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Lunes 24 de Julio de 2017

De acuerdo con la última encuesta del diario Reforma, a un año de las elecciones presidenciales Morena se ha logrado posicionar como la primera fuerza a nivel nacional, superando al PAN por cinco puntos y al PRI por once por ciento, respectivamente…

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No cabe duda, un tema que en lo inmediato requiere ya una sensibilización por parte de las autoridades, así como una respuesta institucional, tiene que ver con lo indígena, particularmente con las solicitudes de algunas comunidades que se reconocen como tales y que vienen demandando el ejercicio directo de su propio presupuesto de recursos públicos.

Como se recordará, la historia inició no hace demasiado con la comunidad de Pichátaro, exigiendo al Ayuntamiento de Tingambato la parte del recurso que le correspondía. En aquel entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y ordenó la transferencia del mismo.

 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y ordenó la transferencia del mismo.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón y ordenó la transferencia del mismo.
(Foto: TAVO)

Sin embargo, para algunos la historia se remonta al convenio que celebró el municipio indígena de Cherán, cuyo gobierno se basa en usos y costumbres, con la comunidad de Santa Cruz Tanaco, por lo que ésta administra sin problema alguno su propio recurso que directamente el gobierno le transfiere.

Con el tiempo la misma Sala Superior del TEPJF aplicó el mismo criterio en otras entidades y en casos parecidos. La lógica del órgano electoral jurisdiccional federal es con la finalidad de que esas comunidades puedan vivir plenamente su autogobierno y autodeterminación en cuestiones que requieren administrar directamente sus recursos.

Ya con el precedente en la bolsa se impulsó que la comunidad de San Felipe de los Herreros demandara lo mismo al Ayuntamiento de Charapan, con la variante de que previamente ya había logrado una especie de convenio, por lo que este asunto llegó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), donde aplicó los criterios que ya habían establecido y ordenó un cumplimiento al acuerdo citado, aun cuando se impugnó la sentencia ante las instancias del TEPJF.

Y hace poco tocó el turno a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que demandó al Ayuntamiento de Quiroga, y como era de esperarse el TEEM le dio la razón a la primera, aunque de alguna forma el segundo ya había reconocido ese derecho. En todo caso una de las novedades en este último asunto fue que se ordenó, al igual que en Pichátaro y San Felipe de los Herreros, efectuar una consulta.

Como sea, estas consultas no son menores, porque en ellas se tiene que establecer lo que se han llamado aspectos cuantitativos y cualitativos. Los primeros tienen que establecer el monto del presupuesto municipal a transferir a la comunidad indígena, y los segundos, porque se tiene que citar a quién, cómo, cuándo y dónde se tienen que hacer esas transferencias, es decir, a la autoridad comunitaria.

Ahora lo relevante aquí es que esa consulta la tiene que hacer el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), pero al parecer el tema no es muy claro, y es que mientras por un lado en la sentencia del Tribunal Electoral federal dice que se debe realizar por conducto de sus autoridades tradicionales, más adelante ordena al IEM que, en cooperación con las autoridades municipales, realice la consulta.

Pero más aún, lo verdaderamente trascendente con estos asuntos es que, por dicho del propio Colectivo Emancipaciones, se habla de aproximadamente 30 comunidades indígenas que han iniciado su propio camino para lograr esa administración directa de los recursos que les corresponden.

Por eso la necesidad de una respuesta más institucionalizada en torno a estos temas no menores, pues al final no sólo es la transferencia de recursos, sino también la de derechos y obligaciones en general, y ahí es donde está el detalle, sólo piénsese en servicios públicos y en seguridad.

La otra educación



Después de más de dos décadas de paros indefinidos cada fin de ciclo escolar, por primera vez en Michoacán los maestros desistieron del plantón que cada mes de mayo solían instalar en el Centro Histórico de Morelia y de paralizar al sector educativo como medida de presión para que el gobierno atendiera su pliego de demandas. Esto puede significar varias situaciones:

a) El debilitamiento en la estructura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala magisterial que más recurre a este tipo de prácticas.

b) El inicio de una nueva relación de entendimiento entre el sindicato y el gobierno.

c) En el mejor de los casos, un viraje de la CNTE en su estrategia de lucha, sabedores de que sus métodos tradicionales han perdido efectividad y logrado el rechazo general ciudadano que padece los efectos de sus movilizaciones.
Eso se podrá saber y medir con el paso de los días. Por lo pronto existen otros indicadores que sí son medibles y que muestran signos de un pausado y hasta a veces insensible avance en materia educativa para Michoacán.

Dichos indicadores fueron dados a conocer el pasado lunes, en el marco de la reunión ejecutiva sobre educación entre los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien ha encontrado en los mandatarios estatales a sus aliados para enfrentar al magisterio disidente en aquellos estados que han sido bastión histórico de la CNTE: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

De acuerdo con los indicadores oficiales, la cobertura para el nivel básico en nuestra entidad registra un alza constante y que hoy alcanza el 96 por ciento, al igual que la Tasa Neta de Escolarización.

