Viernes 20 de Mayo de 2016
A- A A+

Cuando escuchamos que determinada persona que infringió la ley no es castigada y quienes fueron sus víctimas mucho menos recibieron ninguna reparación, lo primero que nos viene a la mente es la palabra impunidad. Y sí, porque la impunidad es el delito sin castigo, la inaplicación de la ley y en nuestro país la encontramos por todas partes, de la mano de la corrupción.

En el año 2015, el Índice Global de Impunidad México, elaborado por la UDLAP, CESIJ y Consejo Ciudadano, señaló a México como el segundo país con mayores índices de impunidad, donde 46 por ciento de la población detenida carece de una sentencia condenatoria. Tomando como base las encuestas nacionales del Inegi, el estudio del IGI México determina que la impunidad es uno de los diez principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana, y en nuestro país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”.

En la presentación del Índice Global de Impunidad México 2016 en febrero pasado*, se explica que el Índice de Impunidad México incluye la información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: los delitos no denunciados, el funcionamiento y las capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Michoacán –señala el estudio– es un estado atípico en términos de impunidad antes y después del año base de estudio que es 2013. El comportamiento atípico es corroborado en términos de análisis estadístico cualitativo y observaciones públicas de actores gubernamentales, autoridades nacionales de derechos humanos y por organizaciones de la sociedad civil. La información sobre seguridad y justicia, previa y posterior a 2013, presenta serios cuestionamientos sobre su veracidad.

De acuerdo con el informe, en México solamente se denuncian siete de cada 100 delitos cometidos. Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. La razón de fondo que desanima a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.

El Índice de Impunidad México incluye la información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad.
El Índice de Impunidad México incluye la información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad.
(Foto: Especial)

La impunidad es un problema generalizado en el país, ya que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo que determina una impunidad cercana al 95 por ciento de los delitos acreditados por la autoridad como consumados. Claro, esa cifra se refiere a los delitos que fueron denunciados, pero en perspectiva con aquellos no denunciados, “arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México”, lo que significa que menos del uno por ciento de los delitos cometidos en nuestro país es castigado.

En otras cifras, el promedio nacional de jueces y magistrados en el ámbito local por cada 100 mil habitantes es de 3.5, en tanto que la media nacional en otros países es de 16. Es evidente que el rezago de impartidores de justicia en México es enorme y “es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales”.

En cuanto a la sobrepoblación penitenciaria en los centros de reclusión estatales, ésta es del 30 por ciento con respecto a la capacidad instalada, mientras que en los otros países estudiados por el IGI, es de un 17 por ciento. El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7 por ciento.

En relación con la responsabilidad de la impunidad en nuestro país, el informe del Índice Global señala que es el Estado mexicano en su totalidad, es decir, “el Estado entendido no sólo como el gobierno de la República depositario del Ejecutivo” bajo cuyo control y responsabilidad se encuentra el sistema de seguridad, la investigación de los delitos, el sistema penitenciario y “la salvaguarda federal de los derechos humanos”.

Es también responsable el Congreso de la Unión en cuanto a la adecuación del sistema legal para evitar la permisión de la impunidad, asignar en debida forma el presupuesto a las áreas de seguridad y justicia, así la vigilancia y auditoría sobre el ejercicio del gasto y sus resultados. La misma responsabilidad recae en los congresos de los estados.

Hay responsabilidad en el Poder Judicial tanto federal como el local de las entidades federativas, puesto que son los órganos encargados de administrar justicia de forma pronta y expedita. Pero desde luego, y aunque la mayor responsabilidad recae en los órganos del Estado, la sociedad, a través de diversas instituciones, llámense organizaciones, asociaciones, universidades e incluso los medios de comunicación –señala el IGI– tienen la responsabilidad de contribuir para erradicar la impunidad.

En conclusión: es una obligación de todos trabajar en el combate a dicho fenómeno pues no se puede obviar, como bien ha señalado John Bailey, citado en el informe de IGI, que “la criminalidad, la violencia, la corrupción y la impunidad se fortalecen mutuamente con la sociedad civil, el Estado y el régimen, e invalidan el esfuerzo de construir una gobernanza democrática ética”.

* Índice Global de Impunidad México. IGI-MEX 2016 en www.udlap.mx/cesij

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada