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Lunes 13 de Noviembre de 2017

Del 2000 a la mitad de 2017 han sido asesinados 106 periodistas en México, y de éstos, 99.85 por ciento de los casos han quedado impunes: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

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¿Qué le pasó a la CNTE?



Cuando recién comenzaba el mandato presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1994, también comenzaba a cobrar fuerza un movimiento disidente al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fundado en el liderazgo caciquil que había relegado a miles de maestros en el país.

Michoacán fue epicentro de esa revolución magisterial, que en su arranque tuvo cierta aceptación social ante un sindicato que se había rebelado contra el sistema y sus tentáculos gremiales.

El INE trata de encontrar el camino para garantizar una forma adecuada de recabar las firmas de respaldo a los aspirantes a candidatos independientes.
El INE trata de encontrar el camino para garantizar una forma adecuada de recabar las firmas de respaldo a los aspirantes a candidatos independientes.
(Foto: TAVO)

Las columnas humanas que se volcaban sobre las calles, carreteras y plazas acapararon rápidamente también la atención de medios nacionales e internacionales y encumbraron a líderes procedentes de las aulas como el profesor Raúl Morón Orozco o Juan Pérez Medina.

En poco tiempo, la disidencia llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se constituyó en un fuerte contrapeso a las directrices que la maestra Elba Esther Gordillo Morales dictaba como lideresa del sindicato institucional, y definieron su propia ruta en defensa, decían sus banderas, de la educación pública, laica y gratuita.

Pero la luna de miel con la sociedad también duró poco tiempo. Pronto el movimiento disidente comenzó un proceso de descomposición y división ante la disputa del control de la CNTE, que fue amasando no solamente poder económico, sino también político.

A finales de los 90, en Michoacán la CNTE controlaba más de 20 presidencias municipales donde había logrado postular como candidatos a maestros que eran líderes en sus localidades y ganado campañas, aunado a la negociación con partidos para contar con posiciones en los cabildos y hasta en el Congreso del Estado.

Raúl Morón Orozco, uno de los fundadores del movimiento, lleva décadas sin estar frente a grupo. Ha sido diputado local, líder estatal del PRD y ha buscado en al menos tres ocasiones ser candidato a gobernador. Actualmente es senador de la República.

Decenas de cuadros más han levitado de un cargo a otro dentro de la estructura sindical o en los partidos políticos, apartados de la enseñanza que defendían en los inicios del conflicto magisterial que, a la fecha, sigue representando marchas, bloqueos, paros y tomas en agravio de la educación pública y de la sociedad michoacana.

La semana pasada lo volvieron a hacer, aunque respaldados por los burócratas estatales y bajo la misma demanda. Organizados en grupos regionales cercaron los accesos y salidas a Morelia. Por la autoridad de la CNTE nadie entraba ni salía.

Su bandera para generar el caos fue, esta vez, la exigencia de que se reintegren más de 400 millones de pesos al Fondo de Pensiones Civiles del Gobierno del Estado, que pasadas administraciones dejaron de aportar afectando a los trabajadores estatales.

Pero la causa desde hace muchos años es lo de menos. Para la CNTE este instrumento de lucha le significa mantenerse vigente, lograr beneficios económicos –aunque las minutas firmadas en el pasado por los gobiernos que se vieron acorralados por la disidencia magisterial generaron un déficit financiero de más de cinco mil millones de pesos al año– y amasar poder para seguir presionando a los gobiernos en turno.

Si las estadísticas educativas avalaran esta forma de lucha no habría nada qué decir, pero Michoacán tiene hoy en día preocupantes calificaciones en la materia.

El modelo de la CNTE no funcionó y mucho menos cuidó aquel respaldo social que tenía. Y ciertamente, ¿qué le pasó a la CNTE?

UMSNH, sobre aviso



Lo que ocurre en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se previó –desde hace muchos años– que pasaría pero nadie lo quiso entender y mucho menos atender. Hoy es real.

La más importante institución de educación superior de Michoacán ha entrado a una fase tan crítica que sus siete mil trabajadores en activo y más de dos mil jubilados y pensionados no han recibido el pago completo de la segunda quincena de octubre.

Y lo que es peor, podría agravarse esta semana cuando llegue la primera quincena de noviembre, pues hasta hoy no hay la certeza de que se disponga de los recursos para el pago.

