Gilberto Vivanco González
Ley de Seguridad Interna, militarización abierta
Viernes 15 de Diciembre de 2017
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Cuando Felipe Calderón tuvo la “gran” idea de mandar tropas militares por diversas zonas conflictivas relacionadas con el narcotráfico, iniciando por Michoacán, se dieron varias lecturas de ello: por un lado se percibía que era una acción desesperada para legitimarse dado el fraude que se ventiló contra López Obrador, por el otro, que no había confianza en los mandos municipales o estatales en lo que a seguridad pública se refería y al enorme poder que habían logrado las bandas delictivas; por lo tanto, se requería una acción que se suponía tendría que ser determinante; la verdad que pudieron ser ambas cosas, aunque a final de cuentas dos sucesos quedaron claros, 1) tal legitimación presidencial nunca ocurrió y, 2), la acción contundente antimafias tampoco dio resultado alguno porque el avispero nomás se provocó y trajo en consecuencia la diversidad de fechorías como secuestros, extorciones y agudización de la piratería que en momentos determinantes fortalecieron a los capos principales. La táctica de mandar al Ejército y a la Marina a patrullar ciudades o territorios no fue exitosa.

En tanto que la lucha contra los criminales parecía un juego de el gato y el ratón, se dieron hechos injustificables provocados por la milicia en varios puntos de la geografía nacional, donde quedaron huellas profundas por los abusos, los ataques sexuales, por la prepotencia y por los saqueos en la que participaron miembros castrenses, acciones que fueron repudiados por la sociedad civil, por Derechos Humanos, por Amnistía Internacional, en fin, por una multiplicidad de organismos a nivel local y mundial. La mayoría de los delitos quedaron impunes o sólo se castigó a chivos expiatorios. Por lo tanto, ¿qué beneficio trajo para México el que la milicia estuviera permanentemente en las calles?, ¿o fue tan exitosa que no importó el precio que la población pagara?

Dicha ley permitiría, por lo tanto, desactivar movimientos sociales tales como protestas, manifestaciones de gran impacto y todo lo que huela a antigobierno; incluso hay quien ha denunciado que pudiese tener el Ejército manga ancha ante cualquier sospecha
Dicha ley permitiría, por lo tanto, desactivar movimientos sociales tales como protestas, manifestaciones de gran impacto y todo lo que huela a antigobierno; incluso hay quien ha denunciado que pudiese tener el Ejército manga ancha ante cualquier sospecha
(Foto: Cuartoscuro)



Al existir voces sobre qué hacían en las calles los ejércitos y de la ilegalidad que incurrían porque no estaba soportado por la Constitución tal acción, se empezaron a descifrar dos caminos, el primero, que se regresaran a los cuarteles y que únicamente hicieran labores de investigación y ejecución ante denuncias formales o hechos evidentes, y el segundo, que se modificara la constitución para que “no estuvieran por encima de la ley”, a pesar de los reclamos populares; creemos que la respuesta determinante era que se ajustaran a las actividades que ya marcaba la ley, donde incluye su valiosa colaboración en casos de desastre como eficientemente lo han hecho, pero eso no fue suficiente para el gobierno federal ni para los legisladores, que son comparsa de ellos porque sacaron de la manga la Ley de Seguridad Interior, donde no sólo se contemplan acciones contra el narcotráfico y todo lo que depende de ello, sino que les dará o daría carta abierta para que actúen de inmediato en todo lo que ponga en riesgo la “estabilidad nacional”.

Dicha ley permitiría, por lo tanto, desactivar movimientos sociales tales como protestas, manifestaciones de gran impacto y todo lo que huela a antigobierno; incluso hay quien ha denunciado que pudiese tener el Ejército manga ancha ante cualquier sospecha para entrar a domicilios y liquidar cualquier brote de rebelión. En pocas palabras, los derechos humanos, la libertad de asociación, de expresión, bueno, hasta de pensamiento, serían trastocadas; quizá no de manera literal, pero es obvio que todo iría encaminado a un control total del Estado. Estaríamos hablando de un gobierno dictatorial cubierto con piel de oveja y avalado por la ley.

Al respecto, múltiples organismos han expresado su posición. Nadie que se crea pensante, respetuoso de las garantías individuales, pudiese avalar la tontería en ciernes; presentamos sólo de ejemplo la declaración de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum, que denunció: “Es inaudita la forma en que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de la sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos para la seguridad ciudadana del proyecto de Ley de Seguridad Interior. Las modificaciones propuestas no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares”.

La Comisión Internacional de los Derechos Humanos, por medio de Twitter, puntualizó: “Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país conforme a los estándares internacionales en derechos humanos”.

Gran número de académicos, de personalidades, empresarios, rectores universitarios, luchadores sociales y hasta estrellas del espectáculo como Diego Luna se han manifestado contra esta atrocidad, que por más ajustes o reconsideraciones que según están haciendo o van a hacer, nadie, excepto el propio gobierno, la ve con buenos ojos.

A esta hora que estamos escribiendo el presente artículo, ya por la tarde, aún no hay resolución final al respecto en el Senado; deseamos que exista la cordura, que no den armas a la sociedad para que más los repudie, que no hagan pensar que dicha ley también va dirigida a cuidarse las espaldas en las elecciones presidenciales del 2018 ante un posible fraude, de modo que anhelamos hagan eco de las palabras que más gustan al PRI, aunque en los hechos digan todo lo contrario: democracia y justicia social. ¿O a poco sólo es un slogan? Muchos pensamos que sí, ojalá no equivocáramos.

Simón Bolívar exclamó: “Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”. En tanto Napoleón Bonaparte con agudeza sentenció: “Sin justicia sólo hay divisiones, víctimas y opresores”. ¿De qué lado deseamos estar?

Sobre el autor
Nació en Zinapécuaro Michoacán (1961) Profesor de Educación primaria (E.N.V.F.); Licenciado en Ciencias Naturales (E.N.S.M.); Maestría en Investigación Educativa y Docencia Superior (IMCED). Excatedrático y exdirector de la Normal Rural de Tiripetío; Ex director y excatedrático de la Escuela Normal Urbana Federal, catedrático del IMCED. Diplomado en Administración de Escuelas Superiores (IPN)
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