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Lunes 9 de Mayo de 2016
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Silvano Aureoles Conejo
Silvano Aureoles Conejo
(Foto: Carmen Hernández )


Los profetas del desahucio han anunciado su inminente deceso varias veces. No han faltado forenses de la política que le han practicado la autopsia en vida. Y aquí está, con todos sus signos vitales presentes. Aquí estamos acompañados por la adversidad —vieja amiga nuestra—, pero arropados por cuatro millones y medio de mexicanos para los que el sol azteca sigue saliendo: Agustín Basave, líder del PRD nacional, sobre los 27 años de la fundación del propio partido político.


NSJP, a duras penas



Vaya, vaya, al final culminó la etapa del inicio de vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con la inauguración de las sedes de las regiones de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, a sólo unos cuantos días del vencimiento del plazo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que éste funcione en todo el país.

Y sin que tuvieran una incidencia de peso en el proceso, esa etapa, salvo el primero, la cerraron los actuales titulares de los tres poderes, del Judicial, Marco Antonio Flores; del Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, y del Legislativo, Raymundo Arreola Ortega.

Toda una odisea ha resultado la implementación de la reforma penal emitida hace cerca de ocho años; tanto, que a estas alturas sólo cinco (ya incluido Michoacán) de las 32 entidades federativas la tienen vigente en todo su territorio.

Sin embargo, los resultados positivos de la nueva reforma penal no podrán ser evidenciados sino hasta pasados cerca de once años, luego de que quede instaurada en todo México, dadas las deficiencias que aún se observan sobre todo en la preparación de determinados operadores jurídicos; de manera destacada: los policías.

En Michoacán, a la vuelta de estos últimos ocho años (a partir de la reforma constitucional), muchas son las eventualidades que obstaculizaron la transformación del sistema:

1- La más importante, la falta de compromiso y convicción de ciertas autoridades, empezando por los gobernadores, algunos procuradores y casi todos los secretarios de Seguridad Pública, además de muchos diputados y hasta de los gremios de abogados.

2- Otro tema lo constituyó la inestabilidad política con sus múltiples cambios de gobernadores y con ellos de los mandos superiores, así como las tantas veces que han sido relevados los servidores públicos de procuración de justicia y de seguridad pública.

3- Y uno más, el escaso presupuesto en general, y en particular el que se destina a esas áreas del Ejecutivo del estado, así como a la defensoría pública.

4- A estira y afloja, los diputados de dos legislaturas anteriores a la actual emitieron las normas necesarias que sustentan el procedimiento penal acusatorio y adversarial, así como las reglas de la nueva organización de las instituciones involucradas.

5- Salvo en el Poder Judicial, la capacitación se efectuó con diversos contratiempos y tuvo que reiniciar en múltiples ocasiones por los frecuentes cambios de personal, y todavía al día de hoy la preocupación subsiste en relación con la preparación, sobre todo de los policías.

6- Y en cuanto a la infraestructura, casi de forma exclusiva el Poder Judicial se preocupó por tener los espacios adecuados, en algunos casos mediante construcción y en otros haciendo adecuaciones a los inmuebles con los que se cuenta, lo que no sucedió en el Ejecutivo.

Con todo, lo importante es que Michoacán hoy se suma a las escasas entidades que han cumplido con esta gran transformación de la forma de procurar e impartir justicia, y que si bien en los lugares donde ya tienen cierto tiempo aplicándose las nuevas reglas no todo ha sido perfecto; no obstante, algunos de los efectos positivos del Nuevo Sistema ya se evidencian.

Entre ellos, el número importante de casos que se resuelven a través de medios alternos al juicio mediante reparación del daño, y en consecuencia, el efecto positivo que esto conlleva en el sistema penitenciario, lo mismo que con el tema de la disminución en la prisión preventiva, que se aplica en un número mucho menor de casos que en el sistema tradicional.
También se puede percibir mayor celeridad en la solución de los asuntos que llegan a los juzgadores, y en estos casos, es sin duda positiva la exposición pública del quehacer de los operadores, quienes están permanentemente bajo el escrutinio, lo que propicia mayor transparencia y mejor actuación, lo que era más que necesario en esta parte del quehacer público.
Así, de a poco, vamos descubriendo las bondades de la transformación que resultaba tan indeseable para algunos, pero que afortunadamente fue abrazada por la mayoría, ávida de una verdadera justicia en México.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
(Foto: TAVO)

Derechos humanos, desde el hogar


El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunciaron el lanzamiento nacional de lo que llaman “Los doce puntos para la seguridad de tu familia”.

