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Lunes 25 de Abril de 2016
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Justicia penal, en la antesala
Justicia penal, en la antesala
(Foto: TAVO)

“Se ven muy bonitos ahí sentados. Como un mar de sonrisas, un mar de cabezas bellas. En realidad ustedes son los recipiendarios de este premio porque ustedes son quienes me la conceden”: Elena Poniatowska, escritora, al recibir la Presea Gertrudis Bocanegra que otorga cada año el Cabildo de Pátzcuaro.


Justicia penal, en la antesala



El 9 de mayo deberá quedar implementado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado, apenas rayando el plazo máximo otorgado por la norma para tal efecto en todo el país. Michoacán, con Lázaro Cárdenas y Apatzingán, estará dando su último paso y tendrá que iniciar la etapa de seguimiento y evaluación que, a decir de los expertos, son etapas aún más trascendentes que la propia implementación.

Después de varios tropiezos, dos en concreto, por los cuales se tuvo que suspender el inicio en vigor del sistema en los tiempos de Fausto Vallejo causados particularmente por el entonces procurador Plácido Torres Pineda y el entonces secretario de Seguridad Pública Elías Álvarez, aduciendo que no estaban sus respectivas instituciones preparadas adecuadamente, finalmente con Jara, casi al terminar su periodo, se hicieron las puestas en marcha de las regiones de Morelia, Zitácuaro y Uruapan.

Es claro que la inestabilidad de los gobiernos ejecutivos en turno afectó el proceso de implementación del sistema, razón por la cual fue un acierto que quien condujera este proyecto fuera el Poder Judicial, que tiene mayor fortaleza institucional.

Sin embargo, pese a esto, aún en el Poder Judicial tuvieron que sortear dificultades como la falta de recursos, que a la fecha ha sido pernicioso porque no ha podido concluir obras en todas las regiones y la propia Procuraduría ha tenido que habilitar urgentemente espacios más o menos adecuados para este tema.

La Defensoría de Oficio y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas son de las instituciones operadoras más débiles que han tenido que hacer de todo para poder allegarse un poco de recursos, teniendo pendiente de completar sus plantillas de personal, lo que no se ve que ocurra en el año que corre.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene pendiente la capacitación de casi ocho mil elementos y no se ve que vaya a contar con ese requisito en mayo, como está previsto a nivel nacional.

Pese a todo, el Nuevo Sistema va y lo que sí debe valorarse es que hay voluntad política de los tres poderes para cumplir con el compromiso.

El asunto de los recursos económicos será algo que la Legislatura y el Ejecutivo tendrán que tener en cuenta para el próximo Ejercicio Fiscal si no quieren que los operadores del Nuevo Sistema se saturen apresuradamente.

Por lo que ve al órgano implementador, se aprecia que está operando coordinadamente con todos y desahoga los compromisos conforme a los escasos recursos con los que cuenta.

Aunque tarde, los diputados ya se incorporaron y ello asegura que el Congreso tenga mejor observación del desarrollo de este tema tan importante en la entidad.

Sólo falta que tomen nota de las modificaciones legales que deban hacerse en breve para mejorar el marco normativo y recepción de lo que a nivel federal se está anunciando que habrá de aprobarse en los próximos meses.

UMSNH, otra mancha más…



Lo que faltaba. Si de por sí el tema del financiero de la Casa de Hidalgo está llegando a un límite insostenible, con el tema de las pensiones y jubilaciones en el centro de la discusión, muy seguramente a partir de esta semana el asunto adquirirá un tono distinto, y muy probablemente las posiciones de cada actor tendrán que reorientarse.

Todo lo anterior a partir de la sentencia que la semana pasada emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En primer lugar porque es un tema que solamente se le están dando largas, pero de manera artificial, más aún si alguien creía que la presión económica, al igual que el año anterior, vendría en la parte final de este año, seguramente se pueda equivocar y se alargue un par de meses.

Si de por sí el gobierno estatal en parte se mostraba un poco a la distancia, seguramente ahora entrará con mayor énfasis a la negociación, todo indica que no le queda de otra, y más ahora que la Suprema Corte le obliga a transferir recursos a la Universidad para garantizar la gratuidad de la educación superior.

