José María Carmona
Salarios, desempleo y sindicalización
Miércoles 12 de Julio de 2017
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Después del aniversario de Cambio de Michoacán se continuará exponiendo en este espacio un tema de los 64 analizados por diferentes académicos para formar un programa de gobierno para 2018.

En este caso se tratará el problema laboral en diferentes aspectos, como son los niveles salariales o los que perciben los trabajadores asalariados, la tasa de desempleo, el seguro del desempleo, los aumentos salariales y el sindicalismo.

La mayoría de los especialistas, tanto en el ámbito académico como los financieros, coinciden en que el salario mínimo en el país tiene una pérdida en su poder adquisitivo del 60 a 65 por ciento en los últimos 30 años y que no se ha podido recuperar, además de que no existe una política de recuperación salarial, aunque hay una propuesta de aumentar en algunos cuantos pesos para recuperar el poder de compra de los mismos pero nada en concreto.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del Inegi, en el país existen 26 millones 200 mil personas ocupadas, de las que dos millones 361 mil perciben hasta un salario mínimo (80 pesos diarios, que equivalen a dos mil 400 pesos mensuales aproximadamente), de uno a dos salarios mínimos existe una población de seis millones 400 mil trabajadores, de dos a tres salarios mínimos, seis millones 192 trabajadores, y de tres a cinco salarios mínimos, cuatro millones 192 mil asalariados.

La distribución de la población asalariada por actividad productiva se encuentra la mayor parte en el sector de los servicios, que es de trece millones 752 mil trabajadores asalariados, en segundo lugar está el sector comercio, con cinco millones 402 mil trabajadores, y en tercer lugar de importancia se encuentra la industria manufacturera, que tiene cuatro millones 558 mil trabajadores.

De la población asalariada del país, quince millones 410 mil son hombres y diez millones 787 mil son mujeres.

De acuerdo con el ingreso nacional, solamente el 25 por ciento le corresponde al factor trabajo, eso quiere decir que en los últimos 30 años los trabajadores asalariados han perdido un porcentaje similar en el ingreso nacional, lo que se traduce en un aumento significativo de la desigualdad social.

Otro elemento a considerar es la baja tasa de sindicalización en el país que sólo corresponde al 8.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), que influye directamente sobre los niveles salariales y la masa salarial que conjuntamente con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios repercute directamente en el consumo interno del país.

La tasa de desempleo, aunque se encuentra en un nivel relativamente bajo, alcanza el 3.5 por ciento de la población ocupada en el país y es otro elemento a considerar en los niveles salariales que perciben los trabajadores.

Aunque en el gobierno de Peña Nieto se han generado dos millones 700 mil empleos formales, todavía no son suficientes para disminuir la tasa de desempleo en el país.

A lo anterior hay que agregar el surgimiento de las empresas que subcontratan trabajadores a cambio de bajos salarios y que fueron productos de la Reforma Laboral, que canceló una serie de derechos laborales para los trabajadores, entre los cuales se encuentran la permanencia en el empleo y la seguridad social.

La existencia de pocos sindicatos, al mismo tiempo que la formación de nuevos, constituye otro elemento para la defensa de los intereses de los trabajadores, así como la cancelación de la contratación colectiva.

Por ello es necesaria la lucha por la creación de nuevos sindicatos y la democratización de la vida sindical donde los dirigentes estén sujetos a la rendición de cuentas ante sus agremiados y consolidar la independencia sindical en relación con los partidos políticos y el gobierno.

Ante la crisis económica que golpea a la población en edad de trabajar y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios es necesario un aumento salarial de emergencia, que los salarios aumenten cada vez que aumenten los precios principalmente de los productos de la canasta básica.

Una medida adicional es la reducción de la jornada laboral sin disminución del salario para combatir el desempleo y la prohibición del pago del salario por horas.

También es necesaria la creación del seguro del desempleo para toda la Población Económicamente Activa del país que se ha pagado por el gobierno y los patrones.

Todas estas propuestas en materia salarial y empleo no son abanderadas con ninguno de los partidos políticos nacionales del país ni mucho menos por sus aspirantes a la Presidencia; las condiciones de los trabajadores están tan deterioradas que se necesitan soluciones radicales que hoy ningún partido político se compromete a llevar a cabo. La palabra la tienen los trabajadores para luchar por mejores condiciones de trabajo y de vida.

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