Ramón Guzmán Ramos
Mujeres en acción
Sábado 29 de Julio de 2017
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El 27 de junio de 2016 se declaró por fin la Alerta por Violencia de Género de Michoacán.
El 27 de junio de 2016 se declaró por fin la Alerta por Violencia de Género de Michoacán.
(Foto: ACG)

El 27 de junio de 2016 se declaró por fin la Alerta por Violencia de Género de Michoacán. Acompañado del gobernador del estado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Morelia la primera sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La declaratoria fue producto de la presión que diversas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer habían ejercido sobre el gobierno desde hacía tiempo. Se anunció que quedaban incorporados catorce municipios a este programa de acciones de prevención, seguridad y justicia que el gobierno debía promover para evitar que las mujeres en condición de vulnerabilidad fueran violentadas de cualquier manera: Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

La Alerta por Violencia de Género, según la versión oficial, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o cualquier otro agravio cometido contra una mujer sólo por ser mujer. Este programa implica también la asignación de un presupuesto específico. En diez años, de 2006 a 2016, se habían cometido en Michoacán 892 casos de feminicidios. De 2010 a 2015 habían enfrentado violencia sexual en distintos grados 92 mil 739 mujeres, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Sector Salud. De esta cantidad, sólo un cinco por ciento se atrevía a poner una denuncia. Michoacán se colocaba en el estado número 11 con más feminicidios en el país. De manera que la Alerta por Violencia de Género era ya una necesidad que ni el gobierno del estado ni el federal podían ignorar. Desde luego que hacer una cosa así era reconocer que la violencia que se ejerce contra las mujeres había rebasado la capacidad del Estado para procurar condiciones de seguridad. De ahí la resistencia que desde las instancias oficiales se presentaba, al igual que en otros estados.

Como suele ocurrir con los compromisos que el gobierno asume con la población y que se exaltan hasta el paroxismo en los discursos, pronto la llamada alerta de género se quedó atrapada entre los laberintos oscuros e inextricables de la burocracia dictatorial. Las mujeres siguen sufriendo en secreto sin que nadie se atreva a abrir los sótanos de la impunidad, de una violencia bárbara de parte de quienes deberían de protegerlas, quererlas, compartir con ellas los retos y las satisfacciones de la vida, lo mismo de quienes deberían tener al menos algún grado de respeto por su condición humana. El hecho terrible es que los espacios de ocupación y convivencia más sagrados de la mujer, como el hogar, el trabajo, la escuela, el transporte público, los centros de encuentro y entretenimiento, las calles y callejones, las carreteras, se le han convertido en un riesgo permanente. Un gran índice de esta violencia extrema, brutal, proviene de su pareja, pero también de parientes y amigos, compañeros de trabajo o desconocidos que consideran a la mujer, a cualquier mujer que se encuentren en condiciones de facilidad para la agresión, en un objeto disponible. “Nos agreden y nos matan porque nos han cosificado”, es lo que dicen las mujeres que han logrado crear conciencia de esta situación.

Fue así que un año después de declarada la Alerta por Violencia de Género en nuestro estado, 75 organizaciones defensoras de los derechos de la mujer decidieron unirse para supervisar desde el ámbito ciudadano las acciones que el gobierno estatal tiene la obligación de llevar a cabo para acabar con este flagelo. El martes 25 de julio pasado dieron a conocer públicamente, desde la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, su decisión de luchar juntas para que los lineamientos del programa oficial se cumplan a través de lo que han llamado el Observatorio Mujeres por la Paz. Lo destacable de este suceso es que se trata de organizaciones de una gran diversidad, cuyas diferencias ideológicas, políticas, religiosas, de acción civil, no han impedido que se unan en un frente amplio para perseguir el objetivo común. Allí hicieron del conocimiento público un dato que debería mantenernos en alarma permanente: de 2014 a la fecha 700 mujeres han sido asesinadas en diferentes partes del estado sólo porque eran mujeres y porque sus asesinos llegaron a creer que podían disponer de sus cuerpos y de sus vidas como mejor se les antojara. Esto significa que ningún programa de gobierno ha logrado revertir estas cifras escalofriantes. De ahí su decisión de hacer algo desde el ámbito de la sociedad civil para que las cosas puedan cambiar.

No es una tarea fácil, pero este gran frente de mujeres contra la violencia de género y la impunidad tiene determinación y cuenta con experiencia en el trabajo de campo. Los retos que tiene por delante son grandes y de una profunda complejidad. Cuidando en todo momento su independencia como organizaciones civiles, tendrán que trabajar en ámbitos donde el contacto con el gobierno será inevitable, ya sea para supervisar su trabajo, proponer nuevas formas de intervención en la sociedad, darle seguimiento a cada caso de mujeres violentadas y asesinadas, vigilar que ningún caso quede sin ser esclarecido y sin que los perpetradores reciban el castigo que merecen, abrir espacios para la protección y el resguardo de mujeres que se atrevan a denunciar, crear programas de prevención que lleguen a todos los rincones del estado, construir relaciones con otras instituciones para incorporar en sus políticas públicas programas de formación en el respeto de género. Se trata de emprender un movimiento que toque toda la geografía de la entidad y llegue a todos los espacios de vida y convivencia de las mujeres. Hará falta, desde luego, dirigir programas de concientización hacia los hombres. Nadie tendría que creer que puede ser el dueño de otro cuerpo, que puede decidir sobre el destino de otra vida, que está en posibilidades de erigirse como el amo eterno del género femenino.

En el acto del 25 de julio las mujeres hablaron de que existe un presupuesto específico para financiar las acciones que el gobierno emprenda para cumplir con los rubros contemplados en la declaratoria. Esto nos trae nuevamente a la necesidad de que las instancias respectivas del gobierno informen a la sociedad de lo que están haciendo y de cómo se está gastando el recurso. Lo mismo aplica para el observatorio recién creado. Ellas deben moverse con el ejemplo. Que a partir de la fecha en que salieron a la palestra uno de sus deberes principales sea el de informar a la sociedad de cada paso significativo que den. En ese evento declararon que su aparición como un frente de organizaciones que conforman el observatorio no tiene que ver con la coyuntura electoral que se abre en el país. Que así sea. Es la condición básica para que este esfuerzo ciudadano, tan necesario en nuestra entidad, pueda consolidarse. Que los perpetradores en potencia sepan que la sociedad se mantiene vigilante y que nunca más podrán hacer lo que su instinto primitivo les demanda en la oscuridad y en el secreto criminal.