Salvador Molina Navarro
Derecho a qué…
Prisión preventiva oficiosa, ampliarse o desaparecer
Martes 13 de Junio de 2017

Ante la justicia del soberano todas las voces deben callar.

Michel Foucault, Vigilar y castigar.

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En pasados días tuvo verificativo en Morelia el Encuentro Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. En este evento, Silvano Aureoles Conejo arremetió en contra del Poder Judicial del estado, señalándolo como responsable de dejar en libertad a los “delincuentes”. El Gobernador se valió de una anécdota que narró en este sentido: “Ayer me decía el fiscal regional ‘detuvimos al líder de una célula delincuencial en esa región de Zamora porque el juez nos otorgó esa orden de aprehensión con los argumentos que le hicimos llegar, pero ¿qué cree?, cuando ya lo habíamos detenido, aún con los mismos argumentos, nos dijo (el juez) que no había suficientes elementos para tenerlo detenido cuando se detuvo con armas, señalado reiteradamente de ser cabeza de una célula delincuencial, y al juez sentado en su escritorio le pareció que eran insuficientes los elementos para dictarle prisión preventiva’”. De este tipo de posturas se empieza a introducir el tema de ampliar la prisión preventiva oficiosa para proponer un uso excesivo de este figura jurídica bajo el argumento toral de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no responde a las exigencias sociales, que es un foco rojo pues permite que las personas sujetas a un procedimiento no necesariamente lo enfrenten bajo la prisión preventiva, siendo solamente unos tipos penales los que son merecedores de una prisión preventiva oficiosa. Esta postura deviene de los actores en materia de seguridad pública y procuración de justicia; contrario a esto hay varias voces de juristas y de derecho internacional que exigen la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. En esta coyuntura externamos nuestra opinión.

En este evento, Silvano Aureoles Conejo arremetió en contra del Poder Judicial del estado, señalándolo como responsable de dejar en libertad a los “delincuentes”
En este evento, Silvano Aureoles Conejo arremetió en contra del Poder Judicial del estado, señalándolo como responsable de dejar en libertad a los “delincuentes”
(Foto: Héctor Sánchez)

En primer término, llama la atención que un fiscal regional haga del conocimiento del gobernador una anécdota con conclusiones jurídicas inoperantes, ya que, de ser cierta la narración de Aureoles Conejo, es inconcuso que quien las externó se valió de argumentos falaces para arribar a una conclusión que abonó a una reacción equívoca del titular del Poder Ejecutivo, donde pretende evidenciar a otro Poder autónomo y soberano como lo es el Poder Judicial; es pues, un vulgar chisme, esto no es cosa menor, el fiscal regional debe ser un ente con capacidad jurídica de aplicación en el campo y de análisis. En este sentido, un funcionario de este nivel debe saber que en relación con la procedencia de la prisión preventiva necesaria o justificada no tienen relación los argumentos vertidos tanto en orden de aprehensión como en la formulación de imputación, y después, al momento de vincular a proceso a un imputado, pues en estas etapas del procedimiento se relacionan los datos de prueba que justifiquen la existencia de un hecho que la ley señala como delito y, en grado probable, que el imputado participó en su comisión; sin embargo, al momento de debatir en audiencia sobre la medida cautelar que se deba imponer al imputado –a excepción de los casos enunciados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señalan la prisión preventiva oficiosa– la Fiscalía deberá relacionar los datos de prueba, argumentar y justificar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, siendo el Ministerio Público el único que puede solicitar la prisión preventiva justificada –artículo 157 del mismo Código–. Así entonces, el fiscal regional, al señalarle al gobernador que el juez determinó no imponer la medida cautelar del prisión necesaria al imputado que se señalaba como líder de una cédula del crimen organizado, aún con los mismos argumentos que se vertieron al solicitar la orden de aprehensión y que el juez sostuvo que no había suficientes elementos para tenerlo detenido cuando se detuvo con armas, la conclusión del juez es razonable pues el delito de portación de arma, cualquiera que sea, por sí solo no es merecedor de prisión preventiva oficiosa; por tanto, si el Ministerio Público solicita como medida cautelar la prisión preventiva justificada, está obligado a argumentar sobre su proporcionalidad la causa de su procedencia, el peligro de sustracción del imputado, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el riesgo para la víctima, ofendido, testigos o comunidad, para lo cual deberá justificar y probar en audiencia su postura –artículos 153, 156, 157, 165, 167, 168, 169, 170 y 171 del mismo Código–. La postura del Fiscal Regional deja ver el desconocimiento total de quienes son parte importante en este Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que no hace que este nuevo paradigma del derecho penal sea un fracaso, pues el fracaso es de quienes procuran justicia, tanto en sus conocimientos como en la práctica al llevar asuntos al juez de Control, donde se permean hechos falsos, entrevistas a testigos forzadas y dirigidas, siembra de pruebas, alteración de la escena del crimen, tortura y demás actos ilícitos que evidentemente darán como conclusión que un juez determine contrario a las pretensiones del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía.

