Eduardo Nava Hernández
La impostura del SPUM y el chantaje salarial
Jueves 17 de Octubre de 2019
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Ningún episodio tan bochornoso y tan riesgoso ha vivido en sus 43 años de existencia el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) como el ocurrido el miércoles 9 de octubre pasado, cuando debió instalarse su XXXVII Congreso General de Representantes para discutir, como cada año, el proyecto de contrato colectivo 2020, la política general del sindicato y otros aspectos del mayor interés para los agremiados. En vez de ello, los más de 300 asistentes presenciaron el espectáculo de un desquiciado secretario general tratando de dirigir la instalación ilegal de la sesión para sacar, a como diera lugar, los acuerdos que con seguridad ya previamente había determinado con su grupo y probablemente con la parte patronal, la Rectoría de la Universidad Michoacana.

Sin duda, el SPUM ha padecido ya dirigentes corruptos y patronales que de diversas maneras traicionaron su cargo y la confianza de sus representados. Los hubo que se enriquecieron con negocios ilícitos, los que desfalcaron al organismo gremial, los que mostraron con impudicia su servidumbre a los poderes constituidos en la institución universitaria o en el gobierno estatal. Ninguno llegó al extremo que ha sobrepasado el actual dirigente Jorge Luis Ávila Rojas, de manipular la existencia de un órgano superior de dirección para imponer a los delegados y al conjunto de los sindicalizados determinaciones que no han sido aceptadas por la generalidad de ellos. El XXXVII CGR nunca se instaló; y sin embargo se han difundido, en declaraciones del formalmente líder y en diversos medios o comunicados, posiciones que se pretende hacer pasar como emanados de él.

Pasadas las 10 de la mañana del 9 de octubre, y concluyendo el registro de delegados asistentes de las diversas secciones sindicales, se anunció que había 315 asistentes, esto es más del 51 por ciento necesario para que el congreso trabajara. Procedía que el presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia declarara la existencia de quorum para que el órgano superior de gobierno quedara instalado. Al tomar la palabra, empero, el maestro Fernando Moreno González declaró que no podía hacerlo. El Comité Ejecutivo General no le había entregado el registro detallado de los delegados acreditados ni le había permitido cotejar las actas de elección por las asambleas seccionales; sólo le dio a ese órgano de control un listado de nombres donde ni siquiera se consignaba a qué sección pertenecían los presuntos delegados. Por añadidura, un acuerdo absurdo y antiestatutario del Consejo General al emitir la convocatoria había determinado que este último órgano, inferior en jerarquía al CGR, llevara ya elegidos los escrutadores al Congreso, violentando la primacía de éste y su autonomía para elegir su propia mesa directiva.

Al retirarse el presidente de la CAV junto con sus compañeros, Ávila Rojas procedió a imponer a la asamblea una mesa de debates a modo y conformada con sus adictos, pese a las protestas de muchos de los presentes, a quienes no permitió el uso de la palabra y llegó a ordenar que se apagara el equipo de sonido para que no fueran escuchados.
El fraudulento presidente del Congreso también falsificado no puso a consideración de nadie el reglamento interior que debía ser aprobado para que funcionaran las mesas de trabajo, pero comenzaron a disponer que éstas se instalaran. No pudo hacerse por la oposición de la mayoría de los delegados a dar por establecida formalmente la asamblea, y el secretario Ávila, asumiendo el papel de presidente de la mesa, decretó un receso hasta las 5 de la tarde.