De esta manera, Michoacán se convierte en la primera entidad en adherirse a la Cámara Nacional de Prevención de la Trata de Personas y el respeto a los derechos humanos impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre “Los doce puntos para la seguridad de tu familia" se encuentra sensibilizar a la población en general sobre la trata de personas, capacitación de servidores públicos y la difusión de materiales que permitan la comprensión de la trata de personas y sus distintas modalidades.

Crisis incendiaria



No cabe duda de que los incendios forestales provocados en las últimas semanas en el territorio michoacano, más allá del origen de los lamentables incendios, es un hecho que han venido a plantear serios cuestionamientos a las autoridades estatal y municipales, más a estas últimas que a las primeras.

Con esto no se quiere decir que el tema de contar con los equipos indispensables para combatir los incendios no sea importante, o que el origen e intensión también sea alguna nimiedad.
No, el hecho es que como haya sido, y al margen de que en su momento se deben fincar las responsabilidades del caso, las autoridades han reaccionado un poco tarde, casi hasta que la propia sociedad ha presionado principalmente en las redes sociales.

Peor aún las respuestas han sido las que la sociedad espera que efectúen las autoridades, como parte de su trabajo y no como si estuvieran en campaña, comprometiéndose a fincar responsabilidades respectivas y no autorizar el cambio de uso de suelo.

Y es que, hay que subrayarlo, en un verdadero Estado de Derecho, eso no puede prometerse, pues es parte de la obligación gubernamental y como tal el cumplimiento de la ley no está sujeta a promesas.

Mejor, aparte de acciones de reacción y contención, ¿por qué no recuperar parte de la legitimidad perdida y tomarse muy en serio el tema de la reforestación? Coordinar, como autoridad que gobierna, un verdadero movimiento social que permita recuperar las partes siniestradas.

Una autoridad que articule a las instancias involucradas y que sirva como puente con la sociedad civil organizada para reforestar las hectáreas quemadas.

Una autoridad que con pala en mano se ponga a sembrar arbolitos, no como mera propaganda oficial, y con ello, exteriorice cuando menos algunos dejos de confianza, credibilidad y legitimidad. El tiempo es propicio y la temporada de aguas se acerca.

Intentos electorales



Aun cuando no pareciera, el mundo electoral se ha mantenido en constante movimiento en el estado, y desde varios flancos se trabaja en diversos aspectos a los que bien valdría pasar revista.
Por ejemplo, en el caso del Congreso del Estado la mesa técnica intenta avanzar en la reforma electoral, cada quien con sus prioridades, pero sin claridad en la ruta que deben seguir algunos temas, incluso hace días se reformó la ley de participación ciudadana para algunas adecuaciones en torno a unos llamados observatorios ciudadanos que casi nadie conoce. Como sea se intenta avanzar.

En el caso del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con un consejero presidente, Ramón Hernández, muy activo celebrando convenios, presidiendo a nivel nacional la instancia que aglutina a todos los órganos electorales locales, llevando a cabo actividades académicas.

Además, el órgano electoral local sigue en la consulta con las comunidades indígenas sobre algunas normas que los pretenden regular, y avanzando en lo que les corresponde respecto de la reforma electoral con el consejero Humberto Urquiza a la cabeza.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), presidido por el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, impulsando algunas actividades de cultura de la legalidad y estudiando algunos asuntos interesantes como los de Jungapeo y Santa Clara.

El primer caso de unos ex regidores que no se les han pagado salarios y aguinaldo del año pasado, y donde al Ayuntamiento le está costando cumplir con la sentencia. Y el de Santa Clara, un asunto que ya se había analizado pero que nuevamente se está estudiando, donde hay diferencias entre una parte de la comunidad y la iglesia de la región sobre un sistema de barrios.

Y por último, los partidos, una vez definidas sus dirigencias estatales, llevando a cabo la renovación de sus instancias distritales y municipales, lo cual hasta donde se ve, cada quien con sus procedimientos, pero sin mayores sobresaltos a mediados y largo plazo.

Día Mundial de la Libertad de Prensa



Por primera vez se realizó en Michoacán una ceremonia oficial para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa el pasado 3 de mayo, en Uruapan. A este evento acudió, con la representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista.

Y es que cada día cobra más fuerza en el gremio periodístico la idea de que es en esta fecha cuando se debe realizar el festejo y no el 7 de junio, como se acostumbra desde 1951.
El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de 1993 como un reconocimiento a que si no hay libertad de expresión no pueden darse las demás libertades.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, al dirigir su mensaje de este 2016 con motivo de esta celebración, instó “a todos los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él, podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos”.

Aunque la fecha coincide con el Día de los Albañiles, las nuevas generaciones de comunicadores han ido rompiendo con la costumbre de celebrar el 7 de junio, dado que no se trató de un festejo de los periodistas, sino de una fiesta para el gobernante en turno; era la ocasión para dar gracias al señor presidente o al señor gobernador por permitir el ejercicio de la libertad de expresión.

El festejo del 7 de junio nació durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, en 1951, y degeneró en torneos de salamería. “¡Gracias, señor presidente, por la forma tan rápida en que resolvió la escasez de papel!”, dijo el orador oficial en aquella ocasión. El acto se replicó pocos años después en los estados convirtiéndose en una fiesta para los gobernadores, no para los periodistas.

A nivel nacional, hace por lo menos dos décadas que el festejo se hace el 3 de mayo, evento en el que se entregan los premios nacionales de periodismo. En Michoacán, hace un año el gobernador Salvador Jara Guerrero fue el primero que suspendió la celebración del 7 de junio.

Congreso, pifia perredista



Los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, los perredistas Bernardo Corona Martínez y Nalleli Pedraza Huerta mantienen congelada la iniciativa del PRI para tipificar como delito la práctica de la tortura, presentada por la bancada del tricolor en marzo pasado.

El extraño empecinamiento de los perredistas por frenar dicha propuesta de decreto para castigar de manera más severa esta práctica ya ocasionó que el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, enviara senda recomendación al Poder Legislativo estatal, en la que le manifiesta su preocupación por este hecho y le pide que se agilice la modificación del Código Penal para que la tortura sea tipificada como delito.

Y es que ciertamente, con la grave crisis que vive México en esta materia, se esperaría mayor sensibilidad de ambos legisladores, sobre todo como representantes de un partido que enarboló la lucha social como uno de sus principios fundacionales.

Molino de vientos



1- ¿Y qué ha hecho el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Antonio Bernal Bustamante, para salir del rezago en que se ha sumergido el cuerpo policiaco ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal?

2- En el PRI de Michoacán prácticamente le han dado la vuelta a la hoja al tema de la desaseada elección al interior de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado. Como siempre, se le apuesta al manotazo y al olvido.

3- En el tema de Mireles, gran parte de los interesados se concentran más en la controversia desatada por el cambio de prisión que seguir con mayor énfasis en acciones que permitan su libertad. El oportunismo siempre al acecho.

4- Con la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el estado, los ciudadanos podrán tratar de conocer cómo ejercen recursos públicos desde partidos políticos hasta sindicatos.

5- Y bueno, en medio de la celebración del CCLXIII Aniversario del Natalicio de Miguel Hidalgo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa sumergida entre la guerra sindical por no perder privilegios.

Sancho



SUEUM, nicolaicismo desdibujado…

Rocinante



Anticorrupción: a propósito de medidas contra las irregularidades en el ejercicio público, no está por demás subrayar los puntos más importantes de la ley anticorrupción en el país:

1- La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

2- La extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito.

3- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá la facultad de fiscalizar las cuentas públicas de estados y municipios, así como del gobierno de la Ciudad de México y de las 16 delegaciones de la capital del país.

4- Imposición de sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, las cuales consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, y reparación de los daños al erario.

5- El secretario de la Función Pública será ratificado por la Cámara de Senadores a propuesta del presidente de la República.

6- Los titulares de los órganos internos de control que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) serán designados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.

7- El Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por los titulares de la Auditoria Superior de la Federación, de la fiscalía para el combate a la corrupción y la Secretaría del Ejecutivo federal, responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

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