Por otro lado, el tema de la discusión para ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa es una clara señal del desconocimiento de los fines del proceso penal acusatorio y oral de los asesores del gobernador, pues Silvano Aureoles no es perito en materia de derecho. Sabemos que es ingeniero agrónomo, de ahí que quienes le aconsejan y auxilian en temas jurídicos deben dotarlo de los conocimientos necesarios para que pueda entender el fin mismo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, donde la prisión siempre será la ultima ratio, y aún en el caso de la prisión preventiva oficiosa debe decirse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende por “prisión o detención preventiva” todo el periodo de privación de libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito ordenado por una autoridad judicial y previo al dictado de una sentencia firme. Históricamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado reiteradamente que el uso excesivo de la detención preventiva es uno de los principales problemas relacionados con el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas sujetas a cualquier tipo de privación de la libertad. En un informe especial señaló que en México, a mediados de 1996, se observó que de una población carcelaria de aproximadamente 116 mil personas, más de la mitad estaban sin sentencia en uso de prisión preventiva .

Los estudios realizados por la CIDH han señalado que los Estados que abusan de la prisión preventiva generan un retardo o mora judicial, que a su vez ocasionan las disfunciones y deficiencias estructurales más profundas de los sistemas judiciales. La falta de capacidad operativa y técnica de las instituciones policiacas y de investigación, la falta de capacidad operativa, independencia y recursos de las defensorías públicas, la deficiencia en el acceso a los servicios de defensoría pública, la falta de independencia del Poder Judicial, la existencia de leyes que privilegian la aplicación de la prisión preventiva y restringen la aplicación de otras medidas cautelares, la inversión de la carga de la prueba pues es el imputado quien deberá acreditar que la prisión preventiva no debe ser impuesta, genera corrupción. En el caso de nuestro país, la CIDH ha emitido como recomendaciones concretas para que se adopten las medidas necesarias para corregir el rezago procesal y fortalecer los sistemas de justicia: implementar el uso de otras medidas cautelares distintas del encarcelamiento previo al juicio, garantizar que las autoridades judiciales apliquen la medida cautelar de la detención preventiva motivadamente, en estricto cumplimiento del plazo máximo legal y de conformidad con los estándares internacionales; que esta decisión sea revisada periódicamente, de forma tal que se verifique la vigencia de las razones que la motivaron; que los procesados cuenten con recursos judiciales efectivos para impugnar la aplicación de la prisión preventiva, establecer sistemas eficaces y accesibles de defensa pública, realizar las reformas legales necesarias para limitar la utilización de esta medida, especialmente en el caso de los delitos no violentos y menos graves; promover un verdadero cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad de la prisión preventiva, adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial y la independencia y autonomía de las defensorías públicas.

Ha sido reiteradamente apuntado por la CIDH y por la Corte Europea de los Derechos Humanos que el uso excesivo de la prisión preventiva genera consecuencias negativas para una serie de derechos humanos; por tanto, para que la misma sea impuesta deben observarse los límites que le imponen los principios de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva, además de atender a los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para que la imposición de la misma no sea arbitraria.

El gobernador de Michoacán y su grupo de asesores parecen desconocer toda esta serie de estudios realizados tanto por la CIDH como por la Corte Europea de Derechos Humanos, se dejan llevar por el reclamo social y las presiones mediáticas para proponer de manera formal que la prisión preventiva sea ampliada y promover su uso excesivo, con todas las consecuencias políticas y de derecho que no arrojará tal determinación, entre estas la pérdida de autonomía del Poder Judicial. Ya fuimos testigos del señalamiento del Poder Ejecutivo en el sentido de que el Poder Judicial era responsable de que los “delincuentes” sean liberados, faltando a un Poder soberano que forma parte de uno de los tres Poderes mediante los cuales el Estado se compone para su ejercicio, ostentándose el Poder Ejecutivo como el soberano que calla todas las voces con su justicia.

Por Salvador Molina Navarro.
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