Julio Santoyo Guerrero
El árbol y los intocables
Lunes 8 de Julio de 2019
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“Esto es imparable. Año tras año tenemos más huertas de aguacate y menos montes. En verdad que estos señores son muy poderosos, son intocables. Operativos vienen y operativos van y sus huertas que están donde hasta hace muy poco eran bosques cerrados, siguen creciendo, no hay poder humano que los detenga”.

Un cultivo que bien planificado, en sus implicaciones económicas, ambientales, laborales y de salud, pudo haberse constituido en un detonante del desarrollo sustentable del estado, se ha convertido en su némesis. Por su crecimiento desordenado y en gran medida al margen de la legalidad, las plantaciones aguacateras se han constituido en la amenaza más grande que hayan tenido los bosques michoacanos en toda su historia. De las aproximadas 16 mil hectáreas que son incendiadas anualmente por motivaciones económicas, al menos diez mil terminan plantadas de aguacate.

A pesar de las campañas anuales de reforestación y los operativos de la Mesa de Seguridad Ambiental para contener este abominable ecocidio, el arrasamiento de los bosques por los aguacates continua imparable. Como nos advierte el campesino que entrevistamos en la zona de Villa Madero, "son muy poderosos, son intocables", y lo son porque durante años los poseedores de los capitales aguacateros han realizado de manera permanente un eficiente trabajo de cabildeo con integrantes los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para proteger sus intereses y para que la impunidad ambiental adquiere el carácter de costumbre y se normalice ante la percepción pública.

Por su crecimiento desordenado y en gran medida al margen de la legalidad, las plantaciones aguacateras se han constituido en la amenaza más grande que hayan tenido los bosques michoacanos en toda su historia.
Por su crecimiento desordenado y en gran medida al margen de la legalidad, las plantaciones aguacateras se han constituido en la amenaza más grande que hayan tenido los bosques michoacanos en toda su historia.
(Foto: Especial)

Entren los huerteros prósperos de Michoacán con plantaciones impuestas en terrenos forestales, existen personajes de la vida política y hasta magistrados, cuyos nombres se han referenciado más de una vez en los medios impresos y digitales de la entidad y del país. En más de una ocasión se han expresado abiertamente en contra de las disposiciones institucionales que los señalan como infractores. El negocio del aguacate ilegal no es sólo defendido por los capitales civiles, cuenta con una defensa de primera línea entre políticos y funcionarios públicos, es decir, la alianza perfecta para blindar y hacer intocables más de 100 mil hectáreas de huertas instaladas sobre tierras deforestadas o calcinadas en Michoacán.

El próximo jueves 11 de julio será el día del árbol, la víctima predilecta del aguacate ecocida de Michoacán. En tales celebraciones veremos el protagonismo hipócrita de aguacateros, talamontes e incendiarios, que rasgándose las vestiduras se lamentarán por "los daños irreversibles al medio ambiente", plantando algunos cientos de árboles para redimir su culpabilidad y lavar ante los medios de comunicación la ceniza, la savia y la sangre de los bosques y fauna que arrasaron para llenarse los bolsillos de billetes.

El desmantelamiento presupuestal de las instituciones responsables del medio ambiente a nivel federal es seguramente la mejor noticia que los ecocidas han tenido en las últimas décadas. Si hasta antes del presente gobierno, con un presupuesto ligero, no habían hecho su mejor papel ahora con la miope e irresponsable "austeridad" estarán dejando el camino franco a todos quienes pretendan enriquecerse a costa de la depredación de bosques, aguas, tierras y fauna.

Hay programas en curso tanto del gobierno federal como del estado que deben ser repensados para evitar alentar la pedagogía de que quienes destruyen el medio ambiente tienen estímulos. Son programas que no se alinean claramente en favor de la sustentabilidad y la defensa del árbol y del medio ambiente.
"Sembrando vida" está propiciando que los dueños de bosques los talen para ser incluidos en el programa y cobrar el salario correspondiente, es decir, cuando un programa no es vasto y contundente en las reglas de operación la simulación se cuela por el menor resquicio. Lo mismo ocurre con el Programa de Sustentabilidad Ambiental del gobierno de Michoacán que pretende legalizar huertas de aguacate previas a dos años, pagando siete mil pesos por hectárea y reforestando entre diez y 20 hectáreas del total de la huerta sembrada. Este programa también está siendo utilizado por huerteros como medio idóneo para legalizar el ecocidio. La falta de supervisión y en ausencia de un censo completo de huertas ilegales, los huerteros arrasan con bosques para convertirlos en plantaciones y luego proceder a incluirlos en el programa. La buena fe frente al problema ambiental ha demostrado ser la puerta del demonio, por ello las reglas deben cerrar cualquier porosidad. Un punto central es construir legalidad y apuntalar voluntades para hacer valer la determinación de alto total al cambio de uso de suelo y respeto a los ecosistemas.

El día del árbol debe ser momento para señalar con índice de fuego las prácticas y las impunidades que están permitiendo la extensiva deforestación. Los gobiernos de todos los niveles deben hacer el compromiso para desarticular y extinguir el poder perverso, fuera de la ley, que sostiene y alienta a los ecocidas michoacanos; es la única manera para detener la mayor destrucción en la historia de los recursos naturales de la entidad. Sin un compromiso así y las consecuentes acciones para lograrlo, el día del árbol será simple simulación. Mientras los impunes e intocables, como lo dijo el campesino de Villa Madero, lo sigan siendo por el respaldo de los poderes públicos, los árboles seguirán cayendo hasta que la próxima celebración se haga con árboles de plástico.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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