Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Sistema Nacional de Protección Integral
Miércoles 7 de Junio de 2017
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El año 2011 constituye para México un paradigma en materia de derechos humanos; el 12 de octubre se dieron dos reformas constitucionales para los derechos humanos de niñas y niños y claro, también de adolescentes. La primera se adicionó al artículo 4 constitucional el principio de interés superior de la niñez, y la segunda, el artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de la población infantil.
Posteriormente, en 2011 y 2014 respectivamente, se publicaron las leyes reglamentarias, esto es, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En tanto que en su artículo 3 se expresa el interés superior del niño, incluso por encima de la atención a población adulta
En tanto que en su artículo 3 se expresa el interés superior del niño, incluso por encima de la atención a población adulta
(Foto: TAVO)

La Ley General de Prestación de Servicios tiene su origen en el reclamo de la sociedad civil después del lamentable incendio de la Guardería ABC en 2009, para la reglamentación de guarderías, estancias infantiles de la primera infancia. La ley en comento tiene como propósito transformar las guarderías en centros de desarrollo integral infantil, donde la población infantil se mantenga en condiciones de seguridad y protección que garanticen su derecho a formarse física, mental, emocional, cognitiva y desde luego socialmente.

La ley mandata a la autoridad cumplir con normas de seguridad, higiene, salud, alimentación y educación, contribuyendo al desarrollo integral de niñas y niños, y ha permitido realizar un diagnóstico sobre centros de atención infantil públicos, mixtos y privados, indispensables para la implementación de las políticas públicas infantiles en México.

Este corpus jurídico mandató la creación del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Cabe destacar que forma parte de este esfuerzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con voz pero sin voto.

En el artículo 50 de la ley de mérito expresa que para recibir autorización un centro de atención público, privado o mixto, requiere de doce requisitos, entre ellos: la póliza de seguro, manuales técnico-administrativos, de operación y seguridad; contar con infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la seguridad para la población infantil; tener las licencias y permisos correspondientes de uso de suelo, funcionamiento, ocupación, etcétera; documentos que acrediten la capacitación del personal entre otros como el programa de trabajo que incluya los elementos definidos en el artículo 11 de la ley de referencia.
El punto es que todos los centros de atención cuentan con estos documentos, de ser así, felicidades; de no serlo, estaríamos frente una falla de origen de la autoridad al otorgar permisos sin que se cuente con los requisitos y se estaría rompiendo con el principio del interés superior de la niñez. Nadie desea otro hecho lamentable como el sucedió en la Guardería ABC.

Por otro lado, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce a la población infantil como titulares de derechos; garantiza su pleno ejercicio, crea el Sistema Nacional de Protección Integral, la Secretaría Ejecutiva, la Procuraduría federal y las procuradurías locales de Protección, Michoacán tiene ya la correspondiente, el Registro Nacional de Datos, el Centro de Asistencia y el Sistema Nacional de Información. Sin embargo, no será suficiente, si es que los servidores públicos no se encuentran sensibilizados y, por supuesto, informados y profesionalizados para la realización de su trabajo en el marco de garantizar el interés superior de la infancia.

México y las entidades federativas tienen la obligación de instrumentar el diseño de la política pública para evitar violaciones de los derechos humanos de la población infantil.

La ley general nos plantea retos, uno de ellos es garantizar la integralidad, la tranversalización con perspectiva de derechos humanos, de igualdad y de equidad de género. Este enfoque nos plantea que si existe una violación a sus derechos de éstos no debemos observar sólo ese derechos, al contrario, tenemos la obligación de ver en una perspectiva integral y de diagnóstico completo sobre el estatus de la persona menor en relación con todos los derechos de que son titulares éstos y resolver sobre la generalidad y no la parcialidad únicamente.

En su artículo 13, la ley en comento señala 20 derechos reservados a niños, niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a la vida, a la identidad, a la prioridad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a la educación, al descanso, a las libertades, a la no discriminación y violencia, entre otros. Pese a ello, continuamos viendo niños en la calle y de la calle, requerimos de mayor esfuerzo no sólo del Estado, también de la sociedad.

Esta ley general plantea en su artículo 125 las atribuciones del Sistema Nacional de Protección Integral en su numeral I, expresa que “difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Ello nos plantea una importante tarea para todas las personas que realizamos actividades con los niños, niñas y adolescentes, el estar permanentemente informados, capacitados, profesionalizados y sensibles a las problemáticas que existen en torno a este segmento de población.

En este sentido es fundamental conocer y observar en la práctica diaria de los servidores públicos y de la sociedad que interactúa con las poblaciones infantiles la Convención sobre los Derechos del Niño, la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derecho del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía; protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

La Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 1, expresa que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Por eso la importancia de revisar el concepto de humano, persona, dignidad humana.
En el artículo 2 de dicha Convención se habla acerca de la no discriminación basada en raza, color, sexo, religión, etcétera. En tanto que en su artículo 3 se expresa el interés superior del niño, incluso por encima de la atención a población adulta, fundamentación del corpus nacional.

Cierro la columna expresando la importancia de la gran responsabilidad de las autoridades, servidores públicos y miembros de la sociedad civil que deben actuar permanentemente para fortalecer el principio del interés superior del niño. Michoacán sin niños en la calle o de la calle.

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