la entidad.

Los recursos de indemnizaciones sin cubrir, provenientes principalmente de expropiaciones a ejidos y comunidades, han sido depositados en el Fifonafe y manejados al margen y sin conocimiento de sus legítimos dueños. Nada saben los ejidatarios y comuneros de cuánto tienen y cómo se maneja.

la ley establece la posibilidad de que los recursos de uso común puedan aportarse por los ejidos para la constitución de sociedades mercantiles encargadas de su aprovechamiento.
la ley establece la posibilidad de que los recursos de uso común puedan aportarse por los ejidos para la constitución de sociedades mercantiles encargadas de su aprovechamiento.
(Foto: Cambio de Michoacán)

¿Dónde está la transparencia?

El consejo creado podría conocer de las disponibilidades de los núcleos y proceder, junto con los interesados, a la elaboración de un programa que permitiera su utilización para generar empleos y elevar las condiciones de vida de los ejidatarios, comuneros y sus familias. Hay ahí una fuente expedita para el financiamiento de diversos proyectos de desarrollo. ¿Por qué no se hace?

Por otra parte, si bien es conveniente regularizar las tierras agrícolas ejidales que se han vendido, para hacer más atractiva la venta de las que hacen falta, es imprescindible atender los pendientes de los recursos de uso común, que constituyen hoy lo único que no se puede vender de los ejidos y comunidades. Las tierras agrícolas han dejado de identificarse con la propiedad social, toda vez que están sujetas a la libre circulación mercantil. Ahora, los ejidatarios están transitando de su condición de usufructuarios vitalicios de sus parcelas, a propietarios privados de lo que antes era patrimonio familiar. Muchos ya han vendido, otros seguramente lo harán en su momento.

Pero los recursos de uso común, que son los agostaderos, los bosques, los atractivos turísticos, la minería de metálicos y no metálicos, entre otros, no se pueden vender o convertir por cualquier otro medio en propiedad particular. La Ley Agraria, explicita cuando dispones en su artículo 74, que “la propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable…”.

Sin embargo, si bien los recursos de uso común no pueden legalmente venderse, ello no significa que no pueda registrarse su apropiación por parte de los mismos ejidatarios, atrapados en la vorágine privatizadora que alienta la construcción de cercas para marcar una nueva “propiedad”, que anula la propiedad del ejido, mermando en los hechos su propia realidad. Cercenar a los ejidos sus bienes comunes, es el equivalente a despojarlos de toda realidad, como recuerdo tal vez romántico como una utopía que puedo llamarse “vía campesina” del desarrollo rural.

Mientras tanto, la ley establece la posibilidad de que los recursos de uso común puedan aportarse por los ejidos para la constitución de sociedades mercantiles encargadas de su aprovechamiento. El artículo 75 de la Ley Agraria indica que “en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participe el ejido o los ejidatarios”, de acuerdo con un proyecto racional en su aprovechamiento y equitativo en sus términos y condiciones.

¿Qué pasa entonces? A pesar de que los recursos de uso común están ahí y los ejidatarios también, junto a las disposiciones legales representativas, todavía no hay en Michoacán ninguna sociedad constituida, con la aportación de los ejidatarios de sus recursos de uso común. Cuando es necesario, se prefiere la opción de la expropiación, con lo cual los ejidatarios pierden sus bienes, asumiendo el riesgo de que sus indemnizaciones queden “salvaguardadas” en una instancia ajena irónicamente llamada Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

Esa es la realidad, inobjetable, que ahora el Consejo Estatal de Desarrollo Agrario de Michoacán podría corregir, produciendo a la elaboración del diagnóstico michoacano sobre los recursos ejidales de uso común, como punto de partida para la integración de un programa que permita el impulso del turismo ejidal, la minería ejidal, la ganadería ejidal y las empresas integrales forestales de los ejidos y comunidades. Hace falta que cuanto antes, los mismos ejidatarios establezcan su centro de proyectos para el aprovechamiento de los recursos de uso común, generando empleos e ingresos para sus dueños, antes de que dejen de serlo y sólo puedan ocuparse como asalariados.

¿Es posible que los trabajos del nuevo consejo pudieran incorporar estas posibilidades? Tal vez o podría quedarse en el más de lo mismo, por decir lo menos.

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