Columba Arias Solís
Las desapariciones forzadas
Viernes 27 de Mayo de 2016
A- A A+

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el mes de septiembre de 2014, dio visibilidad pública a un problema que por desgracia no se inicia con los estudiantes de Ayotzinapa, sino que a lo largo de los años y especialmente en el periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio gubernamental pasado, se sucedió, incrementándose a niveles inauditos las desapariciones. Ya desde 2012 se dio a conocer una lista provisional elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, que contenía más de 25 mil personas desaparecidas o extraviadas, cifra que ha seguido aumentando.

Conocer el paradero de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y cuyo destino aún se desconoce, es una obligación ineludible y urgente del Estado. La característica que distingue estos delitos de otros es que, “mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo”.

Dentro de esta lista, Human Rights Watch ha documentado casi 250 casos de desapariciones forzadas –aquellas en las que intervienen autoridades de los diferentes niveles de gobierno– a partir de 2007, luego de una profunda investigación realizada entre enero de 2012 y febrero de 2013 en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí, habiéndose reunido también con familiares de desaparecidos en Tamaulipas y Michoacán. De acuerdo con el organismo, en más de 140 de los casos se evidencia que se trata de desapariciones forzadas, ya que participaron en ellas agentes del Estado ya sea en forma directa o “indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.

Señala el organismo internacional que dichos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que “intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada”.

También reitera HRW que los casi 250 casos documentados no corresponden para nada a la totalidad de las desapariciones que se han sucedido en México durante el periodo citado, toda vez que en el estado de Coahuila, y de acuerdo con la información que les proporcionaron funcionarios de esa entidad, mil 835 personas habían desaparecido entre diciembre de 2004 y abril de 2012 solamente en esa entidad.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el mes de septiembre de 2014, dio visibilidad pública a un problema que por desgracia no se inicia con los estudiantes de Ayotzinapa.
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el mes de septiembre de 2014, dio visibilidad pública a un problema que por desgracia no se inicia con los estudiantes de Ayotzinapa.
(Foto: TAVO)

El estado no puede seguir ignorando esta crisis que en materia de desapariciones forzadas es la más grande que ha sucedido en América Latina en las últimas décadas. Evidentemente cualquier estrategia para resolver las desapariciones pasa no solamente por la voluntad del gobierno federal para resolver el tema, sino en que tenga la capacidad y la disponga en favor de dicha solución.

En los casos documentados por Amnistía Internacional, la mayoría responde a un mismo patrón: miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las personas “sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares. En otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan por ellos en las dependencias de seguridad y en los ministerios públicos, les indican que esas personas nunca fueron detenidas”.

En la investigación realizada por Amnistía para documentar las desapariciones, encontró que cuando los familiares de las víctimas denuncian las desapariciones, en muy pocos casos los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o a los responsables; más bien indican en forma errónea a los familiares que por ley deben esperar varios días para presentar una denuncia formal. Y más todavía, les indican que ellos mismos se den a la tarea de buscar a la persona desaparecida en dependencias de la Policía y bases militares, lo que no solamente conlleva un riesgo, sino que además, por esas demoras y omisiones injustificadas se pierde tiempo e informaciones valiosas que podrían haber salvado la vida de las víctimas y ayudado a ubicar a los responsables.

Otro rasgo común encontrado por el organismo internacional es que tanto en los agentes como los policías y funcionarios de seguridad ante quienes acuden los familiares de los desaparecidos, es común la respuesta de que están implicados en actividades ilícitas, sin tener ninguna prueba para sostener su dicho, más bien como pretexto para no iniciar investigaciones. Pero en los casos en que sí inician alguna investigación, solicitan a los familiares realizar tareas que son parte de la investigación y corresponde hacerlas a los funcionarios, tales como entrevistar a testigos e intentar localizar a presuntos responsables.

Las desapariciones forzadas en México constituyen una herida sangrante para los familiares de las víctimas. Desconocer lo que ha sucedido a sus seres queridos es un constante sufrimiento que se agrava ante la nula respuesta de las autoridades responsables de investigar, y que acarrea graves secuelas emocionales y psicológicas.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada