Hugo Rangel Vargas
Minería leonina en la mira
Sábado 24 de Noviembre de 2018
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Al parecer la bancada de Morena en el Senado de la República sigue dando de qué hablar en su guerra de combate a los privilegios, ya que no se ha conformado con el golpe que pretenden dar a las excesivas comisiones que cobran los bancos, sino que ahora parecen ir en contra del extractivismo casi colonial que hacen las empresas mineras que tiene concesiones en el país.

Los efectos de la iniciativa recientemente presentada ya empezaron a sentirse sobre el valor de las acciones de las empresas extractivas
Los efectos de la iniciativa recientemente presentada ya empezaron a sentirse sobre el valor de las acciones de las empresas extractivas
(Foto: Gustavo Aguado)

Los senadores morenistas han presentado al pleno de la Cámara Alta una iniciativa que busca que las explotaciones mineras que afectan a territorios donde se asientan comunidades indígenas sean llevadas a consulta a los pobladores de las mismas. Esto busca poner a la legislación mexicana en concordancia con el convenio 169 firmado por el estado mexicano con la Organización Internacional del Trabajo.

Los efectos de la iniciativa recientemente presentada ya empezaron a sentirse sobre el valor de las acciones de las empresas extractivas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y el martes pasado las empresas Grupo México y Peñoles cerraron con pérdidas de mil 506 millones de dólares en su market cap. Y no es para menos, el marco regulatorio con el que opera esta industria en México les permite obtener jugosas ganancias reportando derramas pírricas a las localidades en donde se desarrolla su actividad.

La legislación mexicana no considera a los recursos minerales del subsuelo como prioritarios y entrega concesiones a las compañías mineras prácticamente ad perpetuam. De manera adicional, y aun cuando esta reforma sea aprobada, las leyes del país siguen siendo laxas en materia de volúmenes de extracción de mineral, y aun cuando recientemente se han hecho reformas que pretenden transferir recursos fiscales con el cobro de un tributo equivalente cinco por ciento por el monto de los ingresos acumulables de las compañías mineras; vale decir que no se prevén restricciones que permitan retirar concesiones por daños ambientales como si ocurre en países como Chile o Ecuador.

Todas estas condiciones jurídicas pesan sobre un sector de la economía mexicana que tiene un fuerte componente de inversiones extranjeras que llegan a este país aprovechando la misma. Por ejemplo, el porcentaje que significa el valor agregado de la actividad minera, esto es el pago de los factores de la producción, con respecto al valor bruto de la producción, es el mismo prácticamente en México que en Estados Unidos. Sin embargo, el pago de salarios representa apenas un tercio de lo que éste significa en el vecino país del norte. Esto da cuenta de una actividad netamente extractiva que poco aporta al desarrollo del país.

Basta revisar la veintena de municipios que según el Inegi concentran la actividad minera y comparar su elevado nivel de producción de minerales como oro, plata, cobre, fierro y zinc (principales minerales producidos en el país) con el grado de marginación de los mismos, para darse cuenta que la enorme riqueza del subsuelo se encuentra debajo de territorios poblados por infiernos de miseria. A ello habría que agregar las precarias condiciones de trabajo en las que laboran los empleados de las compañías mineras. Vale decir que en un boletín del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 2013 se señala que el 52 por ciento de los trabajadores del sector minero no cuenta con seguro social.

La cuarta transformación, al menos por lo que hace en el Senado, parece estar dando campanazos sobre sectores que tradicionalmente habían gozado de privilegios. Las presiones no serán menores pero veremos de qué están hechos los senadores morenistas.

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