José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El derecho al honor, criterios de la Corte
Sábado 17 de Junio de 2017
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A seis años de la reforma sobre derechos humanos, el sistema judicial mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue construyendo los parámetros del respeto a los mismos a través de los criterios que viene fijando el alto Tribunal en algunas resoluciones. El día de hoy me ocuparé de dos ejecutorias que sientan las bases para que las personas que están en los medios de comunicación respeten el derecho al honor.

La Jornada contra Letras Libres. En 2010, la Corte, mediante la resolución del amparo directo 28/2010, resolvió una disputa entre estos dos medios surgida por una columna intitulada “Cómplices del terror”, en la que en octubre de 2002 la editorial Vuelta, que publica la revista Letras Libres, daba cuenta de un acuerdo de colaboración en proyectos informativos de interés común entre Desarrollo de Medios SA de CV, a la que pertenece el periódico La Jornada, y el diario Gara, del País Vasco, España, denunciando que el rotativo ibérico constituía el brazo político de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), organización separatista de España que significa País Vasco y Libertad, señalando que por ello el periódico mexicano era cómplice del grupo terrorista, razón por la que, según la revista, montó una campaña mediática para que el juez Garzón (Español) no pudiera ingresar al Reclusorio Oriente en el Distrito Federal para estar presente en el interrogatorio de seis presuntos etarras encarcelados en nuestro país. Este diferendo entre dos editoriales permitió conocer antes de la reforma de derechos humanos de 2011 la interpretación que realizo la Corte respecto del choque entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor, mismo que resolvió en favor de la editorial Vuelta, ya que no existió afectación en el honor de la persona moral del periódico, tomando en cuenta que entre dos entes que se dedican al periodismo el grado de tolerancia es mayor que si se tratara entre particulares, además de que ambos están en la misma posibilidad de controvertir sus respectivos argumentos al encontrarse en igualdad de circunstancias por ser dos editoriales, una con un periódico y la otra con una revista, y que si bien es cierto que la expresión “cómplices del terror” resulta fuerte, ese es un parámetro que se puede tolerar entre pares; por tanto, prevalece el derecho a la libertad de expresión, negándole el amparo al periódico. Cabe hacer la aclaración que este asunto tardó nueve años en resolverse y en la actualidad es un precedente importante de los derechos en comento.

Santiago Creel, ex secretario de Gobernación; juez central de la Corte española, y Armando Salinas Torres, durante la conferencia magistral.
Santiago Creel, ex secretario de Gobernación; juez central de la Corte española, y Armando Salinas Torres, durante la conferencia magistral.
(Foto: Cuartoscuro)

En este asunto se hizo un estudio sobre el derecho al honor, estableciendo que éste tiene dos dimensiones: una, el honor subjetivo o ético que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia intimidad, y se lesiona por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. El otro honor es el objetivo, externo o social, y es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. Y se lesiona por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.

También al resolver este controvertido se hizo un análisis de la reputación señalando que es el derecho a que otro no condicione negativamente la opinión que los demás hayan formado de nosotros.

De la misma manera y por ser tema a debate, se hizo una investigación sobre la intimidad, estableciendo que implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, arribando a la conclusión de que las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que concierne sólo a la persona y le provee de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo de su autonomía y libertad–. En el ejercicio del derecho a la intimidad las personas pueden mantener fuera del conocimiento de los demás (o a veces dentro del círculo de la familia y de sus amigos más próximos) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos), impidiendo que los demás se inmiscuyan en ellas sin su expreso consentimiento.

Finalmente, para emitir esta resolución la Corte dejó asentado que son objetos del derecho de la libertad de expresión los pensamientos, ideas y opiniones –apreciaciones y juicios de valor–.

Conceptos peyorativos. El otro asunto fue resuelto en 2013 y es uno de los casos relevantes en materia de derechos humanos. La Corte resolvió una disputa entre dos periodistas de la ciudad de Puebla, Puebla, donde el director del periódico S, en cuanto columnista identificado en el expediente de amparo directo en revisión 2806/2012 como APH, presentó una demanda en 2010 frente al director del periódico I, identificado en el expediente de referencia como ENQ por daño moral, en atención a que se profirieron dos expresiones que lastimaron su honor cuando se dijo que los columnistas del periódico S son “columnistas maricones”.

El contexto de la reyerta periodística alcanza su punto más álgido el 14 de agosto de 2009, ya que dejó anotado en la demanda APH que en la columna de ENQ, Contracara, en una nota titulada “El ridículo periodístico del siglo”, manifestó lo siguiente: “Aunque seguramente usted ni se enteró, el inefable empresario APH inició una campaña para intentar blindar la sucia imagen que a lo largo de los años ha creado en Puebla.
En su afán de curarse en salud, el dueño de S declaró la guerra a los directores de los periódicos C y EC por las supuestas difamaciones y calumnias escritas en esos medios en su contra. En medio de esa campaña pasaron a raspar –a través de viejas infamias y calumnias– al presidente administrativo de esta casa editorial y a este columnista (ENQ).

