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Lunes 26 de Junio de 2017
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Al margen de la legalidad o no de sus demandas, el movimiento de estudiantes normalistas se ha caracterizado en Michoacán por una estrategia de presión y de choque como medio para exigir atención a sus demandas de tipo económico. Tope donde tope y cueste lo que cueste.

Suelen recurrir a métodos como el bloqueo de carreteras o vías ferroviarias, el secuestro de autobuses y vehículos de empresas comerciales, quema de las unidades retenidas, marchas y actos vandálicos, pues también gustan de saquear los productos que transportan las unidades secuestradas o causar destrozos en oficinas de gobierno o en comercios.

Cuentan con adiestramiento para fabricar bombas caseras y petardos, las cuales usan como armas para contrarrestar a los operativos policiacos.

El movimiento de estudiantes normalistas se ha caracterizado en Michoacán por una estrategia de presión y de choque como medio para exigir atención a sus demandas de tipo económico.
El movimiento de estudiantes normalistas se ha caracterizado en Michoacán por una estrategia de presión y de choque como medio para exigir atención a sus demandas de tipo económico.
(Foto: TAVO)

Algunas investigaciones han llegado a vincular a integrantes del movimiento estudiantil con células delincuenciales y, en casos graves, con cárteles como el de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Por décadas la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) ha destinado recursos importantes para costear las becas de estos estudiantes, a quienes se les brinda alojamiento, alimentación, equipo, mobiliario y otros insumos para su enseñanza académica.

Aun así el movimiento estudiantil considera insuficiente el apoyo y suelen manifestarse para exigir recursos adicionales, algunas veces para organizar festejos al interior de sus planteles. Se les ha captado, por ejemplo, en la Normal de Tiripetío celebrando con whisky o Buchanan’s, al son de la música de la mismísima banda de El Recodo, que se cotiza en más de un millón de pesos por presentación.

Cuando el gobierno hace uso de la fuerza pública para recuperar vehículos secuestrados por normalistas, el movimiento estudiantil acusa represión y al año siguiente sale a las calles a protestar para recordar a los “mártires” de esa intervención policial.

Esa estrategia les ha permitido ir ampliando cada año su calendario de protestas, lo que hace que su presencia en las calles siga escalando e incrementándose así sus acciones de presión.

Seguramente el 21 de junio de 2018 los veremos protestando y acusando represión por los hechos ocurridos ese mismo día pero de 2017, es decir, el pasado miércoles.

Su bandera será las lesiones que sufrieron cinco de sus integrantes, uno de ellos con herida a nivel del rostro –aseguran, producida por un impacto de bala– durante un operativo donde la Policía Michoacán desactivó un bloqueo en las vías del tren y acabaron cercados por una turba de alumnos de la Normal de Tiripetío.

No dirán que en el bloqueo tenían varadas cuatro locomotoras, un vagón cargado con sustancias peligrosas, ni que le prendieron fuego a un autobús, un vehículo de Telmex y una camioneta repartidora.

Omitirán que hicieron uso de cohetones, palos, piedras, bombas molotov y objetos metálicos para embestir a los policías antimotines, mandando al hospital a tres de ellos y dejando lesiones a otros tres.

Dirán que el gobierno es un gobierno represor. Dirán que, una vez más, el gobierno criminaliza la protesta.

CUL, sensatez



Llama la atención el hecho de que derivado del nuevo conflicto que se vivió en torno a la Normal de Tiripetío por los excesos que de las partes estudiantil y policiaca se ha dado en las últimas confrontaciones, la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) no haya decidido al menos en lo inmediato sumarse al llamado de protesta que los normalistas quieren generalizar por varios rumbos de Michoacán.

Todo indica que dirigentes de los albergues estudiantiles afines a la CUL razonaron su postura y decidieron no ir a un problema que no les atañe, pese a la insistencia y presión de actores políticos y sociales que pretenden aprovechar incidentes como el de la semana pasada en la tenencia de Tiripetío para cobrarse “afrentas” con los representantes del Ejecutivo.

Por fortuna el joven lesionado en Tiri se encuentra ya recuperado y las cosas no han pasado a mayores, entre otros elementos que contribuyen a la postura de mesura de líderes como los de la CUL, que desean ingresar a otra etapa de su actuación social.

