Ramón Guzmán Ramos
El fantasma de Nochixtlán
Sábado 27 de Enero de 2018
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El 19 de junio de 2016 unos 800 policías federales y estatales irrumpieron con violencia en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, para desalojar a maestros de la CNTE y habitantes de ese lugar del bloqueo que tenían sobre la carretera que pasa por allí. La jornada de lucha que la CNTE había emprendido ese año a nivel nacional parecía hallarse en un callejón sin salida. La Secretaría de Gobernación había cancelado de manera indefinida la mesa de diálogo con los maestros inconformes. Unos días antes, el 11 de junio, fue aprehendido Francisco Villalobos, secretario de Organización de la Sección XXII de la CNTE, en la región del Istmo de Tehuantepec, y en la madrugada del 12 de junio, cuando salía de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, fue detenido en la Ciudad de México el secretario general, Rubén Núñez. Eran indicios de que el gobierno no estaba dispuesto a negociar con los maestros en movimiento y que, a cambio, la respuesta sería una escalada intensa y progresiva de represión violenta.

Las movilizaciones del magisterio rebelde se mantenían sin tregua en al menos cuatro estados de la República: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, y con indicios de expandirse a otras entidades. En Oaxaca, de manera particular, las acciones se radicalizaron con bloqueos de carreteras en varios puntos del estado, lo cual provocaba enfrentamientos directos con las fuerzas policiacas. Dos días antes de los hechos trágicos de Nochixtlán se había dado una confrontación que duró al menos cuatro horas en el acceso principal a Salina Cruz, bloqueo que fue desalojado a la fuerza por la Policía. El gobernador de entonces, Gabino Cué Monteagudo, quien había sido postulado por la coalición formada por el PAN, el PRD, el PT y MC, y que al dejar el cargo fue acusado por un desfalco de 30 mil millones de pesos de recursos públicos durante su gestión por el Congreso local, solicitó al gobierno federal ayuda para sofocar las manifestaciones. Esa ayuda le llegó con cientos de policías federales dispuestos a acabar como fuera con el movimiento. A los gobiernos estatal y federal les preocupaba sobremanera, además, que el movimiento del magisterio estuviera rompiendo el cerco de su aislamiento y estuviera recibiendo apoyo activo de comunidades, poblados y otros sectores de la sociedad, y que pudiera extenderse al resto del país. Por eso decidieron dar ese golpe de muerte.

El 19 de junio de 2016 unos 800 policías federales y estatales irrumpieron con violencia en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, para desalojar a maestros de la CNTE y habitantes de ese lugar del bloqueo que tenían sobre la carretera que pasa por allí.
El 19 de junio de 2016 unos 800 policías federales y estatales irrumpieron con violencia en el poblado de Nochixtlán, Oaxaca, para desalojar a maestros de la CNTE y habitantes de ese lugar del bloqueo que tenían sobre la carretera que pasa por allí.
(Foto: Especial)



El 19 de junio, en Nochixtlán, los policías usaron armas de fuego, gas lacrimógeno y balas de goma contra maestros y pobladores. Arremetieron contra la gente que se hallaba en el bloqueo y contra cualquiera que se encontraran a su paso. Los manifestantes opusieron resistencia defendiéndose con lo que encontraban a la mano pero no pudieron contra las balas de goma y las balas de plomo, contra los toletes y los escudos. La Policía ingresó a casas y escuelas para sacar a los manifestantes que se refugiaban a fin de someterlos a golpes y llevárselos detenidos. Hubo al menos ocho muertos y más de 50 lesionados, además de 23 detenidos, entre éstos, 18 personas que se hallaban en un cementerio cercano preparando un entierro. El terror que provocaron entre la población era parte del plan. Se trataba de dar un escarmiento para disuadir a quienes se estaban agregando a la solidaridad activa hacia el magisterio. Pero entonces la masacre generó una oleada de indignación entre amplios sectores de la sociedad mexicana. Amnistía Internacional exigió el esclarecimiento de los hechos y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el ataque. El 21 de junio la Secretaría de Gobernación anunció que para el día siguiente se sentaría a dialogar con la CNTE. Surgen de manera natural las preguntas: ¿Por qué no antes?, ¿por qué esperar hasta que el conflicto escalara y la confrontación llegara a esos límites?

