Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Sistema nacional antidiscriminatorio
Miércoles 16 de Agosto de 2017
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A partir de 2001 se adiciona al artículo 1º de la Constitución Mexicana el tercer párrafo que formaliza el derecho a la no discriminación, y en 2003 se aprueba la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; posteriormente, en 2011, se da la primera reforma integral en materia de derechos humanos en la Constitución de México, en la cual se hace una precisión sobre el derecho a la no discriminación por orientación sexual y se coloca en el párrafo quinto del artículo 1º constitucional. Con ello, en 2014, el Congreso de la Unión reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Se requiere de los estados de Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas incluyan el texto antidiscriminatorio en su Constitución local.
Se requiere de los estados de Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas incluyan el texto antidiscriminatorio en su Constitución local.
(Foto: Especial)

Esta ley secundaria, o reglamentaria del entonces párrafo tercero del artículo 1º constitucional reformado en 2001, planteaba evitar la diferencia de trato social en contra de los grupos vulnerados en México y hacer que el poder público impulsara acciones para la cultura de la igualdad.

La ley en comento se constituyó como un marco jurídico federal y no general, por lo que su alcance era solamente federal y atendía a los poderes públicos federales, pero desde luego no incluyó a los estados ni a los municipios, pero sí a los particulares cuando éstos cometen actos de discriminación o de diferencia de trato social.

La ley tenía un objetivo fundamental que plantea transformar la vida política de los mexicanos y las redes del poder público y privado en relaciones de igualdad, situación que es compleja frente al acomodo naturalizado de quienes detentan el poder y no han visto la gran oportunidad social para la inclusión y el respeto a la dignidad humana y los derechos de las personas.

La ley federal antidiscriminatoria dio paso a la creación de un sistema antidiscriminatorio; de hecho, esto es crear leyes locales antidiscriminatorias y sus estructuras operativas para instrumentar su mandato.
Este proceso abarcó de 2003, cuando se crea la primera ley, a 2017, cuando se publica la última ley antidiscriminatoria.

Durante los catorce años que duró el sistema antidiscriminatorio, se dieron en cada una de las entidades federativas diversas luchas por avanzar en que se legislara este derecho a la no discriminación por sus congresos locales.

Estas luchas fueron promovidas en buena medida por grupos sociales, entre ellos los de la llamada diversidad sexual, que impulsaron acciones para el beneficio de toda la población. Por señalar sólo un caso, porque me consta, y porque durante todo el proceso participé, mencionaré el caso de Michoacán, donde la organización de Grupo de Facto Diversidad Sexual impulsó durante el periodo de 2006 a 2008, con dos distintas legislaturas en el Congreso del Estado, la aprobación y publicación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que finalmente fue aprobada y publicada como Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Violencia en el Estado de Michoacán de Ocampo el 2 de enero de 2009.

En este proceso se debe reconocer el apoyo de las diputadas Citlalli Fernández González, Minerva Bautista, Martín Godoy, David Garibay y Verónica García Reyes, de la LXX legislatura, en tanto que de la LXXI recibimos el apoyo de la diputada Gabriela Molina.

Hace un par de meses fue publicada el 17 de mayo de 2017 en el estado de Nuevo León la ley número 32 del sistema antidiscriminatorio. Hoy México cuenta con una ley federal y 32 leyes locales.

Llama la atención la construcción del concepto de discriminación vertido en este marco jurídico del Estado de Nuevo León, el mismo a la letra dice: “Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra.

En el concepto de discriminación de la ley de Nuevo León es una trascripción de la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de México, y a la cual se agregan otros aspectos que no se incluyen en los marcos jurídicos del resto de las entidades federativas, como las opiniones académicas o filosóficas, el actuar, gesticular, tatuajes, así como las perforaciones corporales.

No cabe duda que en estos catorce años, se han ido perfeccionando las leyes antidiscriminatorias, cuando menos aquellas preparadas después de la reforma constitucional de 2011 y de la reforma a la ley federal antidiscriminatoria de 2014, por lo que estarían en rezago todas aquellas que no han sido armonizadas después de 2011.

Otro rezago, que también muestra este sistema antidiscriminatorio es que no se ha logrado que los Congreso locales incluyan en sus constituciones particulares la cláusula antidiscriminatoria y en los códigos penales el tipo penal de discriminación.

Por ello se requiere que los estados de Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas incluyan el texto antidiscriminatorio en su Constitución local, así como que se legisle la tipificación del delito de discriminación en los Códigos Penales de los estados de Baja California, Guanajuato, Hidalgo y Sonora (información de la página de Conapred). Agradecemos el acompañamiento en este proceso de investigación de Víctor Chávez Magaña, estudiante universitario.

Ahora todos tenemos que trabajar en la creación y desarrollo de conciencia social, un asunto de agenda pública y de compromiso de la sociedad civil.

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