IEM, de capa caída



El presente año ha sido un año complicado para el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) –presidido por Ramón Hernández Reyes– pues su presupuesto se disminuyó de forma tal que no tiene precedente.
La baja en más de 40 por ciento del presupuesto y las obligaciones ante los partidos políticos para entregar el total de las prerrogativas que les tocan ha generado un año difícil para el órgano electoral, el cual tiene frente de sí el inicio del proceso electoral local coincidente con el federal, por lo que el presupuesto programado difícilmente podrá ser suficiente para iniciar las etapas de los comicios.

Más allá de las posturas del inicio virtual del proceso electoral en septiembre del presente año, y de que el IEM no necesitaba más recurso económico, ahora los diversos actores políticos, entre ellos el Congreso, los partidos políticos y el propio IEM, deberán reconocer la responsabilidad de caminar juntos para poder contar con el recurso suficientes e iniciar las acciones necesarias para garantizar la transición del poder político en el Congreso del Estado y en los diversos municipios.

Desde la instalación de oficinas en los municipios, así como la adquisición de boletas, material electoral, entre otros, que ahora son determinadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), y que conlleva criterios y costos nacionales, genera la necesidad de contar con dinero en este año para que se logre el objetivo de iniciar el proceso electoral y garantizar que para el mes de enero se puedan llevar a efecto, sin problema, los actos relativos al respaldo ciudadano, precampañas, contratación de servicios mediante licitaciones públicas y con ello evitar que Michoacán se convierta en una elección que llame la atención nacional.

Hace algunas semanas el IEM aprobó un ajuste en su presupuesto y aprobó el uso de un recurso que tenía destinado para otros gastos ya aprobados previamente, para hacer frente a las obligaciones que se tienen para el inicio del proceso electoral, la suficiencia para afrontar las obligaciones será determinada por el IEM y quizá con la intervención del INE con quien firman convenios entre los que destacan los económicos, que en algunos casos deberán cumplirse a partir del presente año.

La responsabilidad de los actores políticos, y en particular del Congreso, es determinante para que en el caso de la ampliación presupuestal que seguramente se deberá realizar, como se anunció a principios del presente año, cuando se conoció de la disminución presupuestal del órgano electoral, deberá ser una decisión totalmente racional tanto de quien pide como de quien autoriza, y con ello garantizar el inicio del proceso electoral y de las actividades necesarias para que en el primer semestre del próximo año se logre llevar sin complicaciones las acciones electorales necesarias para la credibilidad del proceso electoral.

Evitar que Michoacán llame la atención como lo hicieron Coahuila y el Estado de México es una responsabilidad que pasa en gran medida por el dinero, y por la posible ampliación que se deba dar al IEM en el presente año. Lo que se espera es que el Legislativo tenga la suficiente sensibilidad para comprender la necesidad de tener dinero para el inicio del proceso electoral. Seguramente en poco tiempo sabremos si esto es así.

UMSNH, fin de cursos



Una de las etapas más importantes en la vida de la Universidad Michoacana, que es el fin de cursos escolares y con ellos la entrega de cartas de pasante para los jóvenes que han culminado las respectivas etapas de sus carreras, lo mismo que la certificación de estudios a nivel bachillerato, ha comenzado a vivirse con toda intensidad en los últimos días, donde el común denominador es la alegría que produce en las familias saber que uno de los suyos ha alcanzado la meta mediante el estudio, la constancia, la disciplina y la perseverancia.

En ese marco se vivirán las últimas dos semanas del calendario universitario antes del periodo vacacional correspondiente al verano de este caliente 2017, viniendo el periodo para la reflexión y la oxigenación para que al interior de la Casa de Hidalgo se alcancen los acuerdos en busca de la solución que se requiere para evitar que la falta de recursos económicos vaya a ahogar a la institución y termine por paralizarla.

Son varias las voces, incluidos los poderes Legislativo y Ejecutivo, que se pronuncian en favor de que en la Universidad Michoacana, la administración central a cargo del rector Medardo Serna González, y los sindicatos de profesores y empleados, al frente de los cuales se encuentran Gaudencio Anaya Sánchez y Eduardo Tena Flores, de manera respectiva, se llegue al gran acuerdo para encontrar la cuadratura en la propuesta de modificación al régimen de pensiones y jubilaciones para que se tenga acceso a las bolsas de los gobiernos federal y estatal para dar soporte financiero al cierre del ejercicio del presente año sin sobresaltos.

