En las campañas electorales se suele cometer el pecado de convertirse en demasiado esquemático o incluso superficial en el discurso. Ello puede ser atribuible a una economía comunicacional por parte de los candidatos, quienes en poco tiempo deben penetrar entre el electorado. Por ello es que quizá cierto círculo de ciudadanos, con un elevado acceso a información, se suele sentir decepcionado por la ausencia de exhaustivas exposiciones de causas y efectos en las propuestas que se vierten durante el proselitismo.
Sin embargo, la ligereza con la que se vierten plataformas políticas y propuestas en los procesos electorales no significa que quienes se encuentren en la lucha electoral deban mentir a los ciudadanos. En buena medida el descontento social que prevalece entre los mexicanos hacia el régimen democrático tiene su razón de ser en la falta de ética con la que actúan quienes aspiran a puestos de representación y que, con tal de alcanzarlos, falsean información.
No se trata de un improvisado, tampoco es un hombre que comience en su andar por la vida política; es nada más y nada menos que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de garantizar un ingreso mínimo al productor agrícola de tres mil pesos por tonelada de cultivo, tuitea: “Si ahora la tonelada de maíz está en 2,200 ($ 2.20 el kilo) y la tortilla en $14 pesos el kilo, ¿qué pasará con el precio de la tortilla si el gobierno aumenta el precio del maíz a $3,300 la tonelada? Obviamente su precio aumentaría para mayor sufrimiento de los pobres…”.

(Foto: Cuartoscuro)
Un tuit tiene una cantidad limitada de caracteres, pero en ese brevísimo espacio de letras y símbolos Calderón Hinojosa vertió al menos dos engaños. El primero de ellos es que el precandidato presidencial de Morena ha propuesto no la elevación del precio de los cultivos, sino la garantía de un ingreso mínimo a los agricultores. La diferencia entre el precio de un producto y el ingreso de quien lo vende se puede encontrar en diversas variables, entre ellas los subsidios que muchas economías desarrolladas del mundo transfieren hacia los productores de las zonas rurales, a quienes se les garantiza una condición mínima de bienestar por el solo hecho de proveer de bienes y servicios básicos a los habitantes de las zonas urbanas, situación que en última instancia poco impacto tiene sobre el precio de las mercancías.
Un segundo engaño es que por años el precio de la tortilla no ha presentado asociación con el precio del maíz, su insumo principal. Esto ocurrió, por ejemplo, entre 2013 y 2014, en que el maíz había alcanzado un máximo histórico en su precio, llevando a un alza generalizada en el valor de la tortilla. Para el año siguiente el precio del maíz decreció, provocando movilizaciones de campesinos en muchos lugares del país sin que esto haya impactado en el precio de la tortilla, el cual quedó en los niveles del año anterior.
Los mercados del maíz y la tortilla no funcionan en condiciones de competencia perfecta y el gobierno de Calderón, al igual que el de los otros regímenes neoliberales, no ha hecho nada por regularlo. Dos compañías –Maseca y MINSA– concentran tres cuartas partes del mercado de maíz, lo cual equivale a algo así como a doce millones de toneladas de maíz blanco destinadas a la comercialización, de las 22 que se producen en el país.
La literatura sobre el manejo monopólico que hacen ambas compañías sobre el mercado del maíz y la tortilla es abundante y ha podido documentar prácticas como la importación masiva del grano en la temporada de cosechas para empujar el precio del insumo a la baja, afectando con ello a los productores.
Por ello es que la aseveración de Calderón en su cuenta de Twitter no sólo es una ligereza, injustificable pese a que su esposa se encuentre en campaña, sino que también es una declaración irresponsable, considerando que en su administración nada hizo por poner orden en el mercado alimentario, que sigue castigando a productores con precios bajos y a consumidores con elevados costos de alimentos, todo en beneficio de los intereses de los oligopolios.
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