Además, en las aulas la tasa de deserción logró disminuir uno por ciento a nivel primaria y cinco por ciento en secundaria, aunado a que la evaluación docente, que por siete años consecutivos fue saboteada por la CNTE, este año permitió evaluar a tres mil 636 docentes de una meta de tres mil 749, es decir que se evaluó un 97 por ciento de profesores, cuando en años anteriores no se alcanzaba ni el 20 por ciento.

En cierta medida, el gobierno del estado, con el respaldo federal, ha ido arrebatando espacios de control que tenía la CNTE, incluso al grado de que en administraciones pasadas dos secretarios de Educación en el Estado provenían de las filas del magisterio: Aída Sagrego (con Lázaro Cárdenas Batel de 2002 a 2008) y Graciela Carmina Andrade (con Leonel Godoy de 2008 a 2012).

Todavía al tomar posesión Silvano Aureoles como gobernador, en octubre de 2015, la Secretaría de Educación en el Estado estaba copada de maestros democráticos en diferentes puestos estratégicos dentro de la estructura de la dependencia, lo que acotaba el margen de maniobra y decisión a las autoridades educativas y del gobierno estatal, espacios que el gobierno ha ido recuperando.

La misma situación ocurre con el sistema de pago de la nómina en el sector educativo, donde la CNTE se resiste a transitar hacia un esquema de pago bancarizado pues el método que históricamente ha privado, de la emisión de cheques que son entregados de mano en mano por pagadores del sindicato, permitía a los líderes sindicales tener una pinza de control y presión altamente efectiva sobre sus agremiados.

En el reciente encuentro de los gobernadores del país, aparte de abordar el tema de la inaplazable revisión y reestructuración de las escuelas Normales, también se abordaron otros que exigen especial atención para atacar el problema de una manera integral.

En ese rubro entra la revisión y actualización de los planes y programas de estudio, así como la elaboración de los nuevos libros de texto, el Programa Nacional de Inglés, el Modelo Único de Asignación de Plazas Docentes y la aplicación del artículo 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El reto no es menor, y también demanda ir a fondo en el saneamiento financiero del sector educativo ante vicios como el que dio a conocer la SEP el pasado lunes: 44 mil plazas ocupadas por aviadores (personal que cobra sin devengar su sueldo o que no están frente a grupo, sino atendiendo labores sindicales).

En ese renglón hay que puntualizar que es Oaxaca el estado que más alto porcentaje de aviadores registra (97 por ciento), seguido de Guerrero y Chiapas. En Michoacán reporta inconsistencias en 43 plazas que, aun así, deben reencauzarse y sancionarse a los responsables.

Tuxpan, después de la tempestad…



Tuvieron que pasar siete años para que la calma llegara a 122 familias del municipio de Tuxpan, en el Oriente michoacano, luego de que en 2010 una fuerte tormenta arrasara con sus casas y calles dejando a su paso un panorama desolador.
Aún está fresca en la memoria de las víctimas la tragedia en la que ríos de agua, que alcanzaban el metro y medio de altura, anegaron el que había sido su hogar durante varios lustros.

No muy lejos de ahí, en Angangueo, casi al mismo tiempo dos aludes que se deslizaron desde las partes altas de los cerros sepultaron cientos de casas más y causaron la muerte de más de 30 personas y afectaciones a cientos de damnificados que, hoy en día, aún no logran recuperarse de los daños que el torrencial provocó en esa región de Michoacán.

Pese a la dimensión de la tragedia, las promesas gubernamentales de ayuda a las personas que lo perdieron todo también se diluyeron como el agua.

Tuvieron que pasar siete años, en los que Michoacán ha tenido cinco gobernadores a causa de otro tipo de aludes, para que se hiciera justicia a las familias damnificadas de Tuxpan.

El pasado viernes, el gobierno del estado entregó 122 viviendas nuevas que permitirán a las víctimas no solamente tener otra vez un techo propio donde resguardarse, sino también un patrimonio que redundará en una mejor calidad de vida, progreso y desarrollo luego de aquella tromba que los dejó en el desamparo total.

Pero el reto no para ahí. También debe atacarse el problema de la deforestación que en gran medida ha provocado el deterioro de nuestros bosques y con ello la alteración del clima, escasez de agua y el debilitamiento del subsuelo, como el que desencadenó los aludes en Angangueo.

El aprovechamiento forestal ordenado es generador de riqueza y desarrollo, pero el derribo ilegal e indiscriminado de árboles acarrea pobreza, desigualdad y tragedias como la de 2010, que apenas empieza a superarse en Tuxpan.

PRD, a unos sí y a otros no



Al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han acentuado los argumentos rumbo a las elecciones federales de 2018, sobre todo de aquellos militantes que están en favor de una alianza de izquierdas partidistas, en especial con Morena y su aspirante, Andrés Manuel López Obrador. Entre los últimos argumentos se sitúan algunos que a la vista parecen lógicos:

1- En mayo de este año los líderes nacionales del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, realizaron una conferencia de prensa conjunta para anunciar ir juntos a la elección presidencial del próximo año, sin que ningún órgano del partido hubiese previamente resuelto tal acción; no hubo sanción alguna.

