Columba Arias Solís
Las fotomultas
Viernes 22 de Abril de 2016
A- A A+

El pasado 25 de marzo, el secretario de Administración del Ayuntamiento moreliano anunció la contratación de un sistema de regulación y control de movilidad vehicular electrónica digitalizada para el municipio, la que se realizaría a través de una licitación pública nacional “a efecto de que las empresas que tienen la capacidad técnica de hacerlo, presenten ofertas, permitiendo al Ayuntamiento elegir a la empresa que ofrezca las condiciones más favorables en materia de finanzas y desde el punto de vista técnico”.

Según el funcionario, se trataría de un proyecto integral con “un sistema semafórico centralizado en tiempo real y fotomultas, que forma parte de la estrategia de seguridad de Morelia, cuya finalidad es disminuir los accidentes viales, concientizar a la ciudadanía, así como procurar una ciudad más tranquila”.

Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez
Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez
(Foto: Archivo)

Por su parte, el tesorero de la comuna moreliana señalaría que el programa de las fotomultas sería en principio únicamente para la infracción por exceder los límites de velocidad, con la idea de concienciar a la ciudadanía para evitar accidentes y posteriormente aplicar “toda la gama de infracciones a través de estos sistemas”.

Dicho anuncio provocó el rechazo rotundo de diversos sectores, las críticas más iracundas contra el edil moreliano, a quien actores políticos y opinadores tachaban de pretender coludirse con empresas privadas para hacer un lucrativo negocio personal. El proyecto se convirtió en el tema más controvertido desde que el edil asumió su cargo; a excepción de quienes colaboran con el munícipe, no se escuchan voces en favor de sancionar a quienes se evidencia violando las normas de tránsito a través del mencionado mecanismo de las fotomultas.

Las famosas fotomultas, que ya se aplican en otras ciudades de la República incluida la Ciudad de México, han sido también motivo de polémica y rechazo en aquellas, y en la capital moreliana, entrevistados diversos conductores a propósito de lo que piensan sobre la implementación de dicho proyecto, todos se manifestaron en contra, ¡hubo incluso quien defendió que se excedieran los límites de velocidad cuando había una causa justificada!

La ciudadanía parece ser siempre reacia a que se le apremie e impela al cumplimiento de las normas. Tal vez porque –como señalan De Anda, Pliego y Pedraza (febrero 2016)– todo cambio genera rechazo y “estamos acostumbrados a infringir la norma porque, como ciudad, hemos perdido valores de respeto a lo público, a los habitantes y a la autoridad, y no reconocemos que al faltar a nuestras obligaciones no sólo generamos desorden, sino que estamos poniendo en peligro a otras personas”. O bien porque se hace fácil habida cuenta de que “la aplicación de las reglas es pobre y se resuelve fácilmente a través de la corrupción, una salida común para buscar evitar las consecuencias de nuestras faltas”.

O tal vez porque la transparencia y el manejo honesto de los recursos públicos no ha sido una práctica constante de autoridades de los diversos niveles de gobierno y la ciudadanía recela y desconfía del destino de los recursos que se obtengan con la instalación del sistema de fotomultas.

El 94 por ciento de los siniestros viales ocurren en las carreteras urbanas y suburbanas, por lo que se hace indispensable tomar las medidas necesarias para incrementar la seguridad no sólo de los usuarios,

Desde luego, no debe desconocerse que la velocidad es el factor de riesgo más común en los accidentes viales, así lo han documentado diversos estudios en nuestro país. De acuerdo con datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el 94 por ciento de los siniestros viales ocurren en las carreteras urbanas y suburbanas, por lo que se hace indispensable tomar las medidas necesarias para incrementar la seguridad no sólo de los usuarios, sino además de las personas que conviven en dichos lugares.

Sin embargo, iniciar el programa exclusivamente con las multas por exceso de velocidad no parece ser lo mejor en la ciudad de Morelia, y no es que no haya quién rebase los límites, aun con las calles llenas de baches y de topes, pero hay otras faltas que resultan más comunes: los cruces con luz roja, la conducción sin la licencia respectiva, las vueltas prohibidas, el uso de celular y la no utilización del cinturón de seguridad.

Empero, para implementar el programa de las fotomultas, el Ayuntamiento debe cerciorarse de que se cumple con los elementos básicos que, de acuerdo con la declaración de políticas para Asociaciones Públicas Privadas de la IRF, toda empresa para monitoreo debe incluir –además de los estudios necesarios para identificar los cruceros peligrosos con mayor incidencia de faltas a los reglamentos–que ninguna infracción debe ser levantada a menos que las evidencias de las posibles faltas sean verificadas por una autoridad certificada para hacerlo. Un tercero independiente de la empresa que preste el servicio de las fotomultas debe ser contratado para verificar o realizar inspecciones de rutina, calibrar los equipos y supervisar los procesos para alcanzar el desempeño deseado, y una campaña de comunicación en la que se difunda la garantía de que lo recaudado por encima de las cuotas establecidas para las entidades privadas será reinvertido solamente en otros proyectos relacionados con la seguridad vial.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada