Ramón Guzmán Ramos
Razón de Estado y Estado sin razón
Sábado 28 de Mayo de 2016
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La aplicación de la Reforma Educativa se ha convertido en una razón de Estado.
La aplicación de la Reforma Educativa se ha convertido en una razón de Estado.
(Foto: Especial)

La aplicación de la Reforma Educativa se ha convertido en una razón de Estado. No existe para el gobierno federal ninguna otra razón que pudiera colocarse por encima de esta razón particular. Todos los organismos e instituciones que conforman el Estado se han puesto en movimiento para garantizar que así sea. Además del gobierno federal y los gobiernos locales, donde la resistencia del magisterio cuestiona la reforma y exige que se derogue, tenemos un despliegue excepcional de las Fuerzas Armadas para contener y, si es necesario, sofocar el descontento cada vez que los maestros deciden ocupar los espacios públicos para expresar su inconformidad. Los partidos políticos, sobre todo los que renunciaron a sus respectivas identidades ideológicas para firmar el Pacto por México, se han unido a la condena y al linchamiento de los docentes. El Congreso de la Unión mantiene una vergonzante subordinación al Ejecutivo federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el derecho de los alumnos está por encima de los derechos de los maestros, como si fueran derechos contrarios y excluyentes, como si no fuera posible construir relaciones de armonización entre unos y otros.

La razón de Estado es un principio superior a todos los principios, una razón superior a la misma razón. Pero en la razón de Estado la ética queda totalmente desplazada. Nada obliga al gobernante que se escuda en la razón de Estado a dar cuenta de sus actos. El término ha sido empleado a partir de Nicolás Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de conservar o incrementar la salud y fuerza del Estado, bajo el supuesto de que la supremacía de dicho Estado es un valor superior a los otros derechos individuales y colectivos. De ahí viene también la idea y la convicción –en quienes conforman el Estado– de que el fin justifica los medios. El deber del príncipe es mantenerse en el poder, no importa si lo que hace para conseguir este propósito contradice cualquier otro precepto ético, jurídico o político. Los gobernantes apelan a la razón de Estado para justificar la supresión de todo sistema basado en el respeto a los derechos humanos.

Cuando Aurelio Nuño dice que no dialogará con los maestros en movimiento a menos que acepten la reforma y el diálogo sea para acordar los mecanismos más efectivos que permitan su implementación total, lo que hace, aunque no lo diga explícitamente, es recurrir a la razón de Estado. El Estado no dialoga con los sectores inconformes y demandantes de la sociedad a menos que renuncien a la razón de su rebeldía y se sometan a los lineamientos que el propio Estado les ha dictado. El secretario de Gobernación ha ratificado esta postura, lo mismo ha hecho el presidente de la República cuando se ha referido al tema. De manera que, en efecto, se trata de una política de Estado que el Estado no está dispuesto a modificar.

Ésta sería la mejor definición de un régimen donde la democracia ha sido también sacrificada. El Poder Legislativo ha renunciado a su autonomía, lo mismo el Poder Judicial. Estamos ante un proceso silencioso de concentración de las principales funciones del Estado bajo el control hegemónico del Ejecutivo federal. Estaríamos entonces ante el riesgo real del advenimiento e imposición de un tipo de totalitarismo que se disfraza con el traje y el discurso de la democracia. En un régimen así, que usa la razón de Estado para imponer por la fuerza una reforma que anula los derechos fundamentales de los maestros y abre las puertas a ciertas modalidades de privatización de la escuela, el riesgo de una represión a gran escala no es inverosímil. Los signos que la anuncian ya están entre nosotros.

Me parece, sin embargo, que quienes conforman el Estado mexicano no han hecho una lectura apropiada de Maquiavelo. Lo que Maquiavelo decía era que el deber del príncipe es mantenerse en el poder. Todo lo que haga se justifica por esta razón suprema. No importa si los medios se pervierten y terminan por pervertir el fin. Pero en México el Estado hace las cosas al revés. La estrategia que ha desplegado contra los maestros le está resultando contraproducente. En vez de sembrar el miedo, de disuadir a los que paran las escuelas y se integran al movimiento, de inhibir la participación de nuevos contingentes, lo que hace el Estado es agudizar y extender el conflicto. La razón de Estado que el gobierno usa para confrontar y reprimir a los maestros podría convertirse en una causa de desestabilización política para el propio Estado. Tendría entonces el efecto contrario a las recomendaciones que en su momento les hizo Maquiavelo a todos los príncipes de la historia.

Lo único que piden los maestros es que el gobierno acepte instalar una mesa de diálogo. En ese espacio se tendrían que revisar la Reforma Educativa y los aspectos punitivos que de ahí se derivan. Eliminar la amenaza de despido y recuperar la permanencia en el trabajo como un derecho inalienable de los trabajadores sería uno de los ejes de análisis. Pero también la posibilidad de crear un nuevo sistema de evaluación docente que permita, en efecto, levantar un diagnóstico certero sobre las necesidades reales de capacitación y actualización que tienen los mentores sin que sea un instrumento para la exclusión, la amenaza, la persecución y el despido. Y desde luego, la imperiosa necesidad de crear un nuevo modelo pedagógico para el país que nos saque de la crisis extrema en que se halla la educación. La participación directa, desde abajo, desde el aula y la escuela, desde la comunidad donde cada escuela se encuentra inserta, garantizaría que las medidas que se acuerden y se implementen tengan resultados positivos. Pero un mecanismo así sólo se concibe en un régimen de plena democracia. O sucede cuando un sector en movimiento de la sociedad, como en este caso los maestros, logra con su presión que el gobierna ceda por fin y acepte sentarse a dialogar con quienes injustificadamente ha declarado como su enemigo irreconciliable.

No es exagerado afirmar que en estos momentos la lucha de los maestros es emblemática. No están luchando, como lo asegura una y otra vez el secretario de Educación Pública, por conservar privilegios ilegítimos. Quienes realmente cuentan con este tipo de privilegios y no son tocados de ninguna forma son los dirigentes nacionales del SNTE, con Juan Díaz de la Torre a la cabeza; pero como ellos se han sometido entregando en bandeja de plata los derechos de sus afiliados, gozan de total impunidad. La lucha de los maestros pasa también por la defensa de los espacios –escasos– con que cuenta todavía la sociedad para expresarse, organizarse y exigir que sus propuestas sean tomadas en cuenta.

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