La esperanza se centra en el anuncio hecho por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en el sentido de haberse hecho gestiones para contar con al menos 800 millones de pesos que oxigenen a la casa de estudios en el cierre de 2017, pero falta la acción contundente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ni siquiera la presencia de Salvador Jara Guerrero, en su calidad de subsecretario de Educación Superior de la SEP, es sinónimo de que pueda haber un trato preferencial para la Casa de Hidalgo, porque se trata de una situación generalizada para al menos siete universidades públicas estatales que no cuentan con los dineros para atender sus compromisos.

Si hay quien esté bien enterado de lo que pasa en la UMSNH es Salvador Jara, quien a la mitad de los años 2012, 2013 y 2014, cuando precisamente era rector de la Universidad, ya padecía por la falta de recursos, situación que también enfrentaron sus antecesores Silvia Figueroa Zamudio y Jaime Hernández Díaz, aunque en todo momento se maquilló la situación.

Ante la contingencia de los nicolaitas lo que se necesita es que verdaderamente su comunidad mantenga la unidad y, aunque parezca difícil de asimilarlo, mantener el trabajo y la atención a los 55 mil estudiantes.

Posturas como la asumida por el rector Medardo Serna González, los consejeros universitarios, incluida la representante de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y los enviados del SPUM, SECUM (Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Michoacana) y Stumich, en la búsqueda de un mejor presupuesto para 2018 ante la Cámara de Diputados federal, parece ser más efectivo que marchas que parecen tener otros propósitos, incluidos los políticos.



En el transcurso de estos días, el Senado de la República deberá nombrar a dos integrantes faltantes del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

Lo anterior en tanto hace un mes dejaron sus cargos Alejandro Rodríguez y Rubén Herrera, quienes resaltaban como perfiles fuertes, pero que al parecer se han debilitado por dos motivos:

El primero, por la necesidad de una integración con mujeres, ya que eran sólo hombres en el pleno de dicho órgano jurisdiccional, lo que violentaba diversas disposiciones internacionales y nacionales en la materia de derechos de participación política de la mujer.

Por otro lado, los partidos políticos están buscando refrescar la integración, quizá por los conflictos que se han presentado en las últimas semanas entre los tres magistrados que se mantienen en el cargo.

De igual forma destaca el hecho de que al estar en proceso electoral, el interés de cada instituto político se hace mayor por esos espacios, por lo que está en juego en las elecciones, que en el caso de Michoacán, tenemos a 112 ayuntamientos, algunos de ellos con mucho peso económico y político y 40 diputados locales.

Por lo que cada partido buscará tener el control, en la medida de lo posible, de cada parte del proceso electoral y las impugnaciones son un camino que se ha convertido en usual y permanente en la vida democrática, razón por la cual se convierten en espacios mucho más atractivos.

Por ello solamente es cuestión de horas para saber quiénes serán designados como magistrados y establecer si el propio Senado recompone el error que cometió hace tres años, al omitir el nombramiento de mujeres en dicho espacio.

Juicios políticos, peticiones en racimos



Las peticiones al Congreso del Estado para instaurar juicios políticos no cesan, y es que en los últimos tiempos se han presentado tres tipos de esa demanda, la mayoría contra presidentes municipales.

De esos tres casos, dos son contra los alcaldes de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, y de Charo, Ramón Hernández Yépez, por presuntas irregularidades en obra pública y nepotismo, respectivamente.

El tercer caso es contra la encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Selene Vázquez Alatorre, bajo argumentos de omisiones e irregularidades en el ejercicio de su función.

A esa cifra de petición de juicio político hay que anotar las que están siendo procesadas en las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales contra otros dos ediles.

Se trata de los jefes de las comunas de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez, y de Maravatío, José Luis Abad Bautista, acusados de desvío de recursos públicos y de nepotismo, en ese orden.

También hay que recordar que esa instancia congresista haya desechado por improcedentes las peticiones de juicio político contra ediles de los ayuntamientos de Pátzcuaro e Hidalgo.

MOLINO DE VIENTOS



1- En el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encuentra en proceso la conformación de los iemcitos a lo largo y ancho del territorio michoacano, es decir, la integración de los comités electorales municipales y distritales, en la cual se debe designar a los mejores perfiles posibles y no a los busca chambas.

2- La senadora michoacana Rocío Pineda Gochi cabildea fuerte para que María de Jesús García repita como integrante del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), lo cual casi es un hecho; el otro espacio similar disponible es para un protegido del Partido de Acción Nacional (PAN).

3- No es el ideal, pero en la Cámara Baja del Congreso de la Unión se aprobó un presupuesto federal 2018 para Michoacán del orden de los 59 mil 789 millones de pesos, aunque los diputados federales michoacanos, a excepción del morenista Fidel Calderón Torreblanca, festejaron el hecho como un gran logro.

