Salvador Molina Navarro
Derecho a qué…
La colegiación de la justicia
Martes 31 de Octubre de 2017

Justicia: s. Artículo más o menos adulterado que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales.

El diccionario del Diablo, Ambrose Bierce.

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El derecho y la impartición de justicia –léase legalidad– sigue en la transición del cambio de paradigma, entendiendo el paradigma no solamente como la forma o el ángulo desde donde se estudia el objeto, sino como el sentir, el ver, el advertir, el saber y el exigir el derecho, mi derecho y el camino procesal para que esa exigencia encuentre un balance adecuado entre lo legal, lo justo y lo posible. Ya el derecho no es el camino para lograr la utópica idea de alcanzar la justicia, hemos logrado superar nuestras exigencias y nuestros intereses cuando se trata de exigir un derecho que creemos violentado o no otorgado, ahora el fin del derecho es dotar de lo fundamental al hombre, es permitirle su libertad, su salud, su derecho al mínimo vital, su libre determinación de la persona, el derecho a la libre autodeterminación, ahora hablamos un metalenguaje, ya queremos garantizar el uso y disfrute de los derechos humanos, ya los procesos judiciales o administrativos tienen su tema central en los derechos humanos, nuestra Constitución lo impone en artículo 1° al señalar “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”.

Los derechos humanos son el medio mediante el cual el Estado se obliga a respetar los ideales personales, las aptitudes individuales, el ejercicio del libre pensamiento.
Los derechos humanos son el medio mediante el cual el Estado se obliga a respetar los ideales personales, las aptitudes individuales, el ejercicio del libre pensamiento.
(Foto: Cuartoscuro)

Los derechos humanos es el medio mediante el cual el Estado se obliga a respetar los ideales personales, las aptitudes individuales, el ejercicio del libre pensamiento, las actividades propias, sean productivas o improductivas; es la libertad del hombre para el hombre y se han arraigado tanto que han podido modificar los procesos o procedimientos jurisdiccionales para que el hombre sea quien regule la forma de hacer justicia o legalidad y no el procedimiento sea quien someta a los justiciables, ya no tenemos como finalidad el alcanzar la justicia mediante la aplicación del derecho, ahora el derecho es el camino por el cual se garantiza al justiciable la reparación integral del daño, ya no pretende acceder a aquello que se llama justicia y que cada cual lo vende con la etiqueta que quiere, ahora se aspira a no dejar insatisfechos a los justiciables con el resultado del trabajo de los tribunales.

En este sentido, tanto el derecho como la justicia han apostado a un cambio de estructura, ya no pueden ni deben descansar sobre el mismo aparato jurídico-administrativo de siempre, ya no se puede ofertar la legalidad como un artículo más o menos adulterado que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales, no podemos hablar de un avance en materia de administración de justicia de que se perciba si seguimos obligando a los gobernados a transitar por el mismo esquema burocrático y formalizado de hacer el derecho.

Nuestro Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo del Poder Judicial del Estado han dado los primeros visos de adoptar y adaptarse al nuevo paradigma en materia de legalidad, de procedimiento judicial, ya se han modificado los procedimientos penales, mercantiles y familiares, se está trabajando en adaptar y adherir la justicia laboral como parte del Poder Judicial, se pretende desformalizar la materia familiar con miras a que las controversias se diriman en el menor tiempo y bajo el menor costo social e individual; es decir, nuestro máximo órgano judicial local está trabajando en cambiar no solamente los procedimientos, sino el aparato jurídico administrativo. En este sentido resulta inminente un cambio en la organización de las salas que conforman el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya no pueden figurar en su forma unitaria, ya no debe establecerse el criterio unipersonal como una forma de decir el derecho, ahora el derecho y la legalidad exigen mayores elementos de convicción, ahora la sociedad requiere de mayores beneficios, se debe reducir a su máxima expresión el porcentaje de error, el nuevo paradigma jurídico administrativo debe dotar de fiabilidad al ciudadano, debe generar un estudio más profundo sobre el fondo de las controversias que se someten al criterio de las autoridades judiciales, ya no deben pronunciarse solamente sobre la aplicación del derecho o la materia del derecho de la litis, ahora deben versar sobre el derecho humano interno e internacional, ha crecido el campo de estudio, ha crecido el argumento defensivo de las partes, entonces debe cambiar la idea de concebir la estructura superior de nuestra institución de justicia.

Bajo este sentido, es menester que tanto el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial como el propio Supremo Tribunal de Justicia del Estado generen un debate sobre la reestructuración de sus salas unitarias, para ahora transformarlas en salas colegiadas; debe admitirse la participación de la sociedad en este debate, se deben abrir para acaparar los puntos de vista y los razonamiento de todos los criterios y de todos los ángulos de estudio de su objeto. Es menester que se inicie en breve tiempo la discusión sobre la nueva forma de la estructura jurídica-administrativa de nuestro Poder Judicial del estado, solamente así sociedad y gobierno podremos conquistar los beneficios de los nuevos sistemas de justicia que se han implementado y se pretenden implementar en los diversos campos del conocimiento jurídico, pues ante un esfuerzo importante que ha cambiado los procedimientos en ciertas ramas del derecho y que pretenden modificar los restantes, no debe abandonarse la idea de generar una nueva estructura en las oficinas a las que corresponde la impartición de justicia, de esta manera se podrán reducir costos económicos del Poder Judicial del estado, pero más aún, se podrá ofrecer al ciudadano un nuevo paradigma en materia de justicia, una justicia de corte modernista, democrática y constitucional, se dejará, en la medida de lo posible, de ofertar la justicia como una artículo en cuya última palabra siempre será de un criterio personal y unilateral, ahora debemos colegiarnos para poder aportar las resoluciones complejas que se dictan en este nuevo paradigmas del derecho y de la legalidad.

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