Aspecto de una manifestación del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.
Aspecto de una manifestación del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.
(Foto: Especial)

La permanencia de los delegados en el auditorio sindical no permitió que por la tarde funcionaran tampoco las nunca aprobadas mesas de trabajo, y fue hasta el día siguiente que el grupo minoritario de afectos a Ávila Rojas y su comité se trasladaron a otras sedes en transportes pagados con dinero del gremio, al estilo de los buenos tiempos del gordillismo en el SNTE, que realizaba congresos itinerantes con delegados viajeros. Fuera del lugar señalado en la convocatoria, y sin dar aviso a todos los delegados del cambio de sede, se realizó la pantomima de que el Congreso General de Representantes estaba funcionando, la cual se ha vendido a las autoridades de la universidad y a la opinión pública. La mascarada concluyó, como estaba anunciado, con el supuesto acuerdo de que el sindicato había desechado sus anteriores resoluciones y se abría al diálogo con las autoridades para modificar el régimen jubilatorio y llevará la propuesta presentada hace unos meses por el rector Raúl Cárdenas a “las bases” para su consideración y eventual aceptación.

Obviamente, nada de lo realizado por José Luis Ávila y su comité ejecutivo entre el 9 y el 11 de octubre tiene validez legal; pero sí ha causado un daño perdurable al SPUM al dividir y polarizar a los agremiados. Él habla de tener la mayoría; pero en los videos de la trifulca durante el intento de instalación se aprecia que, según los “escrutadores” avilistas, su mesa de debates fue electa por 93 delegados. En cambio, 124 de éstos signamos un desplegado público que fue publicado el sábado 12 en rechazo al proceder del líder y su equipo por falsificar el XXXVII Congreso General de Representantes. No es de olvidarse que el 12 de noviembre del año pasado este comité ejecutivo fue elegido por 510 votos, apenas 1/7 del padrón de los sindicados, y que las otras tres planillas, a las que ahora pretende culpar de su fracaso como dirigente, sumaron 1102 sufragios, más del doble que la Planilla Azul avilista. Además, hay que recordar que la toma de nota otorgada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a la actual dirigencia está en litigio en los tribunales federales por irregularidades en la instalación de la asamblea que la eligió.

Pero el problema no es numérico, sino de legalidad y apego al Estatuto y a la Declaración de Principios del SPUM. El golpe contra el marco legal se produce como respuesta a un chantaje: si los sindicatos de la UMSNH no aceptan la revisión inmediata del régimen de jubilaciones vigente, no habrá recursos para el pago de las últimas quincenas y prestaciones del presente año, según el convenio firmado el 21 de diciembre de 2018 por el anterior rector Medardo Serna y el gobernador Silvano Aureoles con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para poder tener acceso a fondos extraordinarios.

Este último ha sido el argumento movido por las autoridades universitarias desde entonces: sólo si se modifica la prestación jubilatoria, la Universidad Michoacana podrá concursar por una bolsa de recursos extraordinarios para pagar los salarios únicamente del presente año. Proponen, entonces, canjear una prestación que es permanente y que existe desde el surgimiento mismo del sindicalismo en la universidad michoacana y con la ley orgánica de 1939, por fondos que quizá garanticen los sueldos de unas quincenas de los universitarios. No habría que olvidar, sin embargo, que en al menos otras nueve universidades se ha adoptado hace ya años el sistema de jubilación mediante cuentas de aportación individuales que en la Michoacana se quiere aplicar, y sin embargo enfrentan crisis financieras idénticas que en ésta.

Los salarios devengados no son motivo de negociación alguna; pero Ávila ha armado todo su sainete congresal para ceder al chantaje de la Rectoría, el gobierno estatal y el gobierno federal, cuando están en puerta la revisión del contrato colectivo de trabajo y está pendiente un conjunto de violaciones sin reparación. Justamente mientras la reciente reforma laboral se encamina a dar a los trabajadores la garantía de órganos de dirección sindical y contratos colectivos legales y legítimos, en el SPUM el comité ejecutivo de Jorge Luis Ávila Rojas apuesta a retornar a los tiempos del charrismo de antaño y de líderes que se imponen sobre cualquier legalidad. El camino para enmendar las graves violaciones llevará ineludiblemente a los litigios ante los órganos internos y jurisdiccionales externos, a menos que la dirección sindical esté dispuesta a reponer la convocatoria y a la realización con apego a las normas estatutarias del XXXVII Congreso General hoy en suspenso.

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