2- A través de cartas enviadas a diversos partidos políticos, entre ellos Morena, la dirigente nacional del PRD los invita a participar en un frente amplio electoral, situación similar de los perredistas que pugnan por la alianza de las izquierdas
3- Diversos dirigentes del PRD han tenido reuniones de trabajo con sus pares de otros partidos políticos, como el PAN, y la conformación del llamado Frente Amplio Democrático es una muestra de ello.

Además de los ejemplos anteriores, los perredistas que están en favor de la alianza con Morena y con Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial con los estatutos de su propio instituto político, consideran que no han violentado ninguna norma interna del sol azteca:

El artículo 8, incisos c y g del estatuto, establece el derecho de los militantes a respetar de manera plena la disidencia interna y reconocer la pluralidad de la sociedad, lo que permite a los afiliados manifestar su opinión cuando no esté de acuerdo con alguna decisión tomada por algún órgano interno o dirigente y de inconformarse o no ante las instancias jurisdiccionales internas y externas.

En ese sentido, suman el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que los mismos institutos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Lo anterior, añaden, no quiere decir que los afiliados a un instituto político ya no deban ejercer sus derechos políticos y a manifestar libremente sus ideas sin afectar derechos de terceros o incurrir en algún delito.

De manera que, enfatizan, ambos derechos pueden subsistir al mismo tiempo, de forma armónica, sin que el cumplimiento de un derecho o una obligación partidaria excluya al derecho humano o constitucional y viceversa.

Por lo que “firmar una proclama política tampoco puede ser considerado como trasgresión alguna en tanto que sea un acto de libre difusión de ideas, lo cual está garantizado como derecho en el artículo 17, inciso d, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De tal forma que "manifestar libremente sus puntos de vista dentro y fuera del partido", como señala dicho precepto, no lo perjudica, mucho menos cuando se opina en tal proclama que la izquierda debe unirse, lo cual expresa el mismo pensamiento que el recogido por el partido en la resolución de línea política del más reciente Congreso Nacional del PRD.

Para ellos, los perredistas que pretenden una alianza política electoral con Morena, sancionar a un militante sólo por el hecho de reunirse públicamente con algún dirigente de otro partido político con el que no se está de acuerdo de manera personal, implica un exceso ya que impide la formación de una auténtica cultura democrática, se fomenta la intolerancia polótica y se impide el derecho de reunión y de manifestación de ideas.

UMSNH, las despensas del SUEUM



Un paso más en la transparencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) fue la licitación pública para lograr mejores condiciones en la adquisición de despensas que se distribuyen entre los empleados de la propia máxima casa de estudios.

Aun así, esa decisión, adoptada por el rector Medardo Serna González, provocó la convocatoria de la dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) para una toma indefinida agendada para inicios del próximo mes.

A simple vista resulta extraña la convocatoria pues los integrantes de la organización sindical tendrán en tiempo y forma sus despensas, pero el asunto va más allá: antes eran totalmente controladas por sus líderes no sólo como una manera de control, sino de negocio particular.

A su vez, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) no sólo tiene el conflicto interno por la oposición a un posible sindicato en su guardería, sino que enfrenta el reto de analizar la propuesta de reforma al sistema de jubilaciones y pensiones emanada del Consejo Universitario.

MOLINO DE VIENTOS



1- Con todo, en Michoacán hay incredulidad de que funcione el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, como se hizo en su momento con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyos resultados no del todo han sido claros, principalmente porque sus operadores no han estado a la altura, más los de procuración que los de impartición de justicia. Sin embargo, igual, con todo hay un inevitable beneficio de la duda.
2- En Michoacán son ocho las escuelas Normales públicas que se han distinguido no por su excelencia académica, pues el promedio de ingreso para los aspirantes es de apenas 6 de calificación, sino por las constantes movilizaciones que realizan para exigir atención a sus demandas. Hoy las Normales de Michoacán, tristemente, son sinónimo de bloqueos, secuestro y quema de vehículos, vandalismo y robo de mercancías.
3- En los últimos tiempos, desde el punto de vista mediático, en territorio michoacano el PRD es el partido político que más trasciende, incluyendo a su líder estatal, Carlos Torres Piña. En tanto que el del PRI, Víctor Silva Tejeda, y el del PAN, José Manuel Hinojosa, se muestran cautelosos y a veces omisos hasta en sus posicionamientos sobre asuntos importantes en el estado.

SANCHO



Ahora resulta que es el órgano fiscalizador federal el que no avanza en las investigaciones sobre el millonario desvío de recursos del Seguro Popular en Michoacán, al menos así lo externó el titular del programa a nivel nacional, Gabriel O’Shea, en su reciente visita a la capital del estado…

ROCINANTE



Vaya, hasta que la PGR vinculó a Javier Duarte a proceso penal, lo contrario hubiese sido el acabose del actual gobierno federal, principalmente de su titular, Enrique Peña Nieto…

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