Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Ley de Seguridad Interior
Miércoles 6 de Diciembre de 2017
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La semana pasada fue aprobado el decreto de Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados, y desde luego remitida al Senado de la República para complementar su trámite legislativo.

El asunto sobre la aprobación y en su caso publicación por el Ejecutivo federal de la ley en comento, levanta ámpula en distintos sectores de la población.

Diversas fueron las causas para hacer que las Fuerzas Armadas de México salieran a combatir el crimen, entre ellas la falta de capacidades y recursos en las instituciones de seguridad pública, la falta de coordinación y mando único entre las policías, y de conformidad con posicionamientos de diversos medios de comunicación la infiltración de organizaciones criminales.

Todos coincidimos en que deseamos que regresen la seguridad y la paz al país, toda vez que continuamos teniendo violencia, pero ello nos debe plantear que se debe ajustar el marco normativo a la no violación de los derechos humanos
Todos coincidimos en que deseamos que regresen la seguridad y la paz al país, toda vez que continuamos teniendo violencia, pero ello nos debe plantear que se debe ajustar el marco normativo a la no violación de los derechos humanos
(Foto: TAVO)

El objetivo en ese momento para legitimar y justificar la salida de las Fuerzas Armadas fue brindar seguridad a las personas, como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, para dar respuesta a la crisis de violencia e inseguridad que atravesaba México, la cual no se ha superado, ni la población siente esa tranquilidad. Michoacán fue de los primeros estados que vieron llegar cientos de militares a resguardar el orden y las instituciones.

Las Fuerzas Armadas han reposicionado su papel y, por ende, han desplazado a las policías en su función de brindar seguridad a las personas, tal como lo mandata nuestro marco jurídico constitucional; esta situación marca un antes y un después en el uso de las Fuerzas Armadas en México a partir de la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, quien declaró públicamente la guerra a las expresiones delincuenciales que se hacían llamar de distinta manera y que controlaban los territorios.

Es en este marco que se aprueba un proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior, donde politólogos y otros analistas políticos han expresado que esta ley aprobada en su Cámara Baja por el Poder Legislativo plantea mantener el estado de cosas que prevale en México, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como parte de la estrategia para combatir la violencia e inseguridad que aún vivimos los mexicanos y con ello se evita emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de seguridad pública en términos del mandato constitucional.

En días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó que dicho instrumento jurídico pudiera vulnerar el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, así como las libertades de las personas, debido a que se presentan en dicha ley distintos conceptos que son ambiguos, amplios y que no precisan sobre cuestiones tan importantes como diferenciar entre seguridad nacional y el concepto de seguridad interior, situación que genera una facultad sumamente discrecional, entre otras cosas que no generan transparencia por la ausencia del derecho humano a la información.

En su posicionamiento la CNDH también expresa, entre otras cuestiones, “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos, así como la transgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”, entre otras cuestiones que no precisan y que pudieran caer en el ámbito de la Seguridad Pública.

Los mexicanos sin duda requerimos de instituciones comprometidas con las personas para el logro del bien común, pero igualmente se requiere que las relaciones que se presenten entre autoridades y gobernados sean siempre en el marco del respeto de los derechos humanos, sus libertades y el respeto a la dignidad humana. La Ley de Seguridad Interior, en los términos en que se plantea, es poco probable que contribuya a la consecución de tales propósitos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa que la ley en comento cuenta con “varios contenidos debatibles, con lo cual la fortaleza institucional que se pretende quedaría en entredicho al igual que la certeza que se brinde a la sociedad”, que por otro lado es de interés del Estado.

De igual manera, abunda la CNDH expresando que “tal y como este organismo nacional lo ha expresado de manera reiterada, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde hace más de diez años. Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”.

Desde la sociedad civil organizada ya se levantan voces solicitando al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, que genere las instrucciones y se inicie, una vez aprobado el decreto que crea la Ley de Seguridad Interior, la revisión de constitucionalidad de dicho instrumento jurídico, y que de no hacerlo se generen las acciones judiciales correspondientes. La mencionada ley aún se encuentra en el marco del proceso legislativo, como ya lo comenté al inicio de la columna, toda vez que debe pasar por la revisión y aprobación del Senado de la República.

No es para menos que un instrumento de esta naturaleza pudiera constituir violaciones o afectaciones a los derechos humanos de las personas, toda vez que es el Ejército quien durante los últimos años ha generado violaciones a los derechos humanos como consta en las quejas y recomendaciones a las fuerzas castrenses, de ahí la importancia. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad sobre el marco jurídico en comento.

El Senado de la República, y en ello concordamos con el ombudsman nacional, deberá generar la más amplia participación, debate, la reflexión, de todos los actores políticos y sociales, toda vez que atañe a toda la sociedad conocer y ser consultada sobre estos instrumentos que son sensibles, sobre todo cuando se trata de que pudiera ser violatoria de derechos humanos y las libertades.

Todos coincidimos en que deseamos que regresen la seguridad y la paz al país, toda vez que continuamos teniendo violencia, pero ello nos debe plantear que se debe ajustar el marco normativo a la no violación de los derechos humanos en aras de atender este asunto de seguridad.

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