Ignacio Hurtado Gómez
Repensando la democracia municipal
Miércoles 6 de Febrero de 2019
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Ciertamente, nuestros procesos democratizadores a lo largo de los tiempos han sido dominados por las elecciones de los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo federal y local; esto es, presidente de la república y gobernadores, así como senadores y diputados federales y locales.

De la misma forma, pareciera que una nueva cultura de la legalidad, también comienza a reflexionar sobre la legitimación democrática de los jueces.

Así, parafraseando a don Sergio García Ramírez, hoy día nos interesa quién nos gobierna desde el ejecutivo, quién legisla desde los congresos, y cómo nos juzgan, desde el judicial.

Sin embargo, me parece que aún hay una agenda pendiente nada menor desde el ámbito municipal, y si bien nadie puede negar la alternancia que en varios municipios se ha asentado desde hace años, –Morelia es un clarísimo ejemplo de ello– no menos lo es que aún prevalecen prácticas que en nada favorecen un quehacer democrático.

Lo anterior no es menor, pues como se ha dicho hasta el cansancio, es la instancia municipal el primer orden de gobierno con el que tenemos contacto los ciudadanos de a pie. Es la instancia municipal la que debe responder, en principio, a muchas de las demandas sociales más sentidas, y por ello la necesidad de repensar un municipio democrático más a tono con estos tiempos.

Es la instancia municipal la que debe responder, en principio, a muchas de las demandas sociales más sentidas, y por ello la necesidad de repensar un municipio democrático más a tono con estos tiempos.
Es la instancia municipal la que debe responder, en principio, a muchas de las demandas sociales más sentidas, y por ello la necesidad de repensar un municipio democrático más a tono con estos tiempos.
(Foto: ACG)

¿Por qué verlo desde esta perspectiva? Resulta que a lo largo de los años, desde el ámbito electoral se han presentado diversos asuntos que, en el fondo, evidencian precisamente algunos de los aspectos que es necesario repensar en términos democráticos, por lo menos desde un enfoque formal o procedimental, pues debemos recordar que –dicho sea de pasadita– tenemos una democracia de procedimientos para la toma de decisiones, y una sustantiva anclada, principalmente, a la vigencia de los derechos humanos.

Cuáles son pues, esas evidencias:

1. La primera tiene que ver con lo que hace años sucedía en el sentido de que, por decisión unilateral, en varias ocasiones los presidentes municipales destituían o dejaban de convocar a los regidores para posteriormente llamar a los suplentes. Casos que fueron revocados, pues se comenzó a construir un criterio de que el desempeño del cargo, también era protegible como una vertiente del derecho a ser votado.

2. Luego, en administraciones pasadas también se intentó una práctica de reducir o dejar de pagar el sueldo a las y los regidores, lo que también se consideró indebido, pues dicha situación, se dijo, puede trastocar, incluso hoy en día, la independencia de ese servidor público al momento de tomar decisiones en favor de los ciudadanos de su municipio.

3. Igualmente, en algunos casos se presentaron situaciones que igualmente se estimaron indebidas, cuando de manera injustificada, los propios presidentes municipales o los secretarios de los ayuntamientos, dejaban de convocar a ciertos regidores para ciertas sesiones, a afecto de que no pudieran participar en ellas, lo cual también se consideró contrario al derecho a ejercer el cargo por el cual fueron votados y electos.

4. Otra práctica igualmente indebida, fue la que se ha presentado cuando ciertos funcionarios, principalmente regidores solicitan información para la toma de decisiones, la cual es negada por funcionarios de la propia administración municipal, incluso en determinados casos se llegó al extremo de contestarles que dicha información debía ser solicitada ante las áreas de transparencia de los respectivos ayuntamientos. Contestación contraria a derecho, pues igualmente se ha razonado que esa negativa de proporcionar información violenta el derecho a ejercer el cargo, pues no se pueden tomar decisiones de manera desinformada, y mucho menos negarla a quienes forman parte de dichos cuerpos colegiados, instancias superiores dentro del ayuntamiento.

5. Tal vez la práctica más común y visible en donde se ha cuestionado el carácter democrático de los ayuntamientos, es cuando siendo una instancia política terminan organizando por mandato de la Ley Orgánica Municipal las elecciones de jefes de tenencia. En ese punto, simple y llanamente se puede decir que no han sido pocas las ocasiones en que dichas elecciones se han tenido que anular porque no cumplen con estándares democráticos.

6. Tal vez, un aspecto que no ha sido motivo de pronunciamiento por el tribunal michoacano, pero que ya tiene antecedentes en otros lugares, es el de la presencia de regidores indígenas en aquellos municipios con presencia indígena, lo cual está ordenado por el artículo 2º constitucional.

7. Y por último un tema nada menor que, sin duda requiere un mayor análisis de lo que aquí se pueda hacer, pero que es necesario poner sobre la mesa de la reflexión. La integración de los ayuntamientos, particularmente de las regidurías.

El hecho de que el presidente en funciones cuente con una mayoría de regidores de su propio partido –al tratarse de una elección por planilla–, y que en todos los casos son mayor en número que los llamados regidores de representación proporcional, en los hechos genera una especie de cláusula de gobernabilidad, lo cual trae como consecuencia, en principio, que las minorías terminen siendo ninguneadas e ignoradas en la toma de decisiones, pues al final, por diseño, la mayoría necesaria para muchas decisiones ya está garantizada de facto.

Y si a ello sumamos que los controles internos y externos son prácticamente inexistentes, no es difícil pensar que a nivel municipal la toma de decisiones y las prácticas democráticas se ponen a prueba todos los días, sin que necesariamente salgan bien librada de todas, todas. Al tiempo.

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