En México sí se prioriza

Estrellita M. Fuentes Nava

Sostener el aparato de la oficina de la Presidencia nos ha costado en cinco años 18 mil 520 millones de pesos a los mexicanos, además de que la constante en cada año ha sido que se gasta más de lo que aprueba el Congreso de la Unión, ya que lo excedido en dicho periodo fue de seis mil 748 millones de pesos. En 2016, por ejemplo, siendo que el Congreso aprobó mil 820 millones de pesos para la oficina del Ejecutivo federal, al término del año lo gastado fueron tres mil 661 millones (101 por ciento más) (Reforma, viernes 9 de febrero de 2018).

Podría pensarse que se trata de la seguridad del primer mandatario, puesto que el Estado Mayor Presidencial, con los 457 millones aprobados, así como el transporte aéreo presidencial con 402 millones, erogaron en realidad 900 millones de pesos cada uno, pero a ello también se suma el gasto de la Coordinación General de Administración de la Presidencia, que gastó 975.2 millones de pesos.

A estos casi cuatro mil millones de pesos de la Presidencia durante 2016 se suma el gasto en comunicación social. De acuerdo con análisis realizados por organizaciones independientes, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en publicidad cuatro mil 779 millones 640 mil 801 pesos sólo de enero a noviembre de 2017, es decir, catorce millones 310 mil 301 pesos por día o 596 mil 262 pesos por hora. Estamos hablando de un aproximado de ocho mil millones de pesos en números redondos como cifra total en sólo un año lo que se mueve en la Presidencia.

Lo triste del caso es que mientras el gasto corriente de la oficina del Ejecutivo aumenta con respecto a lo que les aprueba el Congreso, en el desarrollo social disminuye. En un análisis que publicó el periódico Reforma el pasado 7 de febrero, reporta que de los diez programas considerados en los anexos del Informe de Finanzas Públicas presentado por la Secretaría de Hacienda, el que más recursos dejó de ejercer durante 2017 fue el orientado al desarrollo rural, ya que de sus 318 mil 906 millones de pesos aprobados, se ejercieron 292 mil 749 millones, con un subejercicio de 26 mil 157 millones de pesos. Y aún hay más: se dejaron sin ejercer once mil 277 millones para promover el uso de tecnologías y combustibles limpios, cuatro mil 517 millones a la atención de niños, niñas y adolescentes, cuatro mil 716 millones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, dos mil nueve para la mitigación del cambio climático, y algunos otros más.

Y siendo que estos antecedentes nos deberían servir para poder replantear de nuevo el Presupuesto de Egresos para este 2018 y reorientar el gasto, la realidad es que ello es una misión imposible: la Cuenta Pública 2017 la conoceremos a finales de abril de 2018, siendo que el presupuesto 2018 se aprobó a finales del año pasado. Y peor aún, la fiscalización de 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación se dará a conocer hasta 2019. O sea que tenemos dos años de desfase. De hecho en estos días apenas la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el desvío de tres mil 855 millones de la Sedatu hacia universidades y cuentas bancarias aún sin identificar… pero de 2016.

Este sistema presupuestario les ha venido muy bien a los del círculo del poder, entre los que se incluyen a los nuevos ricos ex gobernadores y a los empresarios de medios que facturan miles de millones año con año
(Foto: TAVO)

Los aproximadamente ocho mil millones de los que dispone el presidente y su oficina (entre el gasto operativo y la nómina más lo destinado a comunicación social) equivalen a casi el mismo presupuesto que tiene actualmente Relaciones Exteriores o la Secretaría de Economía, el doble de lo que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Secretaría de Turismo, y cuatro veces más de lo que se destina para la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Energía. También equivale a casi el doble de lo que se dejó de ejercer para pueblos indígenas en 2017 o para la atención de los niños, niñas y adolescentes, y qué decir del combate al cambio climático: es cuatro veces más (es decir que vale más publicar un spot oficial que una acción para que no acabemos fritos por el sobrecalentamiento global).

Y podría decirse que la culpa la tiene el Congreso, y quizá en parte sí sea cierto, pero desafortunadamente cuando a ellos les llega el proyecto del presupuesto, el 90 por ciento del total ya está comprometido por la Secretaría de Hacienda para gastos ineludibles como pagar la deuda externa o las prestaciones de los jubilados, por lo que sólo tienen posibilidades de incidir en el diez por ciento de éste.

Siendo que la base de quienes pagamos impuestos (que representamos el 62 por ciento de los ingresos del gobierno, más que los del petróleo en los últimos dos años), de verdad deberíamos exigir mejores resultados y menos spots. De hecho se tiene en puerta una iniciativa en el Congreso federal para regular la publicidad oficial y transparentarla. También yo preferiría que en vez de contratar a consultores en imagen y en encuestas (que es parte del gasto de la oficina presidencial), mejor destinarlo a abrir más comedores comunitarios o abastecer de medicamentos a los hospitales.

Este sistema presupuestario les ha venido muy bien a los del círculo del poder, entre los que se incluyen a los nuevos ricos ex gobernadores y a los empresarios de medios que facturan miles de millones año con año (y que encuentran la manera de no tributarlo). En países de primer mundo como los del bloque nórdico es mal vista la ostentación, y los ministros hasta viajan en transporte público o en avión comercial como cualquier mortal. El culto a la imagen presidencial de verdad que nos sigue haciendo mal en México, porque se sostiene con base en pactos económicos velados; el verdadero liderazgo debería ser moral, y ese sale gratis…