Por supuesto que a nadie conviene una Universidad Michoacana, sin duda la institución de educación superior más importante del estado, cerrada por falta de recursos económicos; en un momento tan importante para la vida de Michoacán y de México, pensar que una de sus universidades que ha dado miles y miles de profesionistas y científicos pueda bajar sus cortinas.

Lo deseable es que sean los propios nicolaitas los que demuestren el amor que tienen a su Universidad y se sienten a dialogar razonada y sensatamente, poniendo por delante el interés superior que representa seguir formando a los hombres y mujeres del hoy y del mañana.

Los inevitables narcoalcaldes



Ante la reciente aprehensión del alcalde de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, junto con cinco policías, por el presunto delito de secuestro y homicidio, las narco o criminales candidaturas vuelven a ser motivo de reflexión y de una consideración en lo relativo a la necesidad que se tiene por regular lo necesario para evitar que ello se vuelva a presentar, veamos:

1- Actualmente el sistema jurídico electoral no tiene muchas herramientas para evitar la existencia de candidatos vinculados con el crimen organizado. Quizás uno de los grandes pendientes en el tema de corrupción es la materia electoral, y en particular la postulación de candidatos.

2- La postulación de candidatos relacionados con el crimen organizado no es la única parte importante a considerar, en tanto que existen estos que, siendo postulados, no tienen vínculos, pero durante el ejercicio de su encargo público se acercan a dichos grupos ilegales, o bien son obligados a participar de los intereses y acciones de los grupos delictivos. Ello hace que el fenómeno de la infiltración del crimen en los gobiernos sea más complejo de atacar y más difícil de erradicar.

3- Empezando por los narcocandidatos, la problemática tiene una situación compleja en razón de que la legislación electoral no cuenta con muchos candados, o mejor dicho ninguno, que evite que lleguen figuras de dudosa reputación a los diversos cargos públicos.

4- Como parte de los requisitos para ser candidato a cualquier cargo público no se necesita ninguna constancia de no antecedentes penales, pero aún pidiéndola nada garantiza que una persona que sea propuesta como candidato no esté apoyada por el crimen organizado, como tampoco garantiza que durante su ejercicio no se vinculen con ellos.

5- Es así que temas como la reputación, el clamor social o el conocimiento de las instituciones sobre la relación de determinadas personas como parte de grupos delincuenciales no son motivo de acreditarse, ni mucho menos de ser tomados en cuenta para poder ser candidato a algún cargo público.

6- El andamiaje jurídico es muy endeble y el Congreso deberá innovar en la legislación en la materia para lograr que aspectos de vínculo con células del crimen sean motivo para no dar el registro de candidatos, por lo menos que sean tomados en cuenta los elementos que tengan las instituciones sobre la participación de las personas con grupos ilegales, ello con el riesgo de violentar el régimen de derechos humanos que tiene en la presunción de inocencia, lo que sin duda es su reto más grande.

7- Por otro lado existe la necesidad inmediata de que los partidos políticos acepten la responsabilidad que les corresponde de postular a personas que no tengan vínculos con organizaciones criminales. Quizá es en ellos en los que se puede filtrar más ese elemento, en tanto que pueden tener de sus militantes y simpatizantes en cada municipio y región del estado y de país el conocimiento sobre los posibles vínculos de esas personas que pretenden la candidatura con personas u organizaciones criminales.

8- Por ello resulta importante incorporar en la legislación electoral la obligación de los partidos políticos para que realice esa revisión antes de la postulación como parte de un procedimiento de selección.

9- La responsabilidad que tienen los institutos políticos no es menor, ya que la postulación de personas cercanas al crimen organizado evidentemente que los vincula indirectamente y los va desgastando frente a la sociedad.

10- Tanto la candidatura como el caso del ejercicio del poder público pasan por el apoyo de los partidos políticos, por lo que pretender desvincularse sólo es querer tapar el sol con un dedo y hoy es necesario que se acepten las responsabilidades en todas las instituciones, para evitar la existencia de una participación activa de los partidos y gobiernos con el crimen organizado.

11- En otro reglón se encuentra la sociedad, la que de igual manera debe tomar lo que le corresponde, y en los casos en los que se postulen a personas cercanas a grupos del crimen, si no hacen la denuncia, por obvias razones, sí por lo menos deben no votar por ellos y evitar que lleguen al cargo para el cual fueron postulados.

12- La ausencia de una legislación acorde con el reto de las narcocandidaturas obliga a una coparticipación de instituciones, sectores, partidos y sociedad, para cerrar el acceso al poder a personas vinculadas con el crimen organizado. De lo contrario seguiremos viendo con frecuencia no solamente las detenciones de políticos cercanos a esos grupos, sino el control del poder público por parte de grupos ilegales, que sin duda buscarán hacer acciones igualmente ilegales arropados en las instituciones públicas.

13- De esa forma el problema no solamente se encuentra en los narcocandidatos, sino también en el gobierno coludido con el narco, ya que las relaciones con grupos ilegales no solamente se pueden encontrar en las campañas, sino también durante el ejercicio del poder, las relaciones pueden ampliarse con la intención de cooptar el poder por parte de los grupos delictivos.

14- O bien con el fin de lograr un empoderamiento ilegal e ilegítimo de algunos políticos que, segados por el poder, buscan alcanzarlo más y más sin ningún tipo de límite, principalmente moral y ético.

15- En cualquiera de los casos la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos y delitos deberá fortalecer las sanciones a quienes se encuentren vinculados, a través de la revocación del mandato, o bien de alguna fórmula que permita proteger las acciones de las instituciones públicas que deben garantizar el bien común frente a actores fácticos que están influyendo en la realidad social y política.

16- Ante el escenario tan catastrófico de la clase política, los partidos como principales actores en el ejercicio del poder político deben tomar la responsabilidad histórica que tienen frente de sí para garantizar la postulación de candidatos realmente cercanos a la gente y sin vínculos con el crimen organizado, que cuenten con tal fuerza moral y personal, que ante las embestidas del lacerante fenómeno de ilegalidad puedan hacer frente al hostigamiento y denunciarlos para fortalecer las instituciones.

MOLINOS DE VIENTOS



1- Y a Michoacán arribó el perredista que no parece tal, el que evitó la debacle electoral de su partido político en el Estado de México, Juan Zepeda Hernández, quien, pese a decir que por lo pronto no tiene en mente ser dirigente nacional o candidato presidencial del sol azteca, esperará los tiempos partidistas.

2- Por cierto, entre más se acerca el inicio del proceso electoral concurrente en la entidad, cada vez se hace más notoria la confrontación entre perredistas y morenistas, por eso seguramente el líder estatal de los primeros, Carlos Torres Piña, trata de ser mensurado diciendo que ni unos son tan malos ni que los otros son tan puros.

3- En el PRI hay gran movimiento en la renovación de sus estructuras de dirigencias locales que le ha permitido a su dirigente en la entidad, a Víctor Silva Tejeda, tejer fino para no desbordar pasiones de los diversos grupos existentes al interior, lo cual hasta el momento ha logrado, pero aún viene lo más complicado.

4- El PAN en Michoacán, a cargo de Juan Manuel Hinojosa, parece que no está movilizándose, no al menos mediáticamente, pero al interior hay gran activismo para reforzar sus diversos órganos de dirección pero con un bajo perfil; claro, claro, cargándose los dados al grupo del diputado federal Marko Cortés Mendoza.

5- Vaya, vaya, con los enemigos del ex vocero de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, algunos de los cuales socializaron en redes su presunta muerte, en el mismo momento en que estaba en reunión en la Sierra Costa con su ex compañero de armas, Cemeí Verdía Zepeda, un golpe demasiado bajo.

SANCHO



I

Para algunos, escasos, la semana pasada vino a Morelia un presidenciable priista, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo…

II

Esta columna desea manifestar su sentido pésame a todos los familiares, amigos, indígenas y sectores de la sociedad por la sensible pérdida de la licenciada Eva Castañeda Cortés, quien falleciera el viernes pasado en esta ciudad. La activista fue esposa de nuestro amigo, el extinto licenciado Efrén Capiz Villegas. Que descanse en paz la luchadora social.

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