Alma Gloria Chávez
Pueblos indígenas y medio ambiente
Jueves 24 de Enero de 2019
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Resulta necesario no olvidar que en los pasados comicios electorales desarrollados en el país, fue una suma de resistencias la que propició el cambio del proyecto político que recién iniciamos y que apremia a la participación ciudadana honesta, responsable y comprometida con el bien común, de quienes anhelamos una patria libre de injusticias, inequidades, violencia y corrupción.

Fueron defensores de derechos humanos, colectivos feministas, magisterio independiente, académicos incorruptibles, estudiantes socialmente comprometidos, familias de víctimas de la guerra y la violencia, afectados ambientales y pueblos originarios, además de desempleados, jubilados y pensionados que sobreviven con magros recursos, quienes lograron la derrota de proyectos políticos que solo han apostado a la ganancia en aras del beneficio propio y empresarial (nacional y extranjero).

 En esta nueva etapa histórica de la Nación
En esta nueva etapa histórica de la Nación
(Foto: TAVO)

En esta nueva etapa histórica de la Nación, justo es tener permanentemente presentes a las poblaciones indígenas, sobre todo, que han venido resistiendo valerosamente los avances de un sistema económico transgresor y depredador del medio ambiente y de los derechos humanos, que ha contado con la anuencia y contubernio de malos representantes del gobierno, en todos los niveles. Hoy podemos constatarlo, lamentablemente, por los hechos que se suceden cotidianamente y que enlutan a la población más vulnerable.

“Actualmente se está viviendo una tragedia por la destrucción, la muerte y el despojo, pero al mismo tiempo no deja de sentirse un ambiente de esperanza que se vive en las luchas, porque esto quiere decir que no hay indiferencia ante lo que ocurre. En los últimos diez años, las luchas han aumentado a lo largo de todo el país…” quedó registrado en el Recuento de la Movilización en Defensa de la Madre Tierra realizado en Oaxaca, el año 2017.

Desde la ciudadanía, seguiremos insistiendo y exigiendo que los crímenes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tengan consecuencias legales, no sólo para los perpetradores materiales, sino para toda la estructura de poder que los permite; la cancelación de megaproyectos letales para el medio ambiente; las autonomías para los pueblos indígenas; reforzar la lucha contra la violencia machista y homofóbica, así como la que cada día emprenden los defensores de derechos humanos y la libre prensa.

En el caso de las leyes ambientales, se ha visto que desde hace más de cuatro lustros, en lugar de fortalecer a las comunidades (y a los mismos centros urbanos), provocan mayor afectación. Desde la década de los años noventa, se han hecho modificaciones a estas leyes, principalmente a la agraria, a la minera, a la energética, de aguas y de bosques, entre otras. Obviamente, las modificaciones han obedecido a la demanda del sector empresarial para promover y legalizar el despojo a las comunidades.

“El despojo (a las comunidades indígenas) va más allá de lo material, porque se despoja de las formas de vida que van implícitas en lo que se conoce como territorialidad. Se afecta la salud, como sucede en el caso de la minería a cielo abierto, pero también afecta a la identidad y la cultura, ya que el territorio es un espacio de vida de las formas organizativas que ahí yacen… Actualmente, el 20 por ciento del territorio del país ha sido concesionado; de estas concesiones, sólo algunas se conocen y la mayoría se están dando en territorios indígenas”, cita el “Recuento” en Defensa de la Madre Tierra.

Imperante también resulta que sea re-conocido y tomado en cuenta, en todos los ámbitos de gobierno, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ese instrumento jurídico de carácter internacional, que ha servido como soporte invaluable para reconocer que en los países de América, sus naciones tienen conformación pluriétnica y por tanto sus gobiernos tienen obligación de respetar y hacer respetar a las culturas, formas de vida y de organización e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales. Garantizar la participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afecten y establecer los mecanismos adecuados y los procedimientos para dar cumplimiento al citado Convenio, de acuerdo a las condiciones de cada país.

Al parecer, este importante Convenio ha sido (convenientemente) soslayado, durante lustros, por gobiernos federales, estatales y municipales.

En Michoacán, por ejemplo, desde 2016, fue suspendido el Programa presupuestal Federal denominado “Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales”, lo que ha dado coyuntura para que se genere el aumento de turismo en la Región, que en principio no está mal, pero sí resulta reprobable que se mitifiquen espacios naturales y arquitectónicos sin que se tenga ninguna acción reguladora, ni partida presupuestal para su mantenimiento y conservación. Ejemplo de ello: la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, los lagos de Cuitzeo y Zirahuén, la Reserva de la Mariposa Monarca, los Monumentos Religiosos de la Meseta Purépecha y las Zonas Arqueológicas, además del cambio del paisaje y clima por la deforestación imparable y la siembra de cultivos “de alto impacto” como el aguacate y los frutos rojos.

A pesar de esto, no tenemos noticia de que algún candidato (o candidata) para el puesto edilicio, durante sus campañas electorales, haya hablado del manejo de los residuos sólidos en su municipio; qué se hará para disminuir los incendios y la devastación forestales; cómo se detendrá y regulará el cambio de uso de suelo; cómo salvar el lago de Pátzcuaro, detener la contaminación por plaguicidas y abonos utilizados en las huertas de aguacate, o más sencillo: dar mantenimiento y aumentar el número de plantas tratadoras de aguas residuales que siguen en aumento y desembocan en nuestro cuerpo de agua (tan promocionado). Y lo mismo podemos decir para los demás lagos y ríos del Estado Michoacano.

A propósito: cuando algún visitante inquiere acerca de qué se está haciendo para la conservación de nuestros recursos naturales aquí en el Municipio, les he dicho (en tono de broma, o a menudo con cierta esperanza de que resulte verdadero) que de toda la derrama económica que dejan nuestros visitantes, se tiene ‘un guardadito’ para atender problemas como la separación de residuos sólidos y dar mantenimiento a las pocas plantas tratadoras de aguas residuales. Además, en épocas altamente turísticas, los habitantes de la periferia ‘nos sacrificamos’ y permitimos que se privilegie a hoteles y restaurantes del centro con el servicio de agua potable.

Ya en serio: es necesario que empujemos, junto a las comunidades indígenas, la creación de una agenda ambiental que verdaderamente resulte benéfica para la instrumentación de políticas públicas que permitan salvaguardar nuestros recursos naturales y patrimoniales.

Sobre el autor
Alma Gloria Chávez Castillo. Oriunda de Pátzcuaro, realizó estudios formales en el lugar. Por interés personal complementó su formación con actividades artísticas como la pintura, la danza, el teatro y la pantomima. Su vocación de servicio le ha llevado a promover o insertarse en espacios culturales orientados a niños/as y jóvenes. Ha sido colaboradora fraterna con organizaciones indígenas de la región a través de espacios radiofónicos y prensa escrita. Promotora de lectura y cuenta-cuentos, fundadora y activista de grupos de mujeres, vive anhelando una sociedad libre de violencia.
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