Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Marco normativo LGBTTTI
Miércoles 8 de Junio de 2016
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La invisibilidad social como mecanismo de opresión, tanto de quienes no cumplen la heteronormatividad y desafían al poder, es uno de los grandes retos que tiene el estado mexicano.
La invisibilidad social como mecanismo de opresión, tanto de quienes no cumplen la heteronormatividad y desafían al poder, es uno de los grandes retos que tiene el estado mexicano.
(Foto: Cuartoscuro)

Durante la primera década del siglo XXI continuaban amplios sectores de la población sin gozar de su derecho fundamental a la igualdad ante la ley con motivo de sus preferencias sexuales o la identidad de género; pese a la existencia de la Ley Federal Antidiscriminatoria, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la aplicación de las Encuestas Nacional sobre Discriminación 2005 y 2010, la comunidad gay se mantiene en una exclusión permanente.

En el caso de los gays, lesbianas y comunidad trans el daño no surge de la pobreza o impotencia, más bien de la invisibilidad de que han sido objeto por años. El señalarlos como perversos, desvergonzados a expresar un afecto físico espontáneo, la prohibición del amor donde no hay reproducción, y además la negación de una plena ciudadanía es parte de lo que vulnera la dignidad humana de una persona viviendo en diversidad sexual, pero también de un grupo social.

La invisibilidad social como mecanismo de opresión, tanto de quienes no cumplen con la heteronormatividad y desafían al poder, es uno de los grandes retos que tiene el Estado mexicano para acomodar en la democracia a este segmento de población.

En 2011 se da un nuevo paradigma social en México, hoy el Estado mexicano debe proteger a estas poblaciones y garantizarle sus derechos humanos. Las modificaciones en materia de derechos humanos a la Constitución de México da cuenta del compromiso que se tiene y del camino que se debe emprender para cumplir con los marcos normativos de dimensión universal de los derechos humanos a favor del principio pro persona.

Hoy las voces en contra de la llamada diversidad sexual socaban los derechos de los mismos; dichos grupos no acaban de conocer el marco jurídico universal al que los miembros de la diversidad sexual también tienen derecho aun en sus diferencias con la sexualidad heterosexual. Dar una mirada a dichos marcos normativos obligatorios para el Estado mexicano debería abrir el espacio para evitar hacer los pronunciamientos que se han venido haciendo por grupos fácticos y conservadores y en todo caso encontrar los espacios para la reflexión de las ideas, para el reconocimiento de las diferencias y de la igualdad de derechos en una visión de “tolerancia”.

El discurso político en la función pública es independiente de las creencias personales de titulares de cargos públicos; el posicionamiento del gobierno federal el pasado 17 de mayo da cuenta del respeto del presidente Peña Nieto a este segmento de población con su pronunciamiento, pese al discurso de intolerancia de grupos fácticos se continúa caminando en estas tareas de reformas constitucionales.

El cuerpo normativo internacional que protege los derechos de las personas que integran la llamada diversidad sexual es aplicable –por cierto– a la población en general o grupos vulnerados socialmente y dentro de los cuales se encuentran estos perfiles de las personas gays, lesbianas, bisexuales, comunidad trans e intersexuales.

Dichos marcos universales los podemos dividir en instrumentos protectores del sistema interamericano e instrumentos de protección del sistema universal, en este último se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el correspondiente a los derechos económicos, sociales y culturales, la convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo.

Por otro lado, en el marco interamericano señalamos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales Pacto de San Salvador; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém Do Pará; Carta de la Organización de Estados Americanos, Carta Democrática Interamericana, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su Reglamento.

Adicionalmente habría que incluir la Declaración de la III Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993; Declaración Internacional de los Derechos de Género de la II Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgéneros y Políticas de Empleo de 1993; Convenio Europeo para la Protección delos Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1998; Declaración de la Conferencia Mundial sobre Racismo, Xenofobia, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia de 2001; Declaración sobre Violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con la Orientación Sexual y la Identidad de Género de ONU 2008; Principios de Yogyakarta de 2007; resolución que condena las violaciones a los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género de la OEA de 2008; sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Karen Atala versus Chile de 2010.

La Declaración Internacional de los Derechos de Género de la II Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgéneros y Políticas de Empleo de 1993, menciona en favor de la diversidad sexual “el derecho de los individuos a reivindicar la identidad de género, el derecho a la libre expresión de la identidad y el papel del género, el derecho a determinar y modificar el propio cuerpo, el derecho a un servicio médico competente y profesional entre otros”. Entre otros instrumentos jurídicos.

Otros de los elementos fundamentales que como marcos normativos existen en Michoacán y que fueron impulsados por la sociedad civil y encabezados por Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, van desde la Constitución Política de Michoacán de Ocampo en su artículo primero, pasando por las leyes y códigos siguientes:

Código Familiar (matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, corrección de actas de nacimiento), Código Penal (delito de discriminación, delitos agravados por crímenes de odio por homofobia e identidad de género, delitos agravados por lesiones a la diversidad sexual) y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación.

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