Salvador Molina Navarro
Derecho a qué…
Aumentar las penas una propuesta en boca de todos
Martes 22 de Mayo de 2018

«La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no deben ser la regla general». Artículo 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A- A A+

Llama la atención que como una propuesta reiterada por la mayoría de los candidatos en este proceso electoral se encuentra el tema de endurecer las penas de los delitos y gestionar lo conducente para evitar que las personas que hayan de ser juzgadas obtengan la libertad y sean juzgadas estando en prisión, igualmente esta tendencia es ya muy recurrente en el Congreso del Estado, los diputados salen a los medios presumiendo que sus iniciativas para endurecer las penas han encontrado apoyo al interior de las sesiones del pleno.

Sin embargo, la enseñanza nos ha indicado que los delitos siguen a la alza, no logran contenerse aún, y cuando las penas, desde siempre han sido endurecidas; consecuentemente, no es cierto que el aumentar las penas incida en una disminución de cierta actividad delictiva.

Recurriendo a aumentar las penas de los delitos y presumirlos ante la ciudadanía se nos fue la última parte del siglo XX y lo que va de este nuevo milenio, lo que además ha sido una constante de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos se ha reflejado en estudios que en México más del 40 por ciento de los presos se encuentran bajo la prisión preventiva, con lo que se evidencia que el uso de la prisión preventiva en nuestro país no solamente sigue siendo un problema grave, sino que la tendencia en los próximos años es que se aumente y abuse del uso de la prisión preventiva.

La Corte Interamericana de los derechos Humanos ha tomado cartas en el asunto y ha dictaminado que el uso excesivo de la prisión preventiva es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad democrática, en la que se respete el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia.

Aunque a nuestros políticos y diputados lo que les interesa es la captación del voto y de la simpatía de los electores, sin importar que el Sistema de Justicia Penal se despoje de sus principales fines como lo es que se repare el daño a las víctimas, lo que no guarda relación con mantener a un sujeto justiciable en prisión sin que exista una sentencia definitiva que lo encuentre culpable de los hechos que se le acusan.

El principal argumento es el encono que refleja el saber que un individuo que nos afectó pueda tener la oportunidad de salir de prisión y enfrentar un procedimiento en libertad, regularmente esto lo entendemos cono impunidad, lo que no es así, pues el hecho de enfrentar un procedimiento en libertad, no es sinónimo de que la justicia no actué sobre aquél que se acusó, tampoco impide que las víctimas accedan a una reparación integral del daño, incluso en los juzgados de oralidad penal en nuestra entidad federativa se ha estado dando el fenómeno de permitir a las víctimas que exijan como reparación del daño las cantidades monetarias que estimen suficientes para satisfacer integralmente el daño recibido, encontrándose el imputado en franca desventaja al momento de hacer uso de medios alternativos de solución del conflicto, como la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado.

Así entonces, no es dable ni beneficioso seguir abusando de la falaz conducta legislativa de aumentar las penas por los injustos cometidos, contrario a esto, nuestros candidatos y nuestros diputados deben estar enterados y atender las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a fin de lograr caminar a un sistema de justicia penal exitoso y respetuoso de los derechos humanos de toda persona; así entonces, es recomendable que enfoquen sus esfuerzos para permitir una adecuada difusión del uso excepcional de la prisión preventiva, difundir los principios y alcances del nuevo sistema de justicia penal respecto del interés para que el daño causado sea reparado de forma integral, hacer entender al ciudadano que el tema de la reparación integral del daño no guarda relación con el uso reiterado de la prisión preventiva, que existen reglas y limitantes para que una persona pueda acceder al beneficio de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, como es el que no sea un delincuente habitual o que tenga conductas reiteradas sobre el delito que se le imputa, que haya cumplido cabalmente con una suspensión condicional del proceso anteriormente concedida sin poder acceder a una nueva con anterioridad a dos años desde el cumplimiento de la última o cinco años desde su incumplimiento.

Es importante que nuestros diputados actúen con profesionalismo y altura jurídica, no podemos permitir que sean meros mercaderes de las iniciativas de ley, que la tribuna del pueblo se convierta en un escaparate para expulsar incongruencias y discursos que no contienen un mínimo del saber jurídico, no podemos permitir que el Congreso del Estado siga siendo un perfecto generador de riqueza para los diputados y una forma de adquirir beneficios personales y de grupo, no es posible que exista, incluso, una diputada del Partido Revolucionario Institucional que cínicamente exponga en medio que puede estar cumpliendo con sus funciones como diputada y como candidata a diputada a la vez, es nuestro deber ciudadano exigir calidad y profesionalismo a nuestros diputados, exigirles ética profesional, honestidad, congruencia y sobretodo amor por el pueblo y gestiones en favor del y para el pueblo.