Y es que ahora aquella medida que para muchos fue populista en los tiempos del ex gobernador Leonel Godoy Rangel se vuelve contra las deterioradas finanzas estatales, pues desde aquel entonces, más allá del mero reconocimiento constitucional, nada más se les olvidó el detalle de generar las condiciones para garantizar esos recursos económicos a la Universidad.

En esa lógica, ya con el precedente del asunto impulsado por el profesor Jorge Álvarez Banderas, de la Facultad de Derecho, de la propia máxima casa de estudios, seguramente con mayor confianza más de un estudiante el próximo ciclo escolar argumentará que no se debe pagar la cuota de inscripción, lo que implicará una entrada de recursos importante a la Universidad. Más aún, por congruencia ni siquiera se debería intentar el cobro.

De esta forma es claro que la falta de recursos, aunado a los que dejarán de ingresar por la cuota de inscripción en el próximo semestre –y que no está muy lejos– ponen a la Casa de Hidalgo en un predicamento, al igual que al gobierno estatal al tener que cumplir con su obligación.

Y en ese sentido, deberían los sindicatos universitarios, el de empleados y académicos, reflexionar hasta dónde quieren llevar el tema, y es obvio que en caso de una modificación al esquema de pensiones y jubilaciones sería de aquí para adelante sin trastocar derechos adquiridos para ir derribando falsas banderas.

Y falta a ver qué dicen sobre eso de la gratuidad otros sistemas educativos técnicos de niveles medio superior y superior, porque donde la Constitución local no distingue, no cabe hacer distinción alguna, por lógica hasta no jurídica.

INE en el banquillo



Aun cuando no fue el tema de la conferencia que se dio en el marco del Aniversario de la Facultad de Derecho, de la Universidad Michoacana –con el auspicio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), a cargo del magistrado presidente Alejandro Rodríguez Santoyo–, en el ambiente gravitaba el tema de la candidatura a gobernador de Zacatecas de David Monreal.

Y es que el ponente invitado, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Flavio Galván, fue quien elaboró el proyecto inicial de sentencia en la que confirmaba la negativa de darle el registro a Monreal, proyecto que sólo encontró el apoyo de su par María del Carmen Alanís, mientras que el resto votó en contra y otorgó el registro, no obstante que el aspirante 34 días después del plazo entregó su reporte de gastos de precampaña en ceros.

Por eso, ya en el ámbito jurídico electoral, las autoridades correspondientes empiezan a tomar con calma eso de las temporalidades, por aquello de solicitudes extemporáneas para registrar partidos políticos locales.

Pero regresando al tema. Tal sentencia puso en entredicho al Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, salió a cuestionar el sentido de la sentencia, señalando que se ponía en un predicamento el esquema de fiscalización de las precampañas.

Es cierto, lo planteó en un sentido de la necesidad de deliberar sobre las sentencias en el contexto de un verdadero Estado democrático, pero de que no cayó bien la sentencia, ni duda cabe. Y a ello después salió el presidente del TEPJF, Constancio Carrasco, justificando el sentido de la resolución de la mayoría.

Lo cierto es que más allá de los argumentos en favor y en contra, lo inédito fue el intercambio epistolar mediáticamente hablando de los dos árbitros electorales, entre los principales titulares del INE y del TEPJF.

Martín Godoy, pintar raya



En la última semana, el procurador del estado, Martín Godoy, volvió a padecer los fantasmas de su pasado reciente tras la serie de acusaciones que le hizo el llamado líder de Los Viagras, Nicolás Sierra Santana.

Si bien los dichos de un presunto delincuente deben ser tomados con toda la reserva, también queda claro que muchos de los señalamientos sobre el actuar del fiscal michoacano deben circunscribirse en la política federal que se implementó durante la gestión del entonces titular de la llamada Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

Por ello es necesario que el procurador Godoy Castro reflexione y analice si ya llegó el tiempo de deslindarse de Castillo, de salirse de su esfera de influencia y pintar su raya frente a las decisiones del ex comisionado federal.