4- Con el argumento de impulsar la inversión portuaria industrial de Lázaro Cárdenas ante el esquema de la Zona Económica Especial (ZEE) y de promover el turismo, y con una reducida comitiva, a China viaja el gobernador Silvano Aureoles Conejo, y hay quienes todavía politizan el costo del recorrido.

5- Seis días han pasado y no se ha evidenciado el castigo de los policías que usaron la violencia en forma innecesaria contra personas detenidas y sometidas durante la marcha del pasado martes, tal como dio su palabra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona.

Sancho



A la espera de la reunión entre autoridades y dirigentes sindicales nicolaitas, vía el Ejecutivo del estado, para hacer frente a la crisis en la Universidad Michoacana.

Rocinante



App, nocaut técnico



Un tema que está generando mucha expectativa y que además está mostrando la incapacidad en el tema del Instituto Nacional Electoral (INE) es la famosa App, aunque ya con una nueva versión.

Y es que esa aplicación, el medio oficial para recabar firmas de respaldo hacia las candidaturas independientes, ha sido severamente cuestionada por los aspirantes sin partido.

Pareciera que el uso de la tecnología en procesos electorales sería una herramienta que ayudaría a los aspirantes a candidatos independientes, pero a la fecha no ha sido así.

Sin embargo, todo indica que el órgano electoral de carácter federal no tomó en cuenta varios elementos que están demostrando la insuficiencia del uso de la herramienta tecnológica.

En principio, resulta increíble que el INE no tomara en cuenta el hecho de que existen diversas regiones del país que no tienen acceso a Internet y que, por tanto, se hace difícil que se pueda obtener el acceso al sistema.

Además, solamente algunos integrantes del grupo del aspirante pueden recabar las firmas, lo que inhabilita la posibilidad de que en cualquier parte del país quien desee apoyar lo haga sin tener que buscarlos.

Por último, el hecho de que solamente se pueda usar la App en algunos dispositivos de características muy concretas y modernas, y ante la realidad en la cual no es fácil tener acceso a dichos aparatos, lo que de igual forma está limitando la recopilación de las firmas.

Por ello el INE trata de encontrar el camino para garantizar una forma adecuada de recabar las firmas de respaldo a los aspirantes a candidatos independientes.

Por lo pronto amplió el plazo para dicha colecta de apoyo y permitió que, en determinados lugares del país, sea a través de firmas en papel y no vía el dispositivo señalado, ante la falta de cobertura de Internet.

Y bueno, al ser la primera experiencia del INE en las figuras de aspirantes independientes a cargo de elección popular, ha demostrado, al menos en esa parte, que el aparato burocrático tan grande no quiere decir eficiencia ni eficacia.

El vacío de la FEPADE



En esa misma perspectiva de lo electoral y dentro del propio Senado de la República se aprobó la convocatoria para designar al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).
Hay que recordar que derivado de una supuesta inconsistencia del anterior titular, Santiago Nieto, por difundir algunos detalles de una investigación que se estaría por realizar a Pemex por beneficios obtenidos de la empresa Odebrecht, produjo que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) lo destituyera.

Y ello sin que se diera una postura clara por parte del Senado, en tanto que es la instancia encargada de nombrar al titular o ratificar o no la remoción. De esa manera y producto del desarrollo del proceso electoral federal en 30 entidades federativas, la designación de dicho fiscal se convierte en fundamental y urgente.

Habrá que esperar a ver los perfiles que se postulan, pero no dudemos ver a figuras muy cercanas al gobierno federal, ya que el aprendizaje que dejó el anterior fiscal especializado fue que en esa instancia se pueden hacer muchas cosas, sobre todo si hay compromiso para evitar la comisión de delitos que afecten el proceso electoral y las actividades políticas.

Urge fiscal general



Sin duda debe destacarse la necesidad de nombrar a un fiscal general de la República ya que es urgente afrontar un proceso electoral con tanto peso político por el hecho de tener elecciones en todo el país, en regiones donde el crimen organizado ha permeado de forma profunda.

Los criminales pueden amenazar la funcionalidad mínima de las instituciones de no estar totalmente integradas y enfocadas en sus tareas de prevención del delito, lo cual, se insiste, puede afectar de forma directa a las diversas actividades del proceso electoral.

Desataca especialmente el caso de revisar si los aspirantes a cargos de elección popular tienen o no nexos con el crimen organizado, lo cual pasa por la información que otorgue la Fiscalía General.

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