Eduardo Nava Hernández
Universidad Michoacana, la crisis otra vez
Jueves 18 de Julio de 2019
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Nuevamente la Universidad Michoacana se encuentra bajo la amenaza de padecer, como en 2017 y 2018, una crisis financiera de fin de año que suspenda el pago a sus trabajadores y proveedores y podría paralizar la institución. Y nuevamente, también, so pretexto de tales amenazas, se plantea ante los universitarios y sus sindicatos la exigencia de que acepten la modificación del derecho a la jubilación establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la institución y en los contratos colectivos.

Es evidente que desde algún lugar, ya sea desde la Rectoría de la Casa de Hidalgo o desde el gobierno del estado (o ambos) hay una intensa campaña de prensa que apunta a señalar con flamígero índice a las jubilaciones universitarias como responsables del déficit que podría tener postrada nuevamente a la universidad. Paradójicamente, el propio rector universitario, Raúl Cárdenas Navarro, reconoce que no es el sistema de retiro la causa del quebranto; pero insiste en que hay que dar cumplimiento a los compromisos firmados por la anterior administración con el gobierno federal y con el estatal a fin de asegurar recursos extraordinarios que den respiro a las exhaustas arcas nicolaitas, y eso pasa necesariamente por que los sindicatos modifiquen su actitud de resistencia a negociar algún nuevo esquema de jubilación.

No tan paradójicamente, omiten el rector y los medios que lo corean hablar de los brutales recortes que el presupuesto universitario sufrió en 2017 y 2018 a manos del gobernador y el Congreso estatal. Omiten también mencionar el virtual incumplimiento, por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, del convenio firmado en enero de 2016 por el cual se comprometía a incrementar progresivamente sus aportaciones al financiamiento de la universidad hasta alcanzar el 50 por ciento. En 2015 el gobierno de Michoacán financiaba el 30 por ciento del subsidio a la universidad; y a finales de 2019 lo habrá hecho apenas con el 32 por ciento.

Adicionalmente, el 21 de diciembre de 2018 el entonces rector Medardo Serna negoció un recurso extraordinario por 500 millones de pesos para cubrir sueldos y prestaciones de fin de año a costa de condicionar en el futuro cualquier nueva aportación a compromisos de transparencia, reformas administrativas, la contención del gasto y “fortalecer” el sistema de jubilaciones y pensiones de la universidad, cualquier cosa que ello haya querido decir, según rezan las acciones convenidas conforme al Anexo de Ejecución del propio convenio. En el mismo se ponía un plazo, el 21 de marzo de 2019, para revisar el cumplimiento de esas acciones. El último punto sería el que falta por cumplir.

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(Foto: TAVO)

Juristas y diversos universitarios ponen en duda, sin embargo, la validez de lo firmado por Serna en diciembre. Ello porque, a pesar de que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana (LOUM) en su fracción XVIII da al Consejo Universitario la atribución de “Aprobar los convenios que el Rector celebre en nombre de la Institución, cuando comprometan el patrimonio de ésta y tengan por objeto la prestación de servicios o de ayuda mutua para el cumplimiento de sus funciones […]”; y de que el artículo 6° de la propia LOUM, en su fracción VI considera que forman parte de su patrimonio “Los subsidios que le otorguen los gobiernos federal y estatal”, dicho acuerdo nunca fue turnado a su aprobación por el máximo órgano de gobierno universitario. Es decir, sin dicha aprobación, el convenio mismo carecería de vigencia.

Pero hay algo más. El pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3° constitucional que, a partir de esa fecha prescribe: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales […] proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”. Y de manera complementaria, en un artículo Décimo Quinto transitorio, la misma reforma estableció que “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3°. de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura”.

¿Qué quiere decir esto? La obligatoriedad de la educación superior, ahora establecida constitucionalmente, y la conformación de un fondo especial de financiamiento de la educación deben impedir que los subsidios y recursos financieros para las instituciones de educación superior sean condicionados. Y deben ser suficientes para sufragar las necesidades de cada institución.

No obstante, el rector Cárdenas Navarro se resiste a explorar esa vía para superar la crisis que se avecina, y se resiste también a exigir al gobierno estatal que cubra las aportaciones completas que le corresponden a la universidad. Se mantiene, en cambio, en obtener recursos extraordinarios federales por la vía de dar cumplimiento al endeble convenio del 21 de diciembre de 2018.

En realidad, de lo que se trata es de modificar radicalmente la jubilación como se tiene actualmente pactada y consumar el retroceso en los derechos de los trabajadores, como se ha hecho ya en la mayoría de las instituciones de educación superior, en el IMSS y en diversas instituciones del sector público.

Desde el Congreso de Michoacán se ha emitido un valioso exhorto al gobierno estatal y al federal para no dejar en la insolvencia a la noble institución michoacana y atender a la brevedad sus necesidades de financiamiento. Y a pesar de la desmovilización instalada en los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo por sus dirigentes, la andanada contra la universidad no avanzará sin que haya respuestas desde la comunidad universitaria y las mismas bases sindicales. En esta controversia aún no está dicha la última palabra.

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