Eduardo Nava Hernández
Presea de ignominia y afrenta a la universidad
Viernes 18 de Mayo de 2018
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Acerca de Agustín Arriaga Rivera opinaba Pablo G. Macías, el intelectual cardenista nicolaita y primer presidente de la junta de gobierno en 1963: “Su raíz cultural arrancaba de los colegios confesionales y aunque era miembro del Partido Revolucionario Institucional que lo había llevado al poder, asumía poses contradictorias, renegaba del presidente Cárdenas, coqueteaba con el clero político y combatía todo cuanto ha dado en llamarse ‘izquierda mexicana’. Fascista militante y admirador del imperialismo yanqui, nutría su espíritu en la estofa más ruin del Macartismo”.

Y Carolina Escudero, viuda del general Francisco J. Múgica lo caracterizaba: “[…] nunca le tuve animadversión a Agustín, él era muy simpático, no era desagradable, pero realmente sus ideas me parecían a mí un poco fascistas. Organizaba aquellos desfiles en que salían con unas banderas, que en vez de llevarlas a toda asta, como se acostumbraba, las llevaban horizontalmente y de muchos metros, recordándome así aquellos desfiles fascistas de Mussolini, porque en esa época se usaron. Pero además muchos de los ademanes y de los gestos fascistoides los reproducía”.

Lo que ese lenguaje antiizquierdista y esos rasgos “fascistoides” representaban en el pensamiento de quien fue gobernador de Michoacán de 1962 a 1968, no se quedó sólo en el discurso o el simbolismo. Como gobernante tuvo ocasión de llevarlo a la práctica reprimiendo las expresiones de lucha popular y, en la Universidad Michoacana, los rasgos de progresismo y autonomía que por la época, con los rectores Eli de Gortari y Alberto Bremauntz, le habían dado una fisonomía particular que la diferenciaba de otras instituciones y le permitía ejercer con amplitud la libertad de pensamiento, de cátedra, de investigación y sus potestades de autogobierno.

Su candidatura la usó López Mateos en 1962 para contraponerla a las aspiraciones de los cardenistas de ver al senador Natalio Vázquez Pallares en el gobierno estatal, y a las del íntimo amigo de Dámaso Cárdenas, Enrique Bravo Valencia, y cortar así de tajo la presencia de esa corriente en el gobierno michoacano. El anticardenismo fue, entonces, la marca de origen del nuevo gobernador, y en esa postura se sostendría hasta el final de sus días.

Fascista militante y admirador del imperialismo yanqui, nutría su espíritu en la estofa más ruin del Macartismo
Fascista militante y admirador del imperialismo yanqui, nutría su espíritu en la estofa más ruin del Macartismo
(Foto: ACG)



Al llegar Arriaga al gobierno de Michoacán estaba vivo el Movimiento de Liberación Nacional, fundado como un frente amplio de las izquierdas por el general Cárdenas para recuperar el ideario político-social de la Revolución Mexicana, vincularse con el movimiento latinoamericano y defender a la Revolución Cubana de los ataques imperialistas. En la Universidad Michoacana ocupaba la Rectoría el filósofo Elí de Gortari, intelectual izquierdista que era apoyado por militantes del Partido Comunista, la Liga Leninista Espartaco y el Partido Popular Socialista para realizar una amplia reforma universitaria. Unos meses después del arribo del gobernante, dentro de la institución comenzaron las provocaciones, tomas y acusaciones contra el rector, demandando su destitución. La Federación de Maestros, la Federación de Estudiantes y el Consejo Universitario hicieron frente común con el representante universitario y salieron en su defensa. Este último consignó a los firmantes del llamado Manifiesto Antidegortarista ante la Comisión de Honor y Justicia y resolvió demandar a la Secretaría de Hacienda una auditoría para esclarecer las acusaciones que se hacían a De Gortari de malversación.

