Eduardo Nava Hernández
¿Incendiar la pradera o pactos de estabilidad?
Viernes 30 de Noviembre de 2018
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El pasado 23 de noviembre, sorpresivamente, la Secretaría de Hacienda anunció la eliminación del subsidio fiscal al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, IEPS, a las gasolinas Magna y Premium, liberando más aún los precios de esos insumos indispensables para el transporte de personas y mercancías. Según una nota de El Financiero (26 nov. 2018), el retiro de ese estímulo a los combustibles impactará con una mayor volatilidad en los precios que representará, en el caso de la Magna, con un incremento de 4.59 pesos por litro al cierre del 2018, y en el de la Premium en 3.88 pesos por litro. Como ya se sabe, los incrementos en estos productos no son considerados inflacionarios por la Secretaría de Hacienda, ni ante ellos muestra el temor, pánico, que tiene al incremento de los salarios reales.

Eliminación del subsidio fiscal al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, IEPS, a las gasolinas Magna y Premium
Eliminación del subsidio fiscal al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, IEPS, a las gasolinas Magna y Premium
(Foto: Especial)

¿Por qué eliminar ese estímulo fiscal o subsidio justo a una semana de que Enrique Peña Nieto deje la Presidencia? Son recursos fiscales que éste ya no administrará; que en todo caso mejorarán los ingresos del próximo gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador; pero también un factor realmente generador de inflación, de presiones sobre el costo del transporte y de descontento entre la población en general.

Otro más: también a pocos días del cambio en la Presidencia de la República, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles anuncia unilateralmente que traslada a la Federación la responsabilidad total de la educación básica y normal hasta ahora a cargo del estado.

Simplemente se deshace, por incapacidad financiera, del pago de la nómina del magisterio adscrito a Michoacán y revierte el proceso de descentralización educativa iniciado hace alrededor de veinte años. No lo hizo en los pasados tres años, a pesar de la excelente relación de la que siempre se jactó tener con el gobierno de Peña Nieto; lo viene a hacer ahora, cuando está a punto López Obrador de asumir el máximo cargo de gobierno en el país.

Por su parte, los doce gobernadores del Partido Acción Nacional levantaron la voz y se expresaron a través de una carta dirigida al presidente electo en la que se oponen a la designación de los llamados superdelegados, los nuevos funcionarios de la Federación que administrarán en cada estado de la República los recursos federales, y también a la anunciada estrategia de seguridad que, afirman, los excluye y los deja como convidados de piedra.

También en esta coyuntura de transición, la Bolsa Mexicana de Valores registró una drástica caída de 4.2 por ciento el lunes 26 de noviembre, mientras el dólar se apreciaba rozando los 21 pesos por unidad. Las empresas del mercado accionario más afectadas fueron Banorte, las cadenas de tiendas Liverpool y Soriana y el Banco del Bajío; es decir, no sólo los bancos registraron pérdidas.

La baja del peso se atribuyó —además de la tendencia mundial al fortalecimiento del dólar y la expectativa de un alza en las tasas de interés por la Reserva Federal estadounidense— al cierre y militarización de la frontera por nuestro gran aliado y amigo Donald Trump, a cuyo yerno y consejero Jared Kuchner consideran el presidente Peña y su canciller Luis Videgaray que hay que galardonar con la Orden del Águila Azteca por sus servicios a la nación mexicana. Sin embargo, no faltaron comentaristas que atribuyeron el descenso bursátil a la iniciativa anunciada por el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados para desaparecer las afores y transferir al estado el manejo de los fondos de pensiones.

La Bolsa y el peso mexicano no tardaron en iniciar una rápida recuperación este miércoles; pero sus tropiezos quisieron cargarse, como hace unas semanas con el atrevimiento de Ricardo Monreal en el Senado de proponer la regulación de las comisiones bancarias, a las iniciativas del bloque parlamentario Morena-PT y al mismo López Obrador.

