Ignacio Hurtado Gómez
Violencia política contra la mujer por razones de género
Miércoles 6 de Marzo de 2019
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Lamentablemente, uno de los temas que ha venido creciendo en cuanto a la necesidad de debatirlo, pero sobre todo de visibilizarlo, es el de la violencia política por razones de género en contra de la mujer; en otras palabras, la violencia política en contra de la mujer, por el solo hecho de ser mujer.

Sin duda, más allá de la necesaria visibilización del fenómeno, ojalá ahora se dé el paso –también necesario– hacia la aprobación de medidas legislativas que permitan aminorar y castigar el fenómeno, aunque sin olvidar que las leyes por si mismas no pueden transformar las realidades que respiramos, por lo que en ese sentido, habrá que atender en mucho también la parte cultural.

Vale la pena desde aquí recordar dos reflexiones que desde hace varios ayeres me acompañan: La primera es de Joan Antón Mellón quien señala: “la verdadera democracia se encuentra en la mente y conciencia de los ciudadanos y en las instituciones que conforman”.

Y la segunda de Luigi Ferrajoli sobre el tema del género cuando nos dice: “Es obvio que ningún mecanismo jurídico podrá por sí solo garantizar la igualdad de hecho entre los dos sexos, por mucho que pueda ser repensado y reformulado en función de la valorización de la diferencia.- La igualdad, no sólo entre los sexos, es una utopía jurídica que continuará siendo violada mientras subsistan las razones sociales, económicas y culturales que siempre sustentan el dominio masculino, pero esto no le quita nada a su valor normativo”.

Es necesario generar políticas públicas que nos permitan transformar esa realidad social, económica y cultural que sirve de sustento al machismo político
Es necesario generar políticas públicas que nos permitan transformar esa realidad social, económica y cultural que sirve de sustento al machismo político
(Foto: Especial)

En otras palabras, ciertamente es necesario apostarle a legislar en la materia; pero sobre todo también es necesario generar políticas públicas que nos permitan transformar esa realidad social, económica y cultural que sirve de sustento al machismo político.

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la violencia política en contra de la mujer por ser mujer? Por razones de tiempo veamos algunas reflexiones necesariamente generales enfocadas al tema político-electoral.

Como sabemos, en 1953 es cuando se da el reconocimiento al voto a la mujer, y en 1974 se plantea en aquel entonces como garantía individual la igualdad ante la ley –aquí todavía no hablamos de igualdad sustantiva o material como hoy en día– entre el hombre y la mujer.

En 2002, la legislación electoral establece la cuota de género de 70%-30%, y que si bien en su redacción no distinguía para cuál género era el 70% y para cuál el 30%, la interpretación común era del 30% para la mujer, con el agregado que se les registraba como suplentes y en los últimos lugares, tan solo para cubrir con la cuota. En 2008 se pasó a una cuota de 60%-40%.

En 2009, en un asunto del Tribunal Electoral –SUP-JDC-461-/2009–, y derivado de las reformas a la legislación electoral se interpretó la regla de la alternancia en la confección de las listas de representación proporcional, y ante ello, se determinó la regla de uno y una, o una y uno, lo que abrió sin duda, la puerta a una mayor participación y presencia femenina.

Luego se recordará que llegó en 2012 el famoso caso de “Las Juanitas”, lo que llevó al Tribunal Electoral a establecer que las fórmulas de candidatos debían integrarse con personas del mismo género.

Y así llegamos a la reforma de 2014, en donde se estableció la cuota de 50% para un género y el 50% para otro. También se elevó a ley la regla de que las fórmulas deben ser del mismo género y se estableció que no podían asignarse distritos perdedores a las candidatas mujeres.

Igualmente de manera interesante, el Tribunal Electoral comenzó a resolver asuntos de usos y costumbres de los pueblos originarios, en donde no obstante de que gozan de su derecho a la autodeterminación, se estableció que no podían discriminar a la mujer y excluirlas de la toma de decisiones, pues de ser así podían motivar la nulidad de sus elecciones.

De esta forma el tema venía evolucionando, con una lucha a nivel político por un mayor reconocimiento a los derechos de las mujeres, sin embargo, llegamos a las elecciones de 2015, y en las mismas de 2018, en donde se han presentado fenómenos bastante cuestionables y lamentables, por decir lo menos.

En ese contexto, algunas candidatas y excandidatas han denunciado amenazas, levantones, propaganda calumniosa, falta de recursos para sus campañas, y hasta la muerte de algunas de ellas, por el solo hecho de ser candidatas.

De todos los partidos políticos, tanto relacionadas a la elección federal como de las locales, y de diferentes puntos de la República han llegado señales de violencia política en contra de la mujer.

Ante tal situación, las instituciones han intentado reaccionar, aunque no ha sido suficiente, por un lado se han emitido protocolos que sirven de guía para atender el tema, así mismo, se han volteado a ver instrumentos internacionales que sirvan de instrumento para igualmente atender este tema, y desde el ámbito jurisdiccional, a través de resoluciones se ha venido delineando un marco normativo reivindicatorio del derecho de las mujeres, aunque como se ha dicho, a la fecha a resultado insuficiente, por lo que hay mucho por trabajar.

Por último, no está de más recordar que, la violencia contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Al tiempo.

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