Después de varias semanas de provocaciones, que incluyeron la toma del Colegio de San Nicolás por elementos armados, aunque éste fue recuperado por los estudiantes a costa de un enfrentamiento, el gobernador Arriaga Rivera intervino en la universidad con una carta en que pedía al rector la readmisión de los profesores y estudiantes sancionados. Y aunque De Gortari acepta readmitir a once de trece estudiantes expulsados, y llevar el caso de los profesores al Consejo Universitario para u reconsideración, las provocaciones continuaron con la toma de la Facultad de Odontología. Para entonces, el gobernador ya había sacado a la Policía y el Ejército a patrullar las calles, en previsión de enfrentamientos entre universitarios.

El 14 de marzo, aun cuando los antidegortaristas ya estaban aislados, el gobernador hizo aprobar una nueva ley orgánica para la institución universitaria, con la que quedaba depuesto el rector De Gortari y se quitaba al Consejo Universitario la atribución de proponer al gobernador una terna para la designación del rector, y la de nombrar a los directores, para trasladarlas a una junta de gobierno creada al efecto. El gobernador declaró que el espíritu de la nueva ley conservaba su carácter revolucionario: “Somos, claramente, revolucionarios de izquierda”. Pero al mismo tiempo apostó en las azoteas alrededor del Colegio de San Nicolás elementos de tropa que dispararon contra los alumnos que se encontraban resguardando el edificio contra una nueva posible toma de los antidegortaristas. Fue mortalmente herido el estudiante Manuel Oropeza García, quien falleció mientras era trasladado al hospital, y también otros cinco alumnos universitarios. La casa del rector fue asaltada, y De Gortari secuestrado por elementos de la Policía. Seis profesores fueron detenidos bajo la acusación de formar grupos subversivos.

La junta de gobierno quedó en manos de académicos de origen cardenista, como el mencionado Pablo G. Macías, que designó como rector interino al también cardenista Alberto Bremauntz, y que desplazaba de la administración a quienes tenían vínculos con el PCM o con el espartaquismo, aunque éstos asumieron la dirigencia de la Federación de Maestros Universitarios a través del poeta Ramón Martínez Ocaranza y los abogados Adolfo Mejía González y José Herrera Peña. Los estudiantes, por su parte, declararon un paro de 72 horas en protesta por el asesinato de Oropeza García y para exigir el castigo a los responsables de la agresión y la liberación de los estudiantes y profesores presos. Pero éstos fueron consignados bajo las acusaciones de terrorismo, sedición, asonada, disparo de armas de fuego, daño en propiedad ajena, resistencia de particulares e injurias al ejército. A Efrén Capiz se le acusó también de robo calificado y lesiones a miembros de la Policía. El general Cárdenas no dejó de registrar en su diario: “Noticias de Morelia, Mich. Estudiantes universitarios y soldados del Ejército muertos y heridos, como resultado del conflicto suscitado en el seno de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Diferencias entre catedráticos apoyados unos por la minoría y otros que respaldaban al rector Elí de Gortari, apoyados por la mayoría de estudiantes”.

Pero la mano dura de Arriaga habría de hacerse sentir nuevamente tres años después. En julio de 1966, al finalizar la gestión de Alberto Bremauntz la junta de gobierno escogió para sucederlo al Dr. Nicanor Gómez Reyes, cardenista de origen, quien desde el principio fue impugnado por sus apoyos “comunistas” y “anarquistas” y por ser señalado como ministro de la Iglesia Presbiteriana. Se sabía que no era del agrado del gobernador, quien impulsaba a Jesús Arreola Belmán para ese cargo.

