Ramón Guzmán Ramos
Crisis en la UMSNH
Sábado 4 de Noviembre de 2017
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Considerada como una de las diez mejores universidades públicas del país, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo enfrenta en estos momentos una de las crisis financieras más graves de los últimos tiempos. En el año en que cumple su primer centenario, nuestra máxima casa de estudios en la entidad no tiene ni para pagarles su salario a los trabajadores, tanto los académicos como los administrativos, en activo y jubilados.

En el gobierno del estado y en Rectoría consideran que la causa principal del déficit financiero está en el régimen de pensiones y jubilaciones que se encuentra vigente, de manera que exigen su modificación. En la propuesta de modificación que han presentado las autoridades universitarias se plantea la necesidad de incorporar una cuota de los trabajadores al fondo de pensiones, la cual iniciaría con el 1% de su sueldo y aumentaría un punto porcentual de manera acumulativa cada año hasta alcanzar el 10% en 2027. De la misma manera, se procedería a incrementar la edad y los años de antigüedad como requisito para que los trabajadores se puedan pensionar o jubilar, hasta llegar a los 65 años de edad y los 30 de servicio en 2038. Actualmente los trabajadores se pueden jubilar al cumplir 25 años de servicio con el 100% de su sueldo. A la inversa, los ingresos por pensión irían disminuyendo con el paso de los años. Esta reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH no sería retroactiva para quienes están jubilados o pensionados, ni para los trabajadores que tienen 25 años o más de servicio y se encuentran activos.
La Michoacana no es, por cierto, la única universidad pública que se halla en esta situación. Otras cuatro han tocado fondo y no encuentran el camino para superar sus crisis respectivas. Están también la Benito Juárez de Oaxaca, así como las Autónomas de Morelos, Nayarit y Zacatecas. Juntas, le han dirigido una petición al presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga y las salve de la quiebra total. Hay que decir que, en el caso de la UMSNH, el Congreso de Michoacán ha puesto como condición que la reforma a la Ley Orgánica se concretice para poder intervenir. Pero en el presupuesto que le destinaron para este año le hicieron un recorte drástico de 391 millones, cuando es obvio suponer que las necesidades de la comunidad universitaria aumentan cada año. Los gastos que se destinan para el sostenimiento de las casas del estudiante, a propósito, se consideran también parte del problema.

Tanto los trabajadores académicos como administrativos han rechazado abiertamente la propuesta de modificación de su régimen de jubilaciones y pensiones. Por estos días se han tenido que movilizar para exigir el pago puntual y completo de la segunda quincena de octubre, lo mismo los jubilados, quienes desde ahora han sido arrojados al último lugar en el merecimiento de los pagos que por ley les corresponde. Se han visto obligados, como ocurre con trabajadores de otros sectores que se han visto en situaciones similares, a recurrir a medidas que los medios oficiales consideran radicales para evitar que los sacrifiquen.

Lo que ocurre con la UMSNH no es un problema aislado, ni siquiera cuando lo comparte en estos momentos con otras cuatro universidades del país. Tiene que ver con el espíritu persecutorio y aniquilador con que está siendo impuesta la reforma educativa. El objetivo que se ha propuesto el Estado es eliminar las conquistas históricas de los trabajadores de la educación, lo cual incluye la plaza base, el contrato colectivo de trabajo o lo que haya en su lugar, y abrir el sector educativo a la intervención privada. Por lo que se refiere a las universidades, se plantea que sean los trabajadores académicos y administrativos los que sacrifiquen por voluntad propia derechos fundamentales que han logrado a lo largo del tiempo. Pero aquí la consecuencia va más allá. Se trata de debilitar la autonomía universitaria para resquebrajarla desde adentro y que se abra sin problemas a la injerencia de intereses ajenos.

La estrategia del Estado ha consistido en intervenir diferentes ámbitos y sectores en tiempos y circunstancias distintas, de manera que parezca que son problemas aislados, sin ninguna relación entre sí. Cuando lo hizo con los maestros de educación básica, quiso presentar la situación como algo relacionado con el combate a la corrupción del sindicato y a la evaluación de los docentes. Condicionaron a la opinión pública para que, a través de los medios de información, aceptara esta versión y condenara la lucha de los maestros que se opusieron y decidieron mantenerse en resistencia.

Casi nadie escuchó los llamados de alerta en el sentido de que en etapas subsiguientes el turno sería de otros. Luego siguieron los maestros de educación media superior, y ahora las universidades a los que se les ha provocado la quiebra financiera.
En el nivel básico eliminaron, además, lo que alguna vez se conoció como libertad de cátedra. El control sobre los procesos educativos y el quehacer docente ha sido impuesto a través de mecanismos fijos sobre los que no puede haber apelación. La lucha de los maestros en resistencia contra la reforma educativa ha tenido que ir más allá de las cuestiones económicas inmediatas. Sin renunciar a la defensa de los derechos históricos que los trabajadores han alcanzado a lo largo del tiempo, lo que se impone es echar abajo la reforma educativa, así como las políticas públicas que se proponen acabar con el carácter público, científico, democrático y humanista de las universidades públicas.

Es la educación pública lo que se encuentra en peligro. De la misma manera que la salud pública y los servicios que el Estado tiene la obligación de otorgarle a la sociedad. Darse cuento de ello debería servir para que los maestros y académicos de todos los niveles, así como los trabajadores administrativos y de apoyo a la educación, se decidieran a conformar un solo frente nacional en defensa de la educación pública. El Estado pretende que sean los trabajadores los que paguen el costo de una crisis financiera y educativa que ellos no han provocado, y que lo hagan renunciando a sus derechos y abriendo las puertas del sector educativo a la privatización.