Ramón Guzmán Ramos
La represión como respuesta
Sábado 11 de Noviembre de 2017
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El Estado mexicano se ha deshecho progresivamente de los bienes que tenía bajo su responsabilidad y que eran propiedad de la nación. Ha cedido sin ninguna resistencia, antes bien de una manera complaciente, a las presiones que le llegan de las grandes potencias y los consorcios que dominan la economía mundial. El objetivo ha sido que los Estados nacionales no intervengan para nada en la economía de sus respectivos países y se dediquen exclusivamente a proteger los intereses de la iniciativa privada transnacional, “que sí sabe de eso”. El resultado es que los Estados cada vez tienen menos recursos para responder a las necesidades emergentes de la sociedad, ya no digamos para impulsar el desarrollo y el bienestar de la gente.

La clase política en México se ha olvidado de los compromisos democráticos que alguna vez adquirió con la sociedad.
La clase política en México se ha olvidado de los compromisos democráticos que alguna vez adquirió con la sociedad.
(Foto: Cuartoscuro)



La clase política en México se ha olvidado de los compromisos democráticos que alguna vez adquirió con la sociedad. Una vez en las posiciones de poder, que los distintos partidos se reparten a discreción en los comicios, los gobernantes se dedican a saquear para su propio beneficio las arcas públicas. Los días que vivimos han sido, por cierto, días de escándalos de corrupción que no cesan, relacionados con funcionarios públicos de primer nivel en todas las estructuras de gobierno. La constante en este tiempo de canallas son las revelaciones de desviación de recursos, cuentas bancarias secretas, enriquecimiento rápido e inexplicable, la deuda pública que se incrementa para tratar de tapar o al menos cubrir los agujeros financieros sin fondo. Lo peor de todo es que los gobiernos se han propuesto trasladar sobre las espaldas y los bolsillos de los trabajadores los costos de la quiebra que ellos mismos han provocado.

Los grandes poderes que dominan el mundo con sus dineros han obligado a los Estados nacionales a adoptar y aplicar políticas públicas que van dirigidas al desmantelamiento de las organizaciones de interés colectivo y el aniquilamiento de los derechos históricos de los trabajadores. Han sido puestos en la mira los sindicatos, concebidos originalmente como la forma más natural e inmediata que tienen los trabajadores para unirse y organizar la lucha por mejorar constantemente las condiciones en que laboran, así como sus salarios. Es verdad que la mayoría de los sindicatos que quedan en el país se encuentran dominados por camarillas de dirigentes que han traicionado su origen de clase y no representan los intereses legítimos de las bases. Pero también es verdad que ha sido el Estado el que ha alentado la formación de estas castas sindicales para mantener sometidos a los trabajadores. Toca a los propios trabajadores, en todo caso, liberarse desde adentro y desde debajo de esta aristocracia sindical que vende sus intereses y los entrega al gobierno o a las empresas a cambio de privilegios particulares.

Con los sindicatos debilitados, sus dirigentes entregados a la parte opuesta, el Estado ha decidido implementar a toda costa, por la fuerza y la violencia indiscriminada si es necesario, las medidas que acabarán con los trabajadores como una fuerza de clase. Los siguientes objetivos han sido la plaza base y el Contrato Colectivo de Trabajo, que son sustituidos por contrataciones individuales y por tiempo definido. De esta manera el escalafón y la antigüedad desaparecen como derechos históricos. En algunos sectores han dejado caer ya la espada de Damocles sobre formas colectivas y solidarias que los trabajadores lograron para asegurarse un retiro justo y una jubilación digna. Aquí también los gobiernos se han propuesto arrojar sobre los trabajadores toda la culpa de la quiebra financiera que sufren estos programas solidarios. Ahora resulta que los trabajadores tienen la culpa por querer jubilarse cuando aún pueden tener una vida de calidad y sin preocupaciones de sobrevivencia. Lo peor de todo es que los fondos que les daban cierta tranquilidad para cuando llegara la hora de retirarse han sido desviados, saqueados, desaparecidos por los mismos sujetos que ahora se proponen condicionar o desaparecer estos esquemas.

La crisis financiera en que se encuentra ahogado el gobierno ha llegado a extremos que no se veían antes. Lo último que le queda al trabajador para sobrevivir es su salario. El salario tendría que ser sagrado, como lo establece precisamente la Constitución. No sólo el pago puntual, sino completo. El salario ha sido tomado por el gobierno como rehén. A los maestros que se movilizan para exigirle al gobierno el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades les hacen descuentos y los cesan. Trabajadores de otros sectores, como los del propio gobierno estatal y los universitarios, han tenido que recurrir a la protesta pública para exigir que se les pague y que no los obliguen a que por voluntad propia se rindan y renuncien a sus conquistas laborales. Esta semana, por cierto, ha sido de movilizaciones constantes.

La respuesta del gobierno ha sido la represión. El uso desmedido de la fuerza pública fue condenado incluso por quienes antes optaban por el silencio y la discreción. Los videos que han circulado en las redes sociales muestran a policías golpeando brutalmente a los detenidos cuando éstos estaban ya sometidos. Dos de las víctimas, por cierto, son estudiantes de Psicología que simplemente pasaban por el lugar para dirigirse a su escuela y que nada tenían que ver con las movilizaciones. Así de ciega fue la brutalidad policiaca. No han faltado quienes han vuelto a los argumentos de siempre: los manifestantes afectan a terceros con sus marchas y bloqueos, de manera que se justifica que los desalojen como sea. Lo que no dicen es que a estas alturas somos los terceros, todos en la sociedad hemos sido afectados de diversas maneras por las acciones arbitrarias del gobierno, y que es el gobierno el que va orillando a los sectores que se movilizan a tomar acciones más radicales. Lo cierto es que cada vez se extienden más y se multiplican los movimientos que recurren a medidas extremas para lograr que los gobiernos escuchen y demuestren voluntad política para resolver.