Eduardo Nava Hernández
Universidad Michoacana: marchas, opacidad y fraude a la nación
Jueves 13 de Septiembre de 2018
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En los días de septiembre la Universidad Michoacana ha vuelto a ser motivo de notas periodísticas y declaraciones públicas de los actores involucrados en un tema que se antoja muy complejo y aún sin solución. El jueves 6 el rector Medardo Serna y los representantes sindicales Eduardo Tena y Gaudencio Anaya promovieron una nueva marcha, la tercera, para demandar una vez más presupuesto para la universidad, estando ya en vísperas de que los recursos asignados para el presente año se agoten y en octubre no se pueda pagar, como el año anterior, los sueldos a trabajadores, adeudos con proveedores y demás rubros del gasto corriente. A pesar de que desde los inicios del año el rector anunció que realizaría gestiones ante las instancias federales y estatales para obtener el anhelado financiamiento, al mediar el noveno mes no ha obtenido ningún resultado de las múltiples reuniones que para el efecto ha tenido con diputados federales de la LVIII y LXIV legislaturas, gobierno estatal, Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y legisladores electos de la LXXIV legislatura local, así como con el futuro súper delegado del próximo gobernó en Michoacán, el aún dirigente formal de Morena Roberto Pantoja.

Y, tras la movilización universitaria, fue la Auditoría Superior de Michoacán la que tocó a la puerta del edificio de Rectoría para entregar un emplazamiento
Y, tras la movilización universitaria, fue la Auditoría Superior de Michoacán la que tocó a la puerta del edificio de Rectoría para entregar un emplazamiento
(Foto: Especial)

Pero nada. Tres marchas, más bien desfiles, con banda, pendones, escoltas y banderines, donde estaban convocados todos los universitarios, incluidos el acarreo sindical y estudiantil, no han sido suficientes para arrancar un peso más para agregar al exiguo presupuesto que ha resultado de los recortes aplicados en 2016, 2017 y 2018. Las gestiones de Serna y sus adláteres gremiales han sido también estériles. Por el contrario, con motivo de esta tercera marcha el secretario de Finanzas y Administración del Estado, así como el gobernador Silvano Aureoles, salieron ante los medios a hacer señalamientos directos contra Serna González por la falta de transparencia en el manejo financiero de la institución educativa y la supuesta o real distorsión de la información que la UM difunde ante la sociedad.


Y, tras la movilización universitaria, fue la Auditoría Superior de Michoacán la que tocó a la puerta del edificio de Rectoría para entregar un emplazamiento por el incumplimiento de lo firmado en diciembre de 2015 por el rector ante los diputados, de realizar una reingeniería administrativa que implicaría un programa efectivo de austeridad y la reforma al régimen de jubilaciones. ¿En qué parará este asunto? Es difícil predecirlo; pero no parece que nada bien para el actual rector, su secretario Administrativo y su Tesorero. No puede descartarse una posible vendetta del Congreso local o del gobierno estatal por los devaneos del representante universitario con los legisladores de Morena aún no en funciones y con el anunciado representante de las finanzas públicas federales que entrará en funciones en diciembre próximo.


Lo cierto, hasta ahora, es que el tema de la penuria económica universitaria no lo resolverá ya la saliente LXXIII legislatura del Congreso de Michoacán, en trance de entregar ya los bártulos a sus sucesores de la LXXIV. Tampoco parece que lo resuelva, a estas alturas, la administración de Enrique Peña Nieto, asimismo en vísperas de cerrar el presente ejercicio anual para entregar a la próxima administración, de Andrés Manuel López Obrador. Y el gobernador Silvano Aureoles ha expresado en diversas ocasiones que no habrá presupuesto adicional para la universidad en el presente año, lo que fue ratificado por su secretario de Finanzas Carlos Maldonado, quien acusó en conferencia de prensa el mismo día 6 de septiembre de mentir cuando afirma que el gobierno de Michoacán tiene adeudos con la Universidad Michoacana.


Si algún apoyo se obtiene será después del 1 de diciembre, cuando haya asumido el nuevo presidente de la República y la Secretaría de Hacienda haya hecho el balance de posibles subejercicios presupuestales o de ingresos adicionales por ventas de hidrocarburos que puedan ser canalizados no sólo a la Universidad Michoacana sino a las diez universidades públicas que en el país enfrentan la misma crisis financiera. Mientras tanto, los trabajadores universitarios, académicos, administrativos y manuales, padeceremos una nueva astringencia salarial que afectará a nuestras familias y acreedores, y obligará a muchos, como en 2017, a empeñar prendas, adquirir deudas o recurrir a préstamos familiares para cubrir las necesidades del último trimestre del año.


Las autoridades federales y estatales, así como los legisladores, la Auditoría Superior de la Federación, y ahora la ASM, han hecho repetidos señalamientos a la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se entregan a la Universidad.


