José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH
Sábado 12 de Agosto de 2017

padillaalegre@hotmail.com

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Luego de que en la segunda quincena del mes de julio aproximadamente 200 trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no recibieron su despensa y la ayuda sindical.
Luego de que en la segunda quincena del mes de julio aproximadamente 200 trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no recibieron su despensa y la ayuda sindical.
(Foto: ACG)

Luego de que en la segunda quincena del mes de julio aproximadamente 200 trabajadores pertenecientes al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no recibieron su despensa y la ayuda sindical, el organismo gremial amenazó con una toma indefinida ante esa violación al Contrato Colectivo de Trabajo, bloqueando todas las dependencias universitarias con una toma indefinida. El miércoles 2 de agosto del presente año, su contraparte, la Rectoría, argumentó que sólo se ajustó a las observaciones de la Auditoría Superior en el sentido de no otorgar prestaciones económicas a personas que no estén reconocidas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, y como el número de trabajadores mencionados no forma parte del padrón, luego entonces, efectivamente, no se les cubrió a quienes no están legitimados ante la autoridad del trabajo; por tanto, a partir de ahora no se dará ni esa ni otras prestaciones a quien no esté reconocido por la junta como integrante del sindicato debidamente dado de alta en el padrón correspondiente, con lo que se deja de proporcionar a un número que señala el sindicato para ajustarse a derecho y sólo proporcionárselo a quienes están legitimados –y parece ser ese el problema de fondo–. Ya no será el sindicato quien reciba las cantidades de dinero correspondientes a esas dos prestaciones sino directamente los agremiados.

Una vez suspendidas las labores en la Universidad y con efectos para la opinión pública, el sindicato, por conducto de sus voceros, argumentó otras violaciones diversas, como falta de material de trabajo sumando, dijo, un número de 20, entre otras, las cláusulas relativas a las relaciones laborales administrativas, la de los trabajadores de confianza, la relativa a la integración del salario, la protección al salario y otras más hasta sumar el número señalado de violaciones contractuales, las que desde luego no fueron las que dieron origen al paro de labores y a la toma definitiva de las instalaciones de la máxima casa de estudios en el estado.

Casi sorpresivamente y después de cinco días de toma, dentro de los que incluyeron un fin de semana, el líder sindical anunció el lunes de esta semana convocaban a una reunión al rector para tratar lo relativo a las violaciones del contrato, pero que al final todo se reducía a la lista de los 200 trabajadores a los que no les fueron cubiertas las dos prestaciones mencionadas, asunto que se admitió revisara la autoridad del trabajo en funciones registrales para sindicatos. Ya se verá qué sucede sobre el particular.

Tema colateral fue por qué les fueron cubiertas en específico a trabajadores expulsados del SUEUM por no apoyar la huelga de 2016 del sindicato mayoritario de empleados de la Universidad, ya que según el dirigente, al no pertenecer a ese sindicato gremial, ya no tiene derecho a ello; sobre el particular no le asiste la razón al dirigente en atención a que por regla general se les debe otorgar las prestaciones del pacto de trabajo a empleados sindicalizados o no.

Pues bien, las actividades de la Universidad fueron suspendidas por aproximadamente siete días ya que el martes de esta semana concluyó “la toma indefinida”, que como muchas tomas en dicha institución no tiene consecuencias; sin embargo, analizada a la luz de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, la misma resultó ilegal por cuando menos tres razones jurídicas: la primera, ni el artículo 123 de la Carta Magna ni el capítulo de las relaciones colectivas de la Ley Federal del Trabajo contemplan la figura de la toma –bloqueo de dependencias como una forma legal de suspensión de labores–; segundo, el artículo constitucional del trabajo reconoce dos derechos para los trabajadores: la huelga, y para los patrones, los paros –relativos a la suspensión de actividades por exceso en la producción–; sin embargo, los paros no son permitidos a los trabajadores, y tercero, la ley del trabajo regula el procedimiento de huelga, entendiéndolo como la forma legal de presión para obtener en este caso las prestaciones pactadas, es decir, por qué no emplazó a huelga el sindicato por violación al Contrato Colectivo del Trabajo si de verdad le asistía la razón; es que un dirigente tan longevo como lo es el del SUEUM no alcanza a leer las condiciones económicas por las que atraviesa la Universidad, misma que ya no tiene el margen para entregar todo lo que pida el sindicato de empleados sin razonar si le asiste el derecho o no.

Concluyo con una reflexión: qué sentido tienen las tomas como la realizada por el SUEUM si finalmente terminará el representante sindical aceptando que se revise la lista o padrón de socios para ser motivo de reconsideración por parte de la autoridad del trabajo y como consecuencia el pago de las prestaciones, si es que tuvieran derecho a recibir las bondades del Contrato Colectivo; ¿de veras se justifica interrumpir las labores en la Universidad para terminar reconociendo lo que la patronal pide al ceñirse ella misma al marco del derecho?

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana del SNA han interpuesto dos juicios de amparo.

En el primero pretenden que los estados omisos legislen sobre la materia para adecuarla a la Constitución y a la Ley General Anticorrupción –Chihuahua y Veracruz– que sean ciudadanos los integrantes del Comité de Selección y de los comités coordinadores; en consecuencia, habrá que ver cómo queda la legislación estatal, cuenta habida de que en el primer cuerpo está contemplada la presencia de diputados en dicho organismo; además, obligar a los estados a designar partidas presupuestales para los sistemas locales y que las plataformas digitales estatales estén ligadas a la plataforma nacional, este asunto le tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en Ciudad de México.

Y en el otro amparo el Comité SNA demanda la aplicación a nivel nacional de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para con ello homologar en todo el país dicha norma al carecer los estados de facultades para legislar sobre las responsabilidades administrativas. Este asunto, por turno, le tocó conocer al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, también con sede en Ciudad de México.

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