Nochixtlán es ya el nombre de un evento emblemático que nos habla de lo que puede ocurrir cuando las posiciones en conflicto se polarizan y el gobierno sustituye el recurso del diálogo por el uso de la fuerza pública. Y es también la expresión violenta del temor que suele sobrecoger al gobierno cuando un movimiento da indicios de que puede rodearse de la solidaridad de otros sectores de la población y multiplicarse sin control. En Michoacán el conflicto entre el gobierno estatal y los trabajadores del sector educativo ha escalado hasta llegar a una situación en que no resulta descabellado pensar en el fantasma de Nochixtlán. Esta semana que termina, la confrontación con la CNTE ha colocado al conflicto en esa ruta.

Los profesores y empleados de los distintos niveles y modalidades educativos se movilizaron desde noviembre del año pasado por el pago puntual y completo de sus salarios y las prestaciones de fin de año, además de otros requerimientos de carácter administrativo. Hubo intentos de coordinar y sincronizar las acciones de los distintos sindicatos involucrados en el conflicto, pero al final cada uno decidió caminar por su cuenta. En el último tramo han quedado sólo dos contendientes: el gobierno estatal y la CNTE. En una asamblea plenaria de secretarios generales y representantes de centros de trabajo la CNTE acordó estallar un paro indefinido de labores y la toma, también por tiempo indefinido, de las vías del ferrocarril. El gobernador Silvano Aureoles Conejo amenazó con tomar medidas de fuerza y enviar a quienes sorprendiera en las vías a penales de otros estados. El lunes 22 dio inicio la confrontación. Con el desalojo violento por parte de la Policía de las vías en Tres Puentes de Morelia y la detención de más de 30 maestros dio inicio la escalada represiva que aún no termina. El martes 23 otro operativo procedió a desalojar la toma de las oficinas centrales de la SEE, con nuevos detenidos, entre los que se encuentra Alejandro Echevarría Zarco, El Mosh, ex integrante del Consejo General de Huelga de la UNAM y cuya figura ha sido utilizada por el gobierno y varios medios de comunicación para inventarse por fin al instigador plenipotenciario de la desestabilización por la que pasa la entidad. Por cierto que acaba de ser trasladado, junto con otros maestros, al Cereso de Mil Cumbres, donde se le seguirá proceso por delitos que están mucho más allá de su mera presencia circunstancial en el lugar de los hechos.

El miércoles 24 se produjeron más desalojos violentos con nuevos detenidos y lesionados en las vías de Caltzontzin, tenencia de Uruapan, así como en San Felipe de los Alzati, en Puruándiro y en Pátzcuaro; el jueves 25 les tocó el turno a los maestros de Lázaro Cárdenas y este viernes en la madrugada a los de Múgica. Hay que decir que en todos los casos los operativos policiacos se han olvidado de los protocolos de advertencia. Los policías llegan sin mediar diálogo, repartiendo golpes y agarrando a quienes se encuentran a su paso, a veces a personas que no son maestros y que nada tienen que ver con el conflicto; persiguiendo y aprehendiendo a quienes se refugian en casas y negocios. El gobierno parece no estar dispuesto a cambiar de actitud y darle lugar al diálogo. En el fondo de todo el problema está la exigencia legítima de los maestros de que se les pague lo que se les debe. No había necesidad de que el conflicto escalara a estos niveles. Y por el otro lado, la CNTE tampoco está dispuesta a desactivar su plan de acción y emprender el repliegue. De hecho, en algunos puntos de donde fueron desalojados han vuelto a tomar las vías, ahora extendiendo las acciones a tomas de carreteras. Y ahora también con la solidaridad y el apoyo activo de comunidades y organizaciones sociales.

El fantasma de Nochixtlán se asoma en los territorios convulsos de Michoacán. Sólo hay un modo de conjurarlo y volver a la tranquilidad: con una mesa de diálogo donde se sienten las partes a encontrar la solución más adecuada, la que sea legítima, la que se apegue a la razón y a la justicia. Toca al gobierno instalarla y abrir las puertas.

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