Las desapariciones forzadas

Columba Arias Solís

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el mes de septiembre de 2014, dio visibilidad pública a un problema que por desgracia no se inicia con los estudiantes de Ayotzinapa, sino que a lo largo de los años y especialmente en el periodo de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio gubernamental pasado, se sucedió, incrementándose a niveles inauditos las desapariciones. Ya desde 2012 se dio a conocer una lista provisional elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, que contenía más de 25 mil personas desaparecidas o extraviadas, cifra que ha seguido aumentando.

Conocer el paradero de aquellas personas que han sido llevadas contra su voluntad y cuyo destino aún se desconoce, es una obligación ineludible y urgente del Estado. La característica que distingue estos delitos de otros es que, “mientras se ignore el destino de la víctima, tienen carácter continuo”.

Dentro de esta lista, Human Rights Watch ha documentado casi 250 casos de desapariciones forzadas –aquellas en las que intervienen autoridades de los diferentes niveles de gobierno– a partir de 2007, luego de una profunda investigación realizada entre enero de 2012 y febrero de 2013 en los estados de Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí, habiéndose reunido también con familiares de desaparecidos en Tamaulipas y Michoacán. De acuerdo con el organismo, en más de 140 de los casos se evidencia que se trata de desapariciones forzadas, ya que participaron en ellas agentes del Estado ya sea en forma directa o “indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia.

Señala el organismo internacional que dichos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que “intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la delincuencia organizada”.

También reitera HRW que los casi 250 casos documentados no corresponden para nada a la totalidad de las desapariciones que se han sucedido en México durante el periodo citado, toda vez que en el estado de Coahuila, y de acuerdo con la información que les proporcionaron funcionarios de esa entidad, mil 835 personas habían desaparecido entre diciembre de 2004 y abril de 2012 solamente en esa entidad.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el mes de septiembre de 2014, dio visibilidad pública a un problema que por desgracia no se inicia con los estudiantes de Ayotzinapa.
(Foto: TAVO)

El estado no puede seguir ignorando esta crisis que en materia de desapariciones forzadas es la más grande que ha sucedido en América Latina en las últimas décadas. Evidentemente cualquier estrategia para resolver las desapariciones pasa no solamente por la voluntad del gobierno federal para resolver el tema, sino en que tenga la capacidad y la disponga en favor de dicha solución.

En los casos documentados por Amnistía Internacional, la mayoría responde a un mismo patrón: miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las personas “sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares. En otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo en establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan por ellos en las dependencias de seguridad y en los ministerios públicos, les indican que esas personas nunca fueron detenidas”.

En la investigación realizada por Amnistía para documentar las desapariciones, encontró que cuando los familiares de las víctimas denuncian las desapariciones, en muy pocos casos los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública actúan inmediatamente para buscar a la víctima o a los responsables; más bien indican en forma errónea a los familiares que por ley deben esperar varios días para presentar una denuncia formal. Y más todavía, les indican que ellos mismos se den a la tarea de buscar a la persona desaparecida en dependencias de la Policía y bases militares, lo que no solamente conlleva un riesgo, sino que además, por esas demoras y omisiones injustificadas se pierde tiempo e informaciones valiosas que podrían haber salvado la vida de las víctimas y ayudado a ubicar a los responsables.

Otro rasgo común encontrado por el organismo internacional es que tanto en los agentes como los policías y funcionarios de seguridad ante quienes acuden los familiares de los desaparecidos, es común la respuesta de que están implicados en actividades ilícitas, sin tener ninguna prueba para sostener su dicho, más bien como pretexto para no iniciar investigaciones. Pero en los casos en que sí inician alguna investigación, solicitan a los familiares realizar tareas que son parte de la investigación y corresponde hacerlas a los funcionarios, tales como entrevistar a testigos e intentar localizar a presuntos responsables.

Las desapariciones forzadas en México constituyen una herida sangrante para los familiares de las víctimas. Desconocer lo que ha sucedido a sus seres queridos es un constante sufrimiento que se agrava ante la nula respuesta de las autoridades responsables de investigar, y que acarrea graves secuelas emocionales y psicológicas.