Tienen razón, muy a pesar del repetido discurso de Serna de que está cumpliendo con la norma oficial y de que la información de los gastos universitarios es accesible. Ya en relación con el ejercicio 2015 la ASF hizo observaciones por más de 890 millones de pesos, alrededor de la tercera parte del presupuesto universitario, por dispendios y gastos onerosos como banquetes, vehículos, arreglos florales, contratación de edecanes y egresos no identificados de las cuentas bancarias de nómina. “Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la UMSNH no presentó una cuenta bancaria específica para la recepción del recurso, los datos reportados en el formato trimestral no corresponden con los registros contables y no presentó los estados financieros dictaminados. En conclusión, la UMSNH no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del [mencionado] programa […] apegada a la normativa que regula su ejercicio” (“Identifica ASF probable daño patrimonial por 890.6 mdp en la UMSNH”. Portal quadratin.com.mx, 19 de febrero de 2017).


Para el año 2016 el posible quebranto financiero en la Universidad Michoacana detectado por la misma ASF fue de 29 millones 154 mil pesos. El informe rendido por ésta a la Cámara de Diputados señala que “Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 2016, ya que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del programa [de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales] lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora” (Citado por Patricia Monreal, “Probable quebranto por 29.1 mdp en la UMSN en 2016 reporta la ASF”, portal michoacantrespuntocero.com, 21 de febrero de 2018).


Pero peor aún, la Universidad conducida por el doctor Medardo Serna habría participado, también, según documentos de la ASF, en el desvío de aproximadamente 10 millones de pesos obtenidos a través de contratos con dependencias federales en 2016 para realizar trabajos que no efectuó y que no tenía capacidad para realizar. Ese dinero fue transferido por la institución nicolaita a empresas fantasmales, ya que “la institución no tenía capacidad técnica para cumplir los contratos y […] a la hora de las explicaciones, se hizo todo lo posible por ocultar la información. En total, se habla de un monto de más de 10 millones de pesos que hoy están desaparecidos”. Esta triangulación se encuadra dentro de lo que las investigaciones periodísticas han llamado la estafa maestra, donde la institución michoacana y otras diez universidades públicas se encuentran involucradas. Los contratos señalados por la ASF fueron el número 001/2016, signado el 1 de abril de 2016 entre la UMSNH y la Comisión Nacional del Agua por 11 millones de pesos; un segundo contrato se firmó con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el 18 de abril de 2016, por 45 millones de pesos; y un tercero el 11 de octubre del mismo año se firmó un convenio modificatorio que incrementó en un millón el costo de los servicios a prestar, para alcanzar 46 millones, fijando como fecha de cumplimiento el 30 de diciembre de 2016.


En este último caso, el de la triangulación, la ASF indicó con precisión: “La UMSNH no proporcionó la documental que acredite que contó con la capacidad técnica para desarrollar los servicios contratados por la Conagua, sino únicamente señala, en su parte ‘técnica’ las licenciaturas y especialidades que imparte, y refiere que cuenta con académicos y estudiantes para prestar los servicios, sin indicar nombres, grados y áreas de conocimiento; en cuanto a la capacidad ‘material’ solamente informó que ‘cuenta con los procedimientos, formatos, papelería, equipo de cómputo, unidades vehiculares y demás infraestructura’; y por lo que se refiere a la parte ‘humana’ describe la misión de la universidad y de la licenciatura en derecho, la visión de la facultad de derecho y de ciencias sociales, la cantidad de estudiantes y el porcentaje de demanda educativa que atiende”.


Aunque la Universidad Michoacana manifestó que no se requeriría la contratación de terceros en un porcentaje mayor al 49 por ciento, la ASF constató que subcontrató con ocho empresas por un monto de 10 millones de pesos del total de 11 millones (91 por ciento) del primer contrato, a través de 15 transferencias bancarias entre el 26 de junio de 2016 y el 16 de enero de 2017.


De cuatro empresas subcontratadas que se reportaron con status de “activa”, tres no fueron localizadas en los domicilios fiscales señalados en las facturas o en sus respectivas constancias de situación fiscal. Y de la única localizada, se señala como ramo de actividades el comercio al por mayor de maquinaria y equipo, comercio al por mayor de equipos y accesorios de cómputo y otras actividades comerciales. La ASF concluyó que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 10 millones 79 mil 329 pesos por la falta de evidencia documental de la recepción de los entregables derivados de la formalización de ocho contratos, y por la coincidencia de los textos de los manuales facturados por las ocho empresas con el contenido de diversas obras, libros y compilaciones editados y publicados en Chile y España en 1998, 2005, 2011 y 2013” (Cit. por Antonio Rojas Ávila: “UMSNH, la trama nacional: habría desviado 10 mdp mediante empresas ‘fantasma’” en el portal primeraplananoticias.mx, 22 de noviembre de 2017).


Así pues, la opacidad, el fraude, la manipulación informativa y el engaño a la comunidad universitaria han caracterizado la gestión de quien hoy ocupa la rectoría y convoca falazmente a la unidad de los nicolaitas en sus demandas de más recursos. No sólo los pocos miles que han participado en las movilizaciones tras de él, sino toda la comunidad, a través de sus representantes en el Consejo Universitario o por sí misma, debe exigir, sin dejar de reconocer la legitimidad de la demanda presentada a los órganos del Estado, cuentas claras a Medardo Serna, y poner fin a la corrupción que impregna a la centenaria institución.

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