Ayotzinapa, postura silvanista



De manera inesperada, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se subió al debate respecto a la llamada verdad histórica sobre los hechos de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sin duda alguna el mandatario estatal puso los pelos de punta a los integrantes de su administración cuando secundó la versión del gobierno federal que indica que los normalistas fueron asesinados por el crimen organizado.

El mandatario aseguró que a los normalistas de Ayotzinapa los desaparecieron los narcotraficantes. Además, dijo, existe un intento por culpar a las instituciones del Estado mexicano en este caso. Así lo dijo durante la inauguración de la primera sesión ordinaria en la Conferencia de Procuradores de Justicia Zona Occidente.

Ahí mismo, la procuradora de la República, Arely Gómez, resaltó esta necesidad de implementar un protocolo homologado para atender las desapariciones. También dijo capacitar a los elementos de las corporaciones en materia de derechos humanos.

La postura del mandatario michoacano es contraria a la que ha manejado todo este tiempo su partido político, el de la Revolución Democrática (PRD), e incluso ya mereció las críticas de ese contestatario y eterno opositor, Fernández Noroña, entre otros.

Sin embargo, los dichos del ex senador no faltan a la realidad, ya que el terrible caso de Ayotzinapa ha sufrido tal nivel de manoseo político innecesario, que todo mundo se ha montado en ese hecho para obtener beneficios de todo tipo.

Por ello es lógica la postura del jefe del Ejecutivo michoacano, pues ciertamente, es necesario que se siga una línea de investigación más certera sobre lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Seguridad, sin medias tintas



En Michoacán se han emprendido diversos esfuerzos, acciones, programas y estrategias para combatir a la delincuencia y preservar la seguridad en las regiones del estado.

Por lo menos en los últimos diez años han sido muchas las acciones para hacer frente a las diversas organizaciones que se han disputado a sangre y fuego la ruta del trasiego de la droga.

Desde el uso (y abuso) de la fuerza en la época del presidente Felipe Calderón Hinojosa, hasta la descomposición institucional en los dos últimos gobiernos en el estado, donde cantidades ingentes de dinero, recursos materiales y pérdidas humanas se ha arriesgado para que Michoacán recupere la paz y la estabilidad.

Sin embargo, a pesar de todo ello, las acciones de seguridad no estuvieron jamás acompañadas de un frente social, que diera paso a la reconstitución del tejido social, y esa es la intención que mantiene el actual gobierno michoacano y es que pone en práctica efectúa en forma focalizada.

Un ejemplo de lo anterior al menos es el caso de la comunidad de Cenobio Moreno, situada a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Apatzingán, en la cual el cártel de Los Viagras tenía su principal base social y que fue desarticulada con el arribo de un impresionante operativo de la fuerza pública, pero acompañada de acciones sociales.

Sin embargo, esas acciones deben estar a la par e ir más allá de las que se implementan en materia de seguridad: coordinación Federación-estado, conformación de Mando Único, infraestructura y equipamiento, el diseño e integración de una nueva Policía Estatal, operativos de inteligencia, así como la desaparición de las fuerzas rurales y ciudadanas y de las autodefensas.

A pesar de las últimas manifestaciones de parte de la delincuencia, que demostró su capacidad de organización y su resistencia a perder sus privilegios, también quedó claro que no se trata del poder que contaban en antaño.

Molinos de vientos



“Los partidos políticos tradicionales perdieron sus bases, sus principios inicial y en lugar de ser institutos de los ciudadanos con función equilibrarte del poder y defensa de la división de poderes se han convertido en socios del poder y de sus intereses, porque no señalan ni denuncian la corrupción y el incumplimiento de las obligaciones de los poderes del Estado, que ha provocado la desintegración social y la desconfianza en las instituciones de gobierno”: Parte del pronunciamiento del proyecto de un nuevo partido político, el Michoacano Progresista, que oficialmente ya inició su registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Sancho



Más importante que la creación de una comisión especial congresista para ver particularidades de la deuda pública del estado, es la postergada autonomía a la Auditoría Superior de Michoacán…

Rocinante



La reciente explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con lamentables pérdidas humanas, ha puesto a debate, de nuevo, la viabilidad de la Reforma Energética; sin embargo, hay que acotar que ese caso no es el único, con ese ya van tres en la misma planta.

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