Ramón Guzmán Ramos
Independentistas
Sábado 28 de Octubre de 2017
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En el referendo del 1º de octubre alrededor del 90 por ciento de los catalanes votó a favor de la independencia. La intervención policiaca del Estado español para reprimir y disuadir a quienes acudían a las urnas no logró su cometido. Diez días después el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo una declaración “suspendida” de independencia, esto con el objeto de intentar una salida negociada con el Estado español. La respuesta de Mariano Rajoy, sin embargo, fue tajante: el gobierno de España desconocía el referendo catalán y emplazaba a Puigdemont para que en un plazo de cinco días aclarara con precisión si había procedido a hacer una declaración unilateral de independencia, y un segundo plazo de tres días para rectificar y regresar las cosas a la normalidad.

En los últimos años el sentimiento independentista de los catalanes fue creciendo gradualmente hasta adquirir la expresión de una convicción colectiva en la voluntad de la mayoría del pueblo de separarse de España y convertirse en una república autónoma. La región de Cataluña ha sido una de las más ricas de España. Los catalanes aportan a la economía española mucho más recursos de los que reciben. España comparte con Cataluña, que cuenta con 7.5 millones de habitantes, los problemas de desempleo y bajos salarios que padece, pero la producción de riqueza que tiene Cataluña (genera el 18.8 por ciento del PIB) bastaría para que los catalanes vivieran por su cuenta en condiciones mejores. La historia de Cataluña, por otro lado, está llena de experiencias accidentadas con el Estado español. Ha sido una lucha constante de los catalanes por lograr el reconocimiento y el respeto del Estado español a su condición de región autónoma. Los catalanes han logrado finalmente que se reconozca su lengua, su cultura y su autogobierno. Pero no dejan de mantener una relación de dependencia y sometimiento con respecto al Estado español.

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(Foto: TAVO)



La reacción del gobierno derechista de Rajoy fue de amenaza abierta. Por lo pronto, encarceló a dos de los dirigentes más importantes del movimiento independentista de Cataluña por el delito de sedición. En caso de que Carles Puigdemont hiciera definitiva la declaración unilateral de independencia, el gobierno español estaría aplicando el artículo 155 de la Carta Magna, el cual lo faculta para intervenir directamente con medidas de excepción para neutralizar la independencia, tales como la destitución de todo el gobierno catalán, el control directo sobre la policía autonómica, así como de la radio y la televisión públicas, y el llamado a elecciones anticipadas en un plazo máximo de seis meses.

Por otro lado, los gobiernos de los países europeos, incluyendo de este lado el de México, han declarado que no reconocerían la independencia de Cataluña, lo cual dejaría a la naciente república en una situación de total aislamiento internacional y de asfixia económica. Los poderes del mundo no están para tolerar ningún signo de rebeldía en ninguno de los pueblos bajo su control, mucho menos para reconocer actos de emancipación en esta época en que ellos han declarado por su cuenta, de manera unilateral, la muerte inapelable de la utopía. La situación se complica aún más cuando son mil 500 empresas las que han salido de Cataluña, dejando tras de sí una sombra de incertidumbre y crisis económica mayor.

Un acto de independencia requiere mucho más que una simple declaración formal. Es obvio que un gobierno de derecha como el de Rajoy no va a permitir que Cataluña se separe de España y se convierta en la república autónoma que los catalanes desean. Se han producido movilizaciones masivas a favor de la independencia, aunque también de quienes desde adentro se oponen al acto de secesión. Pero han sido movilizaciones que no cuentan con una base organizativa que sea capaz de enfrentar desde abajo y a nivel general una embestida directa del aparato policíaco y militar de España. Da la impresión de que los catalanes no ponderaron la situación hasta sus últimas consecuencias. Se tendrían que haber preparado para cualquier eventualidad, entre ellas la intervención directa de las fuerzas represivas españolas.

Al final Carles Puigdemont dejó en manos del Parlamento catalán la decisión de hacer la declaratoria definitiva de independencia, lo cual ocurrió ayer viernes en una sesión accidentada y dividida. La reacción del gobierno español fue inmediata y contundente. Como había amenazado en los días que corren desde el referendo catalán, el derechista Mariano Rajoy ha procedido a destituir al gobierno catalán en pleno, tanto a su presidente y vicepresidente como a todos los consejeros; de la misma manera ha anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre. Como lo habían advertido los propios catalanes que han trabajado a favor de la independencia, las acciones del Estado español son el equivalente a un golpe de Estado contra la nación catalana. Hoy sábado entrarán en acción todas estas medidas, de manera que, desde la perspectiva del gobierno de Rajoy, la declaración unilateral de independencia de Cataluña queda neutralizada y destituidos sus órganos de gobierno autónomo.

La crisis catalana ha llegado a su máxima expresión. A los independentistas no les queda sino retroceder en su decisión de convertirse en una república soberana e independiente o prepararse para la resistencia, que sería larga y muy dolorosa. Cataluña independiente quedaría totalmente aislada en el contexto mundial y seguramente bajo una intervención militar del Estado español. El desafío supera a los propios órganos de gobierno catalanes. Tendría que ser el pueblo en su conjunto el que se planteara la resistencia organizada y la disposición de atravesar por un periodo de grandes sacrificios sin descartar una confrontación violenta con el gobierno de Rajoy. Es en momentos así cuando la solidaridad de los pueblos del mundo podría invertir la ecuación y obligar al Estado español y a los gobiernos de Europa a reconocer el legítimo derecho de los catalanes a tener una nación propia, libre y democrática, con órganos de gobierno totalmente autónomos, sin el dominio abrumador que el Estado español ha ejercido sobre ellos.

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