Sin elementos probatorios S recuperó una vieja columna escrita por ÉRA, quien desesperada inventó una absurda historia en contra de RLS y de un servidor. Esa columna fue la base para toda la “campaña” que APH emprendió en contra de quienes han hecho públicas sus fechorías. Las historias de APH no tienen desperdicio. Difícilmente existe en Puebla un personaje tan negro como el dueño de S.

Ahora bien, periodísticamente este diario ha hecho el peor de los ridículos retomando durante casi dos semanas la vieja columna de ÉRA y los textos del libro Prensa negra, de uno de los reporteros más corruptos de los que se tenga memoria. Esos son los elementos que dieron los supuestos fundamentos para la “campaña” de APH. Imagínese, dos semanas continuas repitiendo la misma columna publicada hace seis años. Así de grande fue la “campaña” de APH y S. ¡Pobres diablos!

Las guerras periodísticas



Dicen que las guerras se ganan con parque, y el parque de las guerras periodísticas es la información. Qué pena para APH que su periodiquito y todos sus reporteros y columnistas no hayan podido reunir información suficiente para enfrentar una guerra de verdad.

Columnas viejas, libros pagados, escritores pagados y columnistas maricones son los que S utilizó para una guerra que de antemano estaba perdida.

La antítesis de un columnista



“La antítesis del columnista la escribió ayer AM, en cara a APH sin mayores elementos que las órdenes recibidas por su jefe.

“Pobre AM, en su caso como columnista tuvo que salir a una guerra donde su única arma es el hambre que lo lleva a arrastrarse a los pies de su patrón. No se atrevió a dar nombres ni citó las calumnias, y mucho menos presentó pruebas contra nadie. Sin duda AM definió los atributos que no debe tener un columnista: ser lambiscón, inútil y puñal.

“¡Para eso me gustaba!”.

En particular por esta columna es que APH demandó a ENQ por daño en sus sentimientos, decoro, honor, imagen pública, buena fama y reputación, concediéndole la razón el juez de primera instancia condenando al demandado al pago del daño moral y a la inserción de la sentencia en su periódico, resolución que fue apelada pero confirmada por la Sala que le toco conocer el asunto, el demandado inconforme acudió al amparo y el colegiado que resolvió le concedió la protección constitucional revocando la sentencia de la sala –al no haber utilizado el sistema dual que consiste en una mayor resistencia de lo que digan del periodista dada su actividad, ya que precisamente las partes por el ejercicio periodístico están expuestas a un mayor grado de intromisión en su ámbito personal y porque la nota perseguía crear una opinión, y aunque mordaces, los vocablos no rebasaron los límites de la libertad de expresión ya que no fueron suficientemente insultantes o desproporcionados.

Ante el vuelco que tomó el asunto, el actor en el juicio natural y tercero –perjudicado, como se le llamaba antes– hizo valer el recurso de revisión el que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revocando la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dejando sin efectos la resolución combatida y en su lugar ordenó que se dictara una nueva bajo los lineamientos de que las expresiones cuestionadas (“columnista maricón y puñal”) excedieron los limites previstos en la Constitución para la libertad de expresión.

Razonamientos de la Corte por conducto de la primera sala. Esencialmente señaló que los conceptos peyorativos utilizados por ENQ no fueron en apoyo a su argumentación en contra de la línea editorial que criticaba; por tanto, las expresiones homofóbicas resultan ofensivas –al contener un menosprecio personal o una vejación injustificada– ya que estaban fuera de contexto de la discusión habida cuenta que la controversia no era sobre sexualidad, por tanto, sus expresiones resultaron impertinentes ya que no tenían ninguna utilidad para sostener la falta de pericia periodística que era su argumentación, abundó el Tribunal Constitucional que cuando esas expresiones se dirigen a grupos sociales determinados como en el caso particular y concreto en el que el ofensor generalizó, el honor de las personas alcanza un mayor estándar de protección ya que a nadie se le debe discriminar por las preferencias sexuales mediante elecciones lingüísticas que denoten un rechazo social, por ser un discurso de odio –incitan a la violencia en todas sus formas–, que crea un clima de hostilidad, que pueden eventualmente concretarse en acciones de violencia en todas sus manifestaciones, con esas afirmaciones se llega al punto final de la discusión –prácticamente sin derecho a réplica–, por ser un discurso dominante, de ahí la importancia de esta resolución. Concluyendo que las expresiones homofóbicas constituyen manifestaciones discriminatorias, y en ocasiones discursos del odio, y se encuentran excluidas de la protección que la Constitución consagra para la libre manifestación de las ideas, toda vez que la Carta Magna no reconoce el derecho al insulto.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. A partir del domingo 18 de este mes empieza la cuenta regresiva para la entrada en vigor en todo el país del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que la fecha fatal es el 18 de julio de este año 2017.

padillaalegre@hotmail.com

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