Ramón Guzmán Ramos
La amenaza y la represión como oferta de diálogo
Sábado 21 de Mayo de 2016
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El anuncio que ha hecho ahora el secretario de Educación Pública sobre la nueva cifra de maestros cesados tiene la intención de sembrar el miedo entre el magisterio en paro y disuadir a quienes estarían por unirse a las movilizaciones. Lo que ocurrió el jueves pasado en Michoacán, sin embargo, es una muestra contundente de la voluntad y el espíritu que animan al movimiento. De los cinco mil 300 mentores que fueron convocados por la institución educativa para que presentaran su examen de desempeño docente, sólo acudieron 745. Son cifras oficiales que incluso podrían ser cuestionadas, ya que no se han mostrado las listas de los asistentes para constatar que realmente sean maestros. Como sea, estamos ante un nuevo fracaso de la SEP en su intento por imponer a la fuerza su Reforma Educativa. Hay que recordar que ésta era la “segunda oportunidad” para quienes no se presentaron en noviembre del año pasado. Por su parte, Silvia Figueroa Zamudio, titular de la SEE, ha declarado que los cuatro mil 555 maestros que no se presentaron serían cesados también de inmediato.

El día de la evaluación, la Sección XVIII convocó a una movilización masiva en la ciudad de Morelia. Decenas de miles participaron en repudio a la política punitiva del gobierno federal. Las columnas fueron acompañadas también por padres de familia y diversas organizaciones sociales. Fue una manifestación pública como no se veía desde hace años. A pesar de las amenazas y acciones represivas que Aurelio Nuño ha desplegado a nivel nacional para intimidar al magisterio en rebeldía, el movimiento no ha mermado. Al contrario, cada vez son más los docentes en diferentes partes del país que se dan cuenta de que la mal llamada Reforma Educativa no es sino un instrumento que el gobierno ha creado ex profeso para cambiar el régimen de contratación y las relaciones laborales con el magisterio, anulando sus derechos históricos de un solo tirón. Hay que decir que nadie duda que se trata en realidad de una reforma administrativa, de carácter laboral, que carece por completo de una propuesta pedagógica seria y pertinente. Y cada vez son más los sectores de la población que se dan cuenta de la orientación privatizadora de la reforma. Una vez eliminado el régimen de contratación colectiva de los maestros, lo cual incluye su plaza base y su seguridad en el empleo, el sostenimiento de las escuelas quedaría a cargo de los padres de familia.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha emprendido una nueva jornada de lucha con el objetivo de echar abajo la reforma. Ahora se ve con mayor claridad que la educativa es parte de las reformas estructurales que el gobierno, con la complicidad de los partidos políticos que firmaron el denominado Pacto por México, se ha propuesto aplicar en el país. Son reformas, como se empieza a apreciar por la mayoría de la sociedad, que se proponen abrir las áreas estratégicas para el desarrollo nacional a la inversión privada, sobre todo la extranjera. Es el nuevo camino que el gobierno ha abierto para poner en venta los recursos que forman parte de nuestro patrimonio nacional, como la electricidad y el petróleo. Las áreas de salud y educación se encuentran en la mira. La visión neoliberal que mueve al gobierno de Enrique Peña Nieto le dicta deshacerse de todos los espacios del Estado que pudieran tener algún control o intervención en la economía y el desarrollo social. De ahí que la lucha de la CNTE –de todos los maestros que participan en las movilizaciones– sea también por evitar que la educación se abra a la injerencia directa de los mercaderes de la globalización. Hay que señalar que la Reforma Educativa es una instrucción que organismos transnacionales, como la OCDE, que están dominados y controlados por las grandes potencias del mundo, le han dado al gobierno de México. Es, por lo tanto, una reforma que responde a los grandes intereses de las transnacionales y no al interés histórico de nuestra nación.

La mayoría de los medios de comunicación, haciendo eco de la versión oficial, insisten en que los maestros no se quieren evaluar porque le tienen miedo al examen o porque desean conservar intereses ilegítimos. El problema, hay que decirlo una y otra vez, no es la evaluación por sí misma. Cualquier maestro sabe que todo proceso de aprendizaje requiere de instrumentos efectivos de evaluación. Pero la evaluación ha de tener un carácter diagnóstico, de manera que le sirva al docente para detectar las fallas del proceso educativo y corregirlas, de ninguna manera para sancionar y excluir. Lo que los maestros en movimiento han cuestionado de esta reforma es su carácter punitivo. El gobierno se propone aplicar exámenes estandarizados a los maestros no para detectar la problemática educativa, sino para eliminar las relaciones de contratación colectiva y dejar abierta la amenaza de despido. No hay en realidad la intención de mejorar el sistema educativo en el sentido y con el enfoque que el país necesita de acuerdo con nuestro momento histórico y a la situación que prevalece en el mundo. La verdadera educación que necesitan nuestras nuevas generaciones ha de tener como fundamento y propósito la construcción de sujetos críticos, que estén en condiciones de pensar la realidad de otra manera y dispuestos a cambiarla cuando ésta se contraponga a la libre realización humana.

La Reforma Educativa no contó desde sus orígenes con la aprobación del magisterio. Como las otras reformas estructurales, surgió de acuerdos cupulares entre el gobierno y los partidos políticos. Ésta es otra razón por la que tal reforma carece de legitimidad. Lo que demanda el movimiento es que el gobierno se abra a la posibilidad de revisar con los maestros la reforma a fin de derogarla. Está demostrado que no es la reforma que el sistema educativo necesita a nivel nacional. Los maestros están dispuestos a discutir con el gobierno la problemática educativa sin tapujos con el propósito de encontrar o construir un modelo alternativo, que incluya, desde luego, un tipo de evaluación para darle seguimiento a los procesos. En esta jornada de lucha los maestros demandan una mesa de diálogo. Aurelio Nuño no puede ser ya el interlocutor apropiado. Su perfil de funcionario con uniforme de policía no lo hace el negociador idóneo. Es por ello que el magisterio ha demandado el diálogo con la Secretaría de Gobernación. Pero Osorio Chong también se ha negado, lo que nos indica que se trata ya de una política de Estado. Se ha acabado la era del diálogo, si es que alguna vez hubo una. Las negociaciones que esté dispuesto a entablar ahora el gobierno con los sectores inconformes y demandantes de la sociedad han de ser sólo para acordar cómo se aplican las decisiones oficiales.

A pesar de las amenazas constantes y de las medidas represivas en su contra, los maestros han decidido que no pueden renunciar a su lucha. Es ya una lucha emblemática que se propone restituir el diálogo como el mejor instrumento para resolver los conflictos en la sociedad, y evitar así que el autoritarismo termine por instaurarse por completo en nuestro país.

El anuncio que ha hecho ahora el secretario de Educación Pública sobre la nueva cifra de maestros cesados tiene la intención de sembrar el miedo entre el magisterio
El anuncio que ha hecho ahora el secretario de Educación Pública sobre la nueva cifra de maestros cesados tiene la intención de sembrar el miedo entre el magisterio
(Foto: Héctor Sánchez)

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