Gerardo A. Herrera Pérez
DEBATAMOS MICHOACAN
100 años de ser mujer
Miércoles 30 de Agosto de 2017

Segunda de tres partes

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Sin duda alguna los años 90 permitieron impulsar acciones de reivindicación desde el ámbito internacional. Así, en 1993 México participó en la Conferencia de Viena sobre derechos humanos. Ahí se reconocieron ampliamente los derechos humanos de las mujeres y se firmó la declaración para evitar la violencia hacia ellas.

Para 1994, en la Conferencia sobre Población y Desarrollo en el Cairo, México se comprometió a evitar la violencia contra la mujer y a respetar los derechos sexuales y reproductivos. Ese mismo año, pero en la región de América Latina, en la OEA, sus países miembros se reunieron en Belém do Pará y aprobaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En 1993 se presentaba la muerte de mujeres una tras otra en Ciudad Júarez, una situación que hoy tiene México con alerta de Violencia de Género en al menos 6 entidades de la República, incluyendo Michoacán
En 1993 se presentaba la muerte de mujeres una tras otra en Ciudad Júarez, una situación que hoy tiene México con alerta de Violencia de Género en al menos 6 entidades de la República, incluyendo Michoacán
(Foto: Cuartoscuro)

Para 1995 se llevó acabo, 20 años después, la IV Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, China, reunión que permitió aprobar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que habló de la perspectiva de género y la transversalización en todas las políticas públicas. En México los estados continúan trabajando en este esfuerzo, de equidad de género y paridad de género, agendas aún pendientes.

En tanto en México, en 1993 se presentaba la muerte de mujeres una tras otra en Ciudad Juárez, una situación que hoy tiene a México con alertas por Violencia de Género en al menos seis entidades de la República, incluido Michoacán. También en 1994 una explosión indígena dio inicio con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde las mujeres eran protagonistas y actoras, recordemos a la comandanta Ramona, quien falleció por cáncer de riñón en 2006.

Para el 2000 se aprobaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio y se dio paso a la modificación de marcos jurídicos sobre la igualdad de género, reformas en materia familiar, la participación económica de la mujer en el hogar, divorcio y custodia de los hijos e hijas, derecho como víctimas. Se publicó la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las leyes locales en las 32 entidades.

En 2001 se incluyó en el párrafo 3 del artículo 1º constitucional el derecho a la no discriminación, en razón del cual no se puede discriminar por motivos de edad, sexo, género, condición de salud, económica y la preferencia; en este sentido en la reforma constitucional de 2011 se agregó la no discriminación en razón de la preferencia sexual.

En Michoacán, en 2004, durante la administración del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, se creó el Instituto de la Mujer, que después pasó a ser la Secretaría de la Mujer en la administración del maestro Leonel Godoy en 2008 y que cambió de nombre en 2015 en la presente administración del ingeniero Silvano Aureoles por la de Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer.

En el periodo de 2009 a 2010 se publicaron las sentencias contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los caso de Campo Algodonero, Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Las sentencias ponen de manifiesto la violencia que sufren las mujeres en México, su debilidad legislativa y la falta de una cultura de denuncia, además de un patriarcado que no está dispuesto a dejar el poder que le da el sistema de género (“Sobre la violencia y opresión”, Quadratín).

En 2011 se dio la reforma constitucional en materia de derechos humanos que puso como centro el respeto a la persona y en ellas el respeto a la mujer y las niñas. En dichas reformas también se establece la no discriminación, precisando a la preferencia sexual, que hoy dio paso a las modificaciones del derecho registral a la identidad de género tanto en la Ciudad de México como en Michoacán y, desde luego, Nayarit.

En 2015 se aprobó la Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo propósito es erradicar la pobreza, avanzar en la equidad de género, entre otros.

De esta manera, en 100 años se ha registrado una evolución de los derechos de las mujeres y que fueron registrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El primer derecho es a la no discriminación por sexo y género; esto fue incluido, como ya se referencia, en párrafos anteriores en 2001 en el que se prohibió la discriminación en el artículo 1º constitucional. El sexo es un concepto biológico, en tanto que género es un concepto social que explica cómo se es hombre o cómo se es mujer. Su antecedente es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En este marco se aprobó la Ley Federal para Prevenir la Discriminación en 2003; en tanto que en 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El segundo derecho no reconocido en el texto original de la Constitución de 1917 es el derecho de las mujeres indígenas, como tampoco el derecho de las comunidades y pueblos indígenas del artículo 27 constitucional; hasta la reforma en 1992 del artículo 4 de la Constitución, que señala el territorio indígenas pero no señala la participación de la mujer.

En el ámbito internacional, desde la Organización Internacional del Trabajo se han suscrito los convenios 107 “Poblaciones indígenas y tribales” y 169 “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”, tampoco se señala expresamente la participación de la mujer salvo el artículo 20.3, que señala igualdad entre hombres y mujeres indígenas para el trabajo.

Para 1974 la CEDAW se refirió a las mujeres en su artículo 14 pero preciso a las mujeres rurales para eliminar la discriminación contra éstas y generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres para su participación en el desarrollo rural.

Fue hasta 2001, derivado de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994), que reivindicó el Convenio 169 de la OIT, y que sus reclamos conformaron los Acuerdos de San Andrés, que serían más tarde transformados por intervención de la Comisión de Concordia y Pacificación en una propuesta de iniciativa de reforma constitucional que hasta el año 2000 llegó formalmente al Congreso de la Unión para su discusión y posterior aprobación en julio de 2001.

La modificación planteó tres cuestiones: respeto a la dignidad e integridad de las mujeres indígenas, participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones en elecciones de autoridades y apoyo a proyectos productivos y de saludo para las mujeres migrantes.

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