Samuel Ponce Morales
La Conspiración
Judicial, el otro poder…
Miércoles 4 de Abril de 2018
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Adriana Hernández Íñiguez.
Adriana Hernández Íñiguez.
(Foto: Carmen Hernández )

En forma regular se habla del Poder Judicial y sus funciones, pues a diferencia de los otros dos poderes del Estado, se mantiene al margen de la política y la cercanía con la población resulta más compleja.

Hasta hace poco tiempo la discreción en la función jurisdiccional se justificaba con la idea de que el juez habla sólo a través de sus sentencias, dado que se consideraba que el impacto del trabajo que ahí se desempeña recaía sólo en parte interesada; es decir, en aquellos que directamente se vieran involucrados en conflictos que requerían de una intervención judicial, no en la población en general.

Contrario a ello, hoy empieza a permear la idea de que los jueces están obligados a rendir cuentas a la sociedad, y ello se traduce en la necesidad de juicios públicos y orales, y la obligación de emitir y explicar sus sentencias en audiencia también pública.

La oralidad se ha instaurado en las materias penal, familiar y mercantil con un impasse en esta última para determinadas cuantías, derivado de la reforma a los artículos transitorios que así lo establecieron, publicada apenas hace unos días.

Lo más probable es que la oralidad también se establezca en materia civil en próximas fechas.

No obstante, para efectos públicos, en el Poder Judicial lo que más atrae es la materia penal, puesto que es ésta en la que se evidencia la problemática de mayor impacto social.

El derecho penal surge para que el acusado tenga un juicio justo, que cumpla con todas las formalidades procesales y en el que le sean respetados sus derechos constitucionales, y se complementa con la idea de que la víctima acceda a la verdad y a la reparación del daño.

Pero también es cierto que la pena tiene una función general preventiva, además de retributiva o sancionatoria, tratándose con ello, en lo posible, de evitar, mediante el ejemplo, con la imposición de una sanción penal, la comisión de más ilícitos.

Así, se considera que si aquel que comete un delito no es llevado ante la justicia, o siendo así no se le sanciona por la causa que sea, el sistema no cumple con esa parte preventiva de su cometido, y ello, por supuesto, impacta socialmente.

De la experiencia actual se conoce que sólo en un mínimo porcentaje de delitos los responsables son puestos a disposición de la autoridad, pero por igual es de advertir que en muchos de los casos que sí son llevados ante la justicia no se logra una condena, y en la gran mayoría de ellos no nos enteramos por qué.

De ahí la relevancia de la justificación y explicación oral y pública de las sentencias, lo que, además de ser obligación del juez, se convierte en blindaje de su trabajo y soporte de su imparcialidad, pues no pocas veces las decisiones son incomprendidas por desconocimiento de los motivos y fundamentos que las soportan.

Lo anterior por fortuna lo empezamos a ver en los renovados procedimientos del Poder Judicial del estado, al ser posible acceder a las audiencias públicas en las que el juez da la cara a las partes y a la sociedad en un evidente ejercicio de transparencia.

Sin duda esta es una de las grandes ventajas que los nuevos tiempos traen al desempeño judicial, en el que el ejercicio de la rendición de cuentas se vuelve efectivo.

Sólo falta que la sociedad se interese en los juicios y que, con ello, se ejerza el poder de vigilancia que tiene para el control de los asuntos de interés general.

Nada es lo que parece

Estamos a unos días de que el PRI dé a conocer la lista de candidatos plurinominales al Congreso del Estado y todo parece indicar que Enrique Ochoa Reza honrará los acuerdos políticos que sostuvo con las principales expresiones del tricolor en la entidad. En esos acuerdos destaca el hecho de que Adriana Hernández Iñiguez irá a la reelección, en este caso por la vía de la representación proporcional, por lo que habrá de ocupar uno de los tres primeros lugares en la lista, en la cual se habla también de la inclusión de otros cuadros partidistas como Yarabí Ávila González, Eduardo Orihuela y Jorge Enrique Tinoco, el ex independiente.

Conjuro

Extraño no convocar a inmediata reunión de la llamada Mesa de Gobernabilidad michoacana, cuya responsabilidad recae en el Ejecutivo estatal…

Sobre el autor
Samuel Ponce Morales Michoacano por residencia, periodista empírico, posee dos premios estatales en crónica y en entrevista; ha sostenido charlas con la escritora Elena Poniatowska, el pintor Alfredo Zalce, el futbolista Diego Maradona, el fotógrafo cubano Alberto Korda, y el comandante sandinista Tomás Borge; ha transitado como reportero en Excelsior y El Universal, así como corresponsal de La Jornada; ha sido jefe de Información, de corresponsales y de multimedia, así como columnista de Cambio de Michoacán...
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