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Lunes 4 de Diciembre de 2017
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“Nos preocupa que se está revirtiendo la tendencia, la superioridad o el control civil por encima de los mandos militares en una coyuntura en la cual los mandos militares han cobrado fuerza en términos presupuestales y de libertad de actuación y de aislarse la rendición de cuentas y actuar extralegalmente”: Denise Dresser, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al hablar sobre la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.

Y todo empezó con Cherán



Uno de los temas de mayor impacto en el proceso electoral local que se encuentra en desarrollo es el asunto indígena, del que debe estar más pendiente el gobierno michoacano.
Hay que tomar en cuenta que todavía hasta el proceso pasado, hablar de los indígenas en temas electorales se centraba en el tema de Cherán y Santa Cruz Tanaco.

Pero en año y medio se han generado diversas situaciones relacionadas con los grupos originarios que buscan ellos mismos administrar recursos públicos y hasta darse autogobiernos, en ciertos casos.

La Ley de Seguridad Interior no implica una militarización del país, quienes lo asumen así no la han leído en todo su alcance; el documento le da al Ejército un marco regulatorio en acciones plenamente justificadas ante la incapacidad de otras instancias.
La Ley de Seguridad Interior no implica una militarización del país, quienes lo asumen así no la han leído en todo su alcance; el documento le da al Ejército un marco regulatorio en acciones plenamente justificadas ante la incapacidad de otras instancias.
(Foto: TAVO)

De esa forma destacan los casos de Pichátaro, en el municipio de Tingambato; Santa Fe de la Laguna, en Quiroga, y en últimas fechas en Nahuatzen, mismos que deben estar en el análisis del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a cargo de Ramón Hernández Reyes.

Y bueno, la lista cuenta con cinco casos que deben estar en la agenda del gobierno michoacano, pero más en el responsable de la política interior, la que intenta dar gobernabilidad a la entidad, Adrián López Solís, y que tienen variables interesantes, como las siguientes:

1- Cherán tendrá como un elemento importante saber si los partidos políticos insistirán en cambiar el sistema de elección, o bien si asumirán con responsabilidad el mecanismo que desde 2011 se reproduce en aquel municipio.

El reto de la organización del proceso por medio de usos y costumbres pareciera que no tendrá mayores problemas, salvo aquel tema de los institutos políticos.

Además hay que considerar que los habitantes del lugar han manifestado su permanente rechazo a la instalación de las casillas, lo que podrá tener un efecto en la elección, en tanto que dicho municipio, como en el distrito del cual forma parte en lo local y que al igual que Nahuatzen pertenecen al distrito de Paracho.

Por lo tanto, con ello cabe la seria posibilidad de que se tuvieran dos municipios en que no se instalarían casillas, pudiendo afectar el desarrollo y los resultados en dicha circunscripción electoral.

2- Respecto del caso de Pichátaro, tenencia del municipio de Tingambato, en 2016 se logró que el Ayuntamiento les otorgara el recurso económico para su administración directa a través de una autoridad denominada Consejo Comunal. En tal caso no se ha determinado si existirá un cambio en la elección de la autoridad comunal con la intervención del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), o si el cambio de las autoridades será de forma directa en la propia comunidad.

Al igual que en el caso de Cherán, en esta tenencia de Pichátaro se ha manifestado por parte de la comunidad su rechazo a la instalación de casillas para la recepción de la votación, lo que podrá afectar a los resultados en el municipio de Tingambato, así como en el resultado distrital.

3- Respecto del caso de Santa Fe de la Laguna, tenencia del municipio de Quiroga, sobresale el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a mediados del mes de septiembre del presente año, emitió una suspensión de todos los actos relacionados con la transferencia de los recursos a la referida comunidad indígena, por lo que dejó en espera el cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y que estará sujeta a lo que la máxima autoridad jurisdiccional en el país determine sobre le resolución del órgano electoral local jurisdiccional.

Lo anterior ha generado una potencialización de la postura de la comunidad y han manifestado su rechazo absoluto para la instalación de casillas, el desarrollo del proceso electoral, el establecimiento de oficinas del IEM y la realización de precampañas y campañas, así como de todo acto relacionado con los partidos políticos.

4- En lo que respecta a Nahuatzen, durante dos años se visualizó un fuerte conflicto entre integrantes de la comunidad de la propia cabecera y el Ayuntamiento, en particular con la actual Presidencia Municipal, de extracción perredista, la cual ha estado sujeta a diversos conflictos y señalamientos con la relación con parte del crimen organizado, entre otros temas.

El caso está adquiriendo mayores grados de complicación en razón de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) reconoció a los habitantes de la cabecera la tipología de ser autoridad tradicional indígena.

Y por tanto, gozar del derecho a la libre determinación, que se traduce en el ejercicio directo de sus recursos sin pasar por el Ayuntamiento desplazando a la propia autoridad municipal en la responsabilidad de administrar los recursos públicos y obligando al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a realizar una consulta para la determinación de la transferencia de los recursos y la forma en la que se cumplirán las obligaciones en dicha región del municipio (la cabecera del mismo).

Sin embargo, en la presente semana, y siguiendo el camino que se dio en Santa Fe de Laguna, se presentó una demanda de controversia constitucional por parte del Ayuntamiento, en contra de la resolución del TEEM.

Esa determinación produjo que la máxima autoridad jurisdiccional en el país emitiera una suspensión que provocó que todo lo relativo a la trasmisión de los recursos públicos por parte del Ayuntamiento se suspendiera hasta resolver si es legal o no dicha resolución local.

Ello seguramente generará el encono de los habitantes de la cabecera, en tanto aquellos casos en los que se tiene el recurso financiero como motivo de conflicto se amplía el grado del mismo. Habrá que esperar a ver qué resuelve la Suprema Corte, en este caso para saber si se mantiene la transferencia de los recursos o no. Lo que puede tardar algunos meses.

5- En el mismo sentido, Nahuatzen está presentando otro elemento importante relativo a las solicitudes que se han presentado para cambiar el sistema de elección de partidos políticos al de usos y costumbres para elegir a su autoridad municipal.

En dicha petición se tiene por objeto saber si la comunidad acepta o no, mediante una consulta, si se cambia o no el método de elección de su autoridad.

En caso de que proceda el cambio, entonces se tendría que saber la forma de elegir a la autoridad y cuál sería la encargada de realizar los actos municipales, de lo contrario se seguiría mediante el modelo partidista.

Y en tanto, en la propia cabecera y algunas tenencias como Sevina y Arantepacua, entre otras, han manifestado su desinterés de que se instalen casillas y que se lleven a cabo actividades propias del proceso electoral, como precampañas y campañas.

De concretarse lo anterior, generará un problema mayor tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para el IEM ya que el reto para hacer que funcionen casillas en esas geografías está siendo muy complejo, principalmente por el tema de la inseguridad y las demandas indígenas, lo que sin duda producirá dolores de cabeza en los diversos órganos electorales.

Con sólo esos casos Michoacán tienen frente a sí un problema nada menor en el tema indígena. Si aunado a ello el tema llegará a explotar en otras regiones como la Costa, el Oriente u otras zonas de la Meseta, complicaría aún más el escenario de la elección local, que podría tener un impacto en las elecciones federales.

IEM, la lucha por los espacios



En la sesión pasada del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y en medio de un conflicto por espacios dentro del propio órgano electoral, dejando claro el interés de algunos integrantes del Consejo General por tenerlos más que por su responsabilidad, se aprobó un acuerdo para crear una comisión encargada de darle seguimiento a los trabajos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) desde el próximo mes y hasta el día de la elección.

Hay que recordar que dicho programa es el instrumento para que la sociedad conozca al momento cómo se están dando los resultados, en este caso en todo el territorio michoacano, casilla por casilla, en lo distrital, municipal y estatal.

De dicho órgano sobresale la participación del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, quien de forma muy rápida se incorpora a temas electorales, en funciones que quizá no son su fuerte pero que, por su capacidad y experiencia, seguramente aportará al proceso electoral local, o por lo menos eso es lo que se espera.

El punto será saber si su llegada al IEM no genera un ruido nacional y motiva que los principales actores del centro en materia electoral volteen a ver al IEM por la llegada del ex fiscal que todavía no tiene sustituto y ya está en actividades electorales.

Ley para defensores de derechos humanos y periodistas



Finalmente en el Congreso del Estado se dictaminó la Ley para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán.

Las comisiones unidas de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos aprobaron el dictamen que se espera se ha presentado la próxima semana en sesión plenaria de los diputados locales.
En el documento se plantean medidas de prevención: acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Además de acciones para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición; asimismo, medidas preventivas para evitar la consumación de las agresiones, al igual que otras urgentes para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del beneficiario.

Dentro de la propuesta se prevé un fondo estatal para cubrir la activación de las medidas de prevención, preventivas, de protección y urgentes de protección previstas, mismo que deberá ser constituido por el Titular del Poder Ejecutivo en un término de 90 días contados a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos estatal 2018.

UMSNH, un mes y nada



Se ha cumplido un mes de semiparalización de actividades en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por la falta de pago a trabajadores académicos y administrativos.

Y si bien han arribado recursos, éstos han resultado insuficientes para resarcir el problema en lo inmediato y seguirán esperando otras partidas en el transcurso de la presente semana.

Por lo pronto, los líderes de académicos y de empleados, Gaudencio Anaya Sánchez y Eduardo Tena Flores, respectivamente, deberán reconocer que equivocaron la estrategia de lucha.

Hasta la fecha no han logrado algo con manifestaciones, bloqueos y paros, ni denostando a las autoridades universitarias; vamos, ni siquiera con sus unilaterales pero fallidas gestiones.

Como se ve, los recursos necesitados no han aparecido por “arte de magia” en la máxima casa de estudios de la entidad, presidida por Medardo Serna González, debido a una serie de factores tanto internos como externos.

Lo cierto es que más de los empleados, de su dirigente, extraña que los profesores no hayan adoptado una actitud diferente, de solidaridad, para buscar realmente alternativas que reviertan la situación actual.

Mientras hay que esperar buenos resultados de las gestiones que realizan ante la Federación el propio rector Medardo Serna González y el gobernador Silvano Aureoles Conejo, no hay más.

MOLINO DE VIENTOS



1- Luego de que se diera a conocer que José Antonio Meade es el aspirante presidencial, en Michoacán el líder del PRI, Víctor Silva Tejeda, agilizó los trabajos internos partidistas rumbo a la designación de los candidatos a diputados locales y alcaldes que, como se sabe, la mayoría será por convención de delegados y otros por consenso…

2- Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial por Morena, culminó su recorrido por territorio michoacano presumiendo a los ex perredistas que se sumaron a su causa y no tocando de fondo algunos de los principales problemas del estado, no haciendo las críticas esperadas por muchos de sus seguidores.

3- La semana pasada hubo un receso mediático del Frente Ciudadano por México, pero en las capitales del país y de la entidad el gobernador volvió a subrayar la importancia del mismo para transformar a México y rechazó que lo vaya a abandonar; también volvió a dejar en suspenso la fecha para solicitar permiso al cargo, aunque no queda claro con qué objetivo.

SANCHO



A estas alturas los mexicanos están más preocupados por el Mundial de Rusia 2018 que por las elecciones presidenciales…

ROCINANTE



Ley de Seguridad Interior



Durante los últimos once años la lucha contra el crimen organizado en México y particularmente en Michoacán no se entendería sin la intervención del Ejército Mexicano.

Aún sin tener un marco regulatorio, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en diferentes puntos del territorio nacional para realizar la tarea que les correspondía a los cuerpos policiacos que, así lo muestran diversas evidencias, fueron no solamente rebasados por la capacidad logística, económica y de fuego de las bandas criminales, sino también gravemente infiltradas.

En los últimos tiempos los gobernadores michoacanos reconocen al Ejército por su aporte en esta batalla contra la delincuencia organizada, haciendo tareas que no le corresponden, pese a la exposición que eso representa al carecer de ese marco regulatorio que avale y dé certeza jurídica a sus acciones en ese campo.

Por ello, la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada por la Cámara de Diputados tiene ese objetivo, viene a dar certeza jurídica al Ejército en acciones que justifiquen su incursión ante la incapacidad de fuerzas policiales.

Hay que recordar que con el despliegue de operativos coordinados y encabezados por el Ejército y la Marina, Michoacán logró recuperar el control de la seguridad pública en sus municipios, luego de que la población civil se levantara en armas en febrero de 2013 para hacer la tarea de la Policía ante el asedio del crimen organizado.

Los grupos de autodefensa llegaron a propagarse por diversas comunidades en 36 municipios, de los 113 que tiene el estado, y eran ellos quienes brindaban seguridad a la población y combatían a los criminales.

En la única autoridad que confiaron fue en el Ejército y otras fuerzas federales, con las que un año después habían logrado desarticular a uno de los cárteles más peligrosos y sanguinarios que ha habido en México, con la captura o abatimiento de sus principales cabecillas.

En la práctica pues, el Ejército ha sido clave en esta lucha, pero no tenía el marco jurídico que avalara su accionar y eso derivó, incluso, en ataques y campañas mediáticas en su contra que terminaron lastimando a la institución.

La Ley de Seguridad Interior no implica una militarización del país, quienes lo asumen así no la han leído en todo su alcance; el documento le da al Ejército un marco regulatorio en acciones plenamente justificadas ante la incapacidad de otras instancias. Y, evidentemente hay preocupaciones en organizaciones de derechos.

El incremento del poder militar, mayores abusos, algunas críticas ven ese marco jurídico incompatible con tratados internacionales, pues dicen que continuar con una estrategia contra la delincuencia que no ha tenido del todo éxito no fortalece a los cuerpos policiacos y sí los hace dependientes y afecta la privacidad civil en comunicaciones.

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