Los hechos referidos dan cuenta de que, finalmente, la transición del gobierno peñista al de López Obrador terminó por no ser tan tersa y aterciopelada como se había considerado y festejado. Desde la propia administración del priista, desde el PAN con su nuevo presidente Marko Cortés, desde el gobierno de Michoacán y desde el sector financiero aparecieron en los últimos días presiones diversas que plantean desafíos al próximo gobierno lopezobradorista.

Los gobernantes panistas creo que tienen razón en hacer reclamos por un plan de Paz y Seguridad que no contempla a los Estados, sus gobernadores, fiscales y policías y se centra sólo en la anunciada Guardia Nacional militarizada; pero no hay motivo para la inconformidad en el hecho de que funcionarios federales designados por el presidente administren los recursos que corresponden a la Federación. En todo caso habrá que esperar a ver la eficacia de esa nueva pauta administrativa, ciertamente centralizadora.

Al gobernante michoacano le ha dado respuesta pública el futuro superdelegado en la entidad, quien apuntó que antes de transferir la educación básica y normal a su cargo a la administración federal, deberá rendir cuentas del gasto educativo mediante auditoriías tanto a la SEE como al fondo de Pensiones Civiles del Estado, donde se encuentran las cotizaciones de los maestros y trabajadores de Educación en el Estado. Veremos en qué para este asunto y si López Obrador sabe batear el picheo del de Carácuaro.

Frente a las recurrentes caídas de la Bolsa y las presiones devaluatorias contra el peso, el presidente electo y su futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, han tenido que salir a hacer declaraciones públicas para dar seguridad y garantías al capital especulativo que opera en nuestro país. Tales garantías no pueden ser otras que el ofrecimiento de no modificar el marco regulatorio del sistema financiero y mantener los elevados niveles de ganancia que los mercados de dinero y de valores arrojan a quienes participan en ellos o los administran.

Pero aquí han entrado en contradicción con las fracciones de Morena en el Senado y del PT en la Cámara de Diputados, que enarbolan demandas de amplio consenso social pero que afectan al capital bancario, dueño de medio país y el principal factor de presión desde hace varias décadas sobre los gobiernos que ha tenido el país.

Si las reformas legislativas propuestas se pusieran a consulta, es seguro que obtendrían una elevada tasa de aprobación, pero hasta ahora, el presidente electo parece no querer tocar a ese sector del capital —ni a ningún otro— y permitir que sigan las ganancias especulativas y abusos contra los cuentahabientes y usuarios de la banca en general.

López obrador ha optado, ante los ataques de las cadenas televisoras, por negociar con los capos de la televisión e incorporarlos como “asesores” en un equipo peculiar integrado sólo por magnates con los que, anunció, discutirá la política económica a seguir por su gobierno. Dejó atrás la política de “ida y vuelta” en materia de libertar de expresión que anunció frente a las críticas de Proceso unas semanas antes, y su capacidad política e institucional para revirar tales campañas, por usar una expresión de su deporte favorito.

Pero no deja de extrañar que, hasta ahora, ni Morena y sus legisladores ni el equipo de transición hayan hecho declaración alguna en relación con el alza de las gasolinas. ¿Es acaso que necesitan esos recursos fiscales para ajustar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2019, dados los compromisos de campaña y poselectorales asumidos hasta ahora por López Obrador en programas sociales y proyectos “prioritarios”? ¿Es un pacto con el gobierno saliente? ¿Es parte del pacto negociado de estabilidad a cambio de “perdón” presidencial de López Obrador a su antecesor y a sus colaboradores, del que habla el perredista Carlos Navarrete?

No todo en este proceso si generis de transición sexenal está claro. Los retrocesos en materia de seguridad pública, fuerzas armadas, pactos con la oligarquía —antes “Mafia del Poder”— y precios de las gasolinas parecen indicar que, a pesar de la gran legitimidad que le dan 30 millones de votos y un porcentaje de respaldo ciudadano sin precedentes desde que inició la mal llamada transición democrática, podríamos estar ante el escenario de un gobierno acotado por los factores reales de poder a los que ya antes he hecho referencia. Creo que nos corresponde a los ciudadanos evitarlo e impulsar las iniciativas más avanzadas por las que el pasado 1 de julio se votó.

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