Ramón Guzmán Ramos
Plan nacional de paz y seguridad
Sábado 17 de Noviembre de 2018
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Cuando Felipe Calderón arrojó al Ejército a las calles no lo hizo sólo con la intención de combatir al crimen organizado de manera frontal. Tenía el propósito, además, de militarizar al país para inhibir o, en su caso, sofocar violentamente cualquier signo que pudiera desatar un estallido social. Su triunfo electoral fue ampliamente cuestionado por una parte mayoritaria de la sociedad, que se hallaba en movimiento. El nuevo presidente carecía de legitimidad y tuvo que apoyarse en las Fuerzas Armadas ante el temor de un derrocamiento por la vía de la insurrección civil.

Los militares nunca tuvieron realmente la función de proteger a la población de la violencia criminal
Los militares nunca tuvieron realmente la función de proteger a la población de la violencia criminal
(Foto: Gustavo Aguado)

Los militares nunca tuvieron realmente la función de proteger a la población de la violencia criminal. Tampoco en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que de igual forma fue cuestionado de origen. La presencia de los militares en las calles agudizó la crisis de derechos humanos que ya se vivía. La población civil quedó en la indefensión total. Se impuso una atmósfera de miedo y zozobra que aún permanece. El número de muertos y desaparecidos creció como espuma siniestra. Ésta ha sido una estrategia que ha resultado en un rotundo fracaso para acabar con la violencia criminal, aunque a los dos gobiernos les sirvió para sostenerse en el poder.

Es el uso que los dictadores, tanto militares como civiles, les dan a las fuerzas armadas. La ausencia de legitimidad los vuelve frágiles ante la población. Deciden entonces sustituir la ausencia de respaldo social por el sostén de las armas. Pero no es suficiente. Convierten a la población civil en un blanco militar porque saben que de ahí puede provenir su potencial derrumbe. Hacen de las fuerzas armadas un enemigo del pueblo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Pero es que en este caso el Estado ha sido secuestrado por quienes se vuelven usurpadores del poder.

En días pasados el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Reiteró su decisión de ir también a las causas sociales y económicas que desintegran a la familia, rompen el tejido social y arrojan al crimen a miles de jóvenes por todo el país. Por lo que se refiere al tratamiento directo que su gobierno habrá de darle a la violencia criminal, anunció la conformación de la Guardia Nacional, que estará integrada por las policías Militar, Naval y Federal.

Quienes se han convertido desde los medios en defensores incondicionales de la derecha política y empresarial de nuestro país volvieron a tronar. Lo que hace López Obrador es continuar con la militarización del país, sentencian. Ellos, que han sido tan cautos y silenciosos cuando de criticar a los presidentes anteriores se trata, incluyendo el que está a punto de irse, vociferan con aspavientos grotescos ante cualquier medida inédita que anuncia el que será el nuevo presidente a partir del 1º de diciembre.
Habría que hacer aquí algunas precisiones que nos permitan avanzar en un análisis distinto. No serán las tropas las que sigan en el combate desordenado contra el crimen. Por lo que respecta a las policías Militar y Naval, se trata de cuerpos especializados que han sido entrenados y capacitados en labores de investigación y esclarecimiento de situaciones irregulares. Con la Policía Federal las cosas son un tanto distintas. Se trata de una fuerza que ha sido contaminada y que requiere de un amplio proceso de depuración. La Guardia Nacional no será la suma de estas corporaciones, sino una corporación mayor única, con sus características especiales de acuerdo al objetivo con que será creada.

Hay algo sobre lo que habría que poner más énfasis. López Obrador ganó las elecciones presidenciales con 30 millones de votos. Los otros partidos quedaron prácticamente pulverizados, con el riesgo de convertirse en partidos marginales. De hecho, aún no se reponen. Más allá de algunas expresiones de gritería en el Congreso, estos partidos no representan una oposición sólida, que pudiera preocupar en serio al próximo presidente. Tampoco desde la sociedad civil se avizora una oposición fuerte. La manifestación derechista que se organizó para protestar contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco no fue de una magnitud significativa.

De manera que López Obrador llega a la Presidencia de la República con tal legitimidad como no se había visto nunca. ¿Tiene necesidad de apoyarse en las fuerzas armadas del Estado para mantenerse en el poder? Digamos que se encuentra en condiciones inmejorables para darles a las fuerzas armadas una identidad y una función distintas; de hecho, devolverles su función original, que es la de proteger a la nación de todo peligro externo y a la sociedad de toda amenaza interior. López Obrador no podría simplemente arrojar a las fuerzas armadas a la calle para sofocar peligros potenciales de un estallido social en su contra. La mayoría de la sociedad lo respalda y mantiene la expectativa que con él en la Presidencia las cosas en el país van a cambiar para mejorar.

Desde luego que para garantizar algo así se requiere que el nuevo gobierno no se aleje de la gente, no se sobreponga a la sociedad, no actúe en contra de los intereses legítimos de la población, y mantenga a raya cualquier tentación de corrupción. Quizá por eso las consultas, la necesidad de mantener contacto con el pueblo, de retroalimentarse.

Estamos viviendo un tiempo nuevo. Es natural que los cambios provoquen reacciones de diferente índole. Por eso la necesidad de una crítica sana y permanente. Hay cambios que afectan posiciones privilegiadas, por eso los ataques. Otros se convierten en errores y es necesario corregirlos. Pero en una era de cambios la inmovilidad, la inercia política, sólo puede conducir al suicidio.