Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Disidentes sexuales
Miércoles 11 de Mayo de 2016
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 Disidentes sexuales
Disidentes sexuales
(Foto: TAVO)

Este sábado pasado nuevamente se llevó a cabo el concurso anual Nuestra Belleza Gay Michoacán 2016, una expresión que permite a la comunidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (GBTTTI) compartir parte de un proceso de identidad grupal. En este concurso no participan mujeres lesbianas. El evento se llevó a cabo sin problemática alguna, donde resultó ganadora la señorita Miranda Majhul como representante de Pátzcuaro.

Hace más de 30 años en Morelia, un concurso de iguales proporciones se llevó a cabo pero éste no tuvo un final feliz, y no lo tuvo porque fue denunciado el evento y con ello asistió la Policía Ministerial que mediante una razia desalojo el salón donde se desarrollaba el concurso Señorita Gay Michoacán.

En el evento participaban diversos jóvenes que travestidos ejecutaban sus mejores pasos para llevarse la corana, banda y cetro; pese a ello, muchos de ellos terminaron en Barandilla, allá por las oficinas de Policía y Tránsito.

En 1901, una situación similar pasó en la Ciudad de México, donde también, por medio de una razia, una fiesta de personas con orientación sexual diferente a la heterosexual fueron denunciados, aprendidos, rapados, se les dio la escoba para que barrieran y después llevados a las instalaciones militares de Yucatán.

Hoy las cosas son diferentes, hay una apertura anclada a los derechos humanos donde difícilmente, pero no imposible, se podría llevar a cabo una razia para evitar este tipo de eventos, que son totalmente legales (si se cumple con la normatividad vigente), además de legítimos por parte de quienes los organizan.

La Constitución y los instrumentos internacionales, nacionales y de Michoacán establecen una serie de recursos judiciales a través de los cuales cualquier persona, sin distinción alguna, puede acceder cuando considere que existe una violación a sus derechos. Sin embargo, en la práctica el acceso y la efectividad de aquellos recursos para la población LGBTTTI se reduce debido a la discriminación que históricamente ha sido objeto (cuando menos del año 100 antes de Cristo hasta nuestros días).
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, han incorporado a su texto los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte, de igual manera han precisado que nadie puede ser discriminado en razón de las preferencias sexuales: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Dentro de las normas que rigen los tratados internacionales está contenida la obligación contraída por el Estado mexicano de respetar y garantizar los derechos humanos, así como de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos los contenidos en las normas internacionales de carácter convencional (artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José], así como 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

De acuerdo con el deber de salvaguardar los derechos previstos en los tratados internacionales, los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad garantizar una efectiva procuración de justicia, en tanto derecho de acceso al tribunal en materia penal, están obligados a desarrollar criterios normativos sin excluir a ninguna persona de los deberes de objetividad y diligencia debida, conforme a los principios que rigen el debido proceso legal, de conformidad con la legislación procesal penal aplicable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en la resolución del expediente varios 912 de 2010 y en la contradicción de tesis 293 de 2011, que de acuerdo con artículo 1° de la Constitución federal, las normas protectoras de derechos humanos contenidas en ella y en los tratados internacionales conforman un espacio interpretativo que da como resultado la constante aplicación de la ley que más favorezca a la persona, en el que la ley puede ser de fuente nacional o internacional, tal como se prescribe en el párrafo segundo del artículo constitucional: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

La SCJN también dispuso que la jurisprudencia de los tribunales mexicanos y la que se origina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son igualmente vinculantes bajo el principio constitucional de que en cada caso de conflicto normativo prevalecerá la doctrina que favorezca en todo tiempo a la persona mediante la protección más amplia. En virtud de lo anterior, las normas provenientes de tratados, al igual que las normas constitucionales, deben ser aplicadas mediante un control de constitucionalidad y convencionalidad con los alcances que la SCJN prevé en su jurisprudencia, respecto de actividades de carácter administrativo, en el sentido de que éstas no pueden “inaplicar” normas.

La discriminación producida por la orientación sexual y la identidad de género forma parte de los prejuicios y estigmas que deben combatirse en una sociedad que protege las libertades, con la finalidad de evitar violaciones a los derechos y a la igualdad ante la ley, los cuales integran los dos derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, último párrafo, de la Constitución; 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Como parte de los desarrollos argumentativos del derecho internacional y debido a su especialidad, son invocables los principios de Yogyakarta, los cuales tienen por objeto la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, principios que conforme a la SCJN, si bien, no son un documento vinculante en sí mismo, sí desarrollan el principio de igualdad y no discriminación, el cual es uno de los fundamentos de nuestro orden jurídico.

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