Existen las herramientas, existen los canales, lejos de pensar en llevar en la boca como propuesta de campaña y como iniciativa ya siendo diputados el aumentar las penas a fin de que la prisión preventiva sea cada día más utilizada y que la última ratio, la excepción sea imponer una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, diputados y diputadas, candidatas y candidatas, alléguense de asesores que entiendan de derecho, incluyan en sus equipos a juristas que puedan dirigir de mejor manera sus iniciativas o sus propuestas, soliciten opiniones consultivas de la Corte Interamericana de los Derechos Humano para que se enteren si su iniciativa o su propuesta de campaña de aumentar las penas impacta negativamente en los derechos humanos y más aún, lejos de beneficiar al sistema de justicia penal, lo afectan cada vez más, al final del día la prisión preventiva justificada sólo debe ser impuesta cuando otra medida cautelar no sea suficiente para garantizar los fines de las medidas cautelares; es decir, es la última ratio, por así señalarlo los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

"Propuestas y más propuestas"

Aumentar las penas una propuesta en boca de todos

Arranque de campañas, promesas y realidades

El agua, un problema incipiente

La familia

Los beneficios de la Reforma Energética

Una batalla, un logro y un beneficio para todos

El derecho a recibir el salario en tiempo y forma

La cuesta de enero más larga

México en el banquillo de los acusados

¿Candidatos independientes o una nueva clase política?

La colegiación de la justicia

Competencia contra monopolio

La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

La política es un interés de todos

Qué nombre le vamos a poner

Nuevo ciclo escolar y nuevo reto educativo

Un avance ciudadano sin tintes políticos

El derecho de las víctimas y la obligación del Estado

Gracias, pero no es una concesión, ¡es un derecho!

Prisión preventiva oficiosa, ampliarse o desaparecer

Justicia en obra negra

La moneda está en el aire

Todos contentos, tenemos reelección

Un andador con sabor a parque lineal

“En espera de una reacción”

El menosprecio al derecho a un medio ambiente sano

La percepción, un tema añejo en Michoacán

¿Procuración de Justicia?

Una evaluación sin convocatoria

En espera de un acto de congruencia política

Hay de prioridades a prioridades

Entre mensajes y la realidad

Una nueva oportunidad

Está Navidad me servirá para…

Lo siento, no hay dinero en las arcas

El feminicidio, entre la espada y el espíritu

El salario mínimo y el mínimo vital

Una ley necesaria

La razón y la política en la Ley Antimarchas

Maestro Cárdenas, un inmortal autor de recuerdos

Derecho a un medio ambiente sano

Las escuelas Normales y el derecho a la educación

El derecho de los reos

A dos años de aquella noche

Sociedad dividida

Un informe con esquema diferente

El verdadero reto de la justicia penal en la actualidad

¿Perdonar y olvidar o una justicia restaurativa?, una decisión ciudadana

Un caso más de un todólogo mexicano

El caótico caso de la educación

Supe de un país lleno de promesas y demagogia

Un perdón con sabor a mentira

Un futuro inmediato

Michoacán ante un nuevo reto

La Alerta de Violencia de Género, ¿necesidad o pretexto?

Independientes ante el desgaste y la pérdida de credibilidad

Foto infracciones, entre argumentos y falacias

El derecho a la vida y la ignorancia legislativa

Una evaluación docente… ¿confiable?

Las decisiones de una madre

¿Qué protege el derecho humano al trabajo?

Los políticos y sus iusmonólogos

Un pueblo sin tribuna

El Estado, la violencia y las políticas públicas

“Justicia o política… una decisión pendiente”

“Entre la cobardía y el deshonor”

“Día Internacional de la Mujer, festejar sin compromiso o comprometerse sin festejar”

Michoacán y su identidad

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿sirviendo a la ciudadanía? (Segunda parte)

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿sirviendo a la ciudadanía? Primera parte

Derecho a conocer nuestro sistema de justicia penal

El derecho a estar informado, de la letra a su realidad

Una recaptura de Estado

Caminos, acciones y otros vericuetos de un buen ciudadano

Compartiendo mi realidad

Nuestro salario, aguinaldo y otras prestaciones laborales son derechos humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos, concientizando a los ciudadanos

Ser mujer también es nuestra lucha

Una parte de nuestro México, historia vigente que se niega y se esconde

Terrorismo, una crítica distante y una indolencia cercana

Los derechos humanos, de un discurso glorioso a una realidad dolorosa