Dos meses después de asumir el nuevo rector, el conflicto estalló nuevamente con el alza de las tarifas de transporte en Morelia. Los estudiantes universitarios se movilizaron y convocaron a un mitin, pero el equipo de sonido les fue arrebatado por policías y provocadores vinculados al Partido Revolucionario Institucional. Cuando los nicolaitas fueron a la Procuraduría a tratar de recuperarlo, fueron recibidos a tiros y ahí cayó gravemente herido el estudiante de Contabilidad y Administración Everardo Rodríguez Orbe, quien falleció poco después en el hospital. Esa misma noche, el 2 de octubre de 1966, los estudiantes universitarios votaron por la huelga y el Consejo Universitario y las organizaciones estudiantiles y magisteriales aprobaron un pliego petitorio donde demandaban el castigo de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Everardo Rodríguez Orbe; la expropiación en beneficio de los municipios de los transportes urbanos del Estado; y al Senado de la República la declaratoria de desaparición de poderes en el Estado de Michoacán, dada la constante represión a los campesinos, estudiantes y obreros
La demanda de la desaparición de poderes agrupó también a organizaciones campesinas y de trabajadores que integraron el Comité Regional de Defensa y Lucha Popular, que convocó a un mitin en Morelia en apoyo de los estudiantes universitarios, ante la creciente politización del conflicto, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó al secretario de la Defensa enviar a Morelia un batallón de paracaidistas a Morelia. El 7 de octubre, los soldados marcharon a paso de ganso con tambores y “a bayoneta calada” por la avenida principal de Morelia. Cuando, al día siguiente, los universitarios quisieron realizar un mitin en la Plaza Ocampo, fueron reprimidos por el Ejército, que usó fuerzas de caballería y sables contra la multitud. Desatada la represión, las tropas ocuparon los edificios universitarios, comenzando por el Colegio de San Nicolás, allanaron casas y hoteles y detuvieron a 600 personas. 47 de ellas fueron procesadas por subversión. El secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, llamó al gobernador y le dijo tener instrucciones de “hacer una limpia de las casas de estudiantes”. La biblioteca, la regencia y el Consejo Estudiantil del Colegio de San Nicolás fueron saqueados y muchos libros y documentos decomisados. A pesar del cateo, el ejército no encontró armas o cócteles molotov que fundamentaran la hipótesis de la “conjura internacional” para derrocar al gobierno.

El rector Gómez Reyes fue secuestrado en la ciudad de México por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Y mientras el secretario de la Defensa justificaba en la prensa nacional la acción militar contra los “elementos extremistas” que querían “subvertir el orden”, el gobernador Arriaga dirigió a sus gobernados un mensaje donde, hacía profesión de fe nicolaita y reiteraba su “acendrado cariño” hacia la institución universitaria, pero afirmaba que “con la participación de agitadores profesionales, venidos especialmente de la ciudad de México y de otros lugares [...] en relación con grupos anarquistas que en los últimos años se habían apoderado de la Universidad, […] trataron de sembrar el desorden y la confusión en todo el Estado”.

Nuevamente el general Cárdenas se lamenta, escribiendo para sí o para la posteridad: “penetraron las tropas al recinto que honró el Padre de nuestra Patria, cuando que habría bastado la intervención del propio gobernante del Estado. Pero la falta de ecuanimidad, la pasión política, la irresponsabilidad y morbosidad de apelar a la fuerza, es ya hábito de este ciudadano que está al frente el gobierno de Michoacán, que no ve, y si ve no le importa, el grave daño que le causa al Estado, al país y al régimen de la Revolución”.

Es a “este ciudadano” habituado a apelar a la fuerza contra la población civil, al que el Ayuntamiento de Morelia va a entregar este viernes 18 de mayo, post mortem, la presea José María Morelos a iniciativa del hoy presidente municipal con licencia y candidato sin partido a la reelección, Alfonso Martínez Alcázar. Es sabido que el hijo del ex gobernador represor, Agustín Arriaga Díez, es también dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; y que Martínez Alcázar necesita el apoyo empresarial para sustentar su campaña y obtener la reelección es su cargo.

¿Y la Universidad Michoacana? Aunque hace unos días el rector Medardo Serna se lanzó declarativamente contra los “enemigos de la Universidad”, al parecer no ha incluido entre ellos a quienes, aun hoy, medran y lucran a costa de su historia sangrienta. Tampoco el Consejo Universitario ha elevado, como sería de esperarse, su voz, contra esta afrenta a la institución hoy declarada centenaria y benemérita. Recuperar la verdadera historia de ésta, la de sus luchas, la de sus logros pero también de sus derrotas y sus tragedias, sigue siendo necesario para reconstruir una comunidad activa, crítica y pensante que la defienda.

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