Derecho a qué…

Los políticos y sus iusmonólogos

Salvador Molina Navarro

El estado ha emprendido una lucha para negar la legalidad y el derecho
(Foto: TAVO)

Ahora está en la boca de varios líderes políticos y partidistas el tema de la liberación de José Manuel Mireles Valverde, señalan lo doloroso que es para este personaje mantenerse privado de su libertad y disminuido en su salud por decisiones políticas que dirigen o delimitan las decisiones judiciales, pues del expediente se advierten serias contradicciones, deficiencias y violaciones que, sin duda, resultan suficientes para sostener una libertad inmediata, tanto de José Manuel Mireles Valverde, sus escoltas y los más de 380 autodefensas que se mantienen presos, presos con toda su ideología, presos con toda su pobreza, presos con su impotencia, presos con el peso absoluto del Estado o, mejor dicho, de las personas que usan el poder para sus fines personales.

Ha sido ya evidenciado en demasía que en el acervo procesal existen pruebas contundentes para determinar la libertad absoluta de los justiciables, pero también el Estado, en diferentes momentos ha dado visas de sobreponer la política ante el derecho y la justicia, la legalidad, hay situaciones tan visibles como el hecho de que un peritaje sobre armas y drogas fue emitido al menos una hora antes de que a los expertos les entregaran las supuestas armas y droga, y más temas de esta naturaleza reflejan el efecto corruptor que plaga el expediente, de las violaciones al debido proceso y al acceso a una justica imparcial.

El estado ha emprendido una lucha para negar la legalidad y el derecho, no a Mireles, sino a lo que representa; el gobierno quiere fulminar toda posibilidad de que en el ciudadano nazca la idea de liberarse del crimen organizado, de que la idea de corregir los errores y realizar las omisiones del Estado sea posible desde una sociedad organizada, la idea de que el ciudadano puede luchar en contra de los abusos, de los salarios mínimos, del aumento desmesurado y desproporcional de los insumos, de la falta de empleo y de la situación que impera, el gobierno no quiere héroes civiles, para esos están sus discursos y programas sociales, el gobierno quiere ciudadanos de Facebook, ciudadanos a modo, sin trascendencia.

Sentado lo anterior, entonces pregunto: ¿qué lectura debemos dar a los posicionamientos recientes?, como entender que más de un partido político tome sin cuartel la bandera de la justicia, no la justicia social, esa no se necesita, se exige la justicia, la de la ley, la de la Constitución, la de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la legalidad y el derecho imparcial, la justicia de los tribunales, el valor civil, profesional y ético de los jueces, esa justicia basta para liberar a Mireles, sus escoltas y los más de 380 autodefensas presos, cómo entender a los líderes políticos que se muestran preocupados por un encarcelamiento injusto, cómo entender cuando alguien se muestra preocupado y propone promover figuras jurídicas como el indulto, cuando no es el momento procesal oportuno para eso, cómo entender cuando alguien acude con cámaras y bombos y platillos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer una queja contra la dilación procesal, cuando esas violaciones a los derechos humanos deben atacarse con los recursos procedimentales de ley pues las comisiones de derechos humanos, por ley, son incompetentes cuando el acto de queja deviene de un proceso penal; cómo entender los avisos públicos, demasiado públicos, para buscar este resultado con acciones que son innecesarias e intrascendentes para la legalidad.

Si en verdad se busca liberar a los autodefensas, a todos, está en sus manos, se encuentra vigente en el Senado de la República la Ley de Amnistía, ¿por qué no comprometerse a buscar la unanimidad del grupo parlamentario en ambas cámaras para votar en favor de esta ley, en lugar de llevar el tema a la Copecol o seguir haciendo ayunos?, esta ley de amnistía dará la libertad inmediatamente y sin necesidad de sentencia a los autodefensas pues sobreseerá el proceso penal, sin necesidad de esperar una resolución definitiva, sino que al provocarla la inimputabilidad el interés público quedará desvanecido y, por ende, sobreseído el asunto.

Para formar esta ley se hizo una exhaustiva investigación de cada uno de los beneficiados para sustentar con un expediente personal la autenticidad de sus acciones como autodefensa, quedando excluidos los llamados perdonados o infiltrados, todo esto quedó en manos de los senadores quedando la discusión en comisiones, pendiente para su aprobación.

También está la figura jurídica del desistimiento de la acción penal por parte de la procuradora general de la República, que incluso se llegó a concretar en diversas causas penales de autodefensas hasta antes del 10 de mayo de 2015, con lo que también se provocaría el sobreseimiento de la causa penal y la libertad de los autodefensas.

En estas dos opciones existe un camino legal y rápido para poder liberar a Mireles y sus compañeros de lucha, pero entonces, no habrá medallas que lucir, no habrá noticia que protagonizar, sólo habrá justicia y legalidad por hacer, eso, eso no resulta llamativo, eso no da frutos para la siguiente elección, al final del día a quién le importa, entonces la siguiente generación, solo vemos y asediamos la siguiente elección.