Francisco Lemus
VISOR
La violencia delictiva y la legitimidad del Estado
Jueves 17 de Octubre de 2019
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Aunque se le trate de normalizar, los niveles de violencia que se registran en Michoacán y otros espacios del territorio nacional no pueden ser subestimados, la preponderancia del Estado sobre todas las demás formas de administración del poder se pone en entredicho cada vez que suceden este tipo de acciones.

La muerte de trece elementos policiacos en el municipio de Aguililla no sólo es trágica por la pérdida de vidas que representa, es dramática porque es un recordatorio para el gobierno que el poder del Estado se encuentra amenazado por la acción de grupos del crimen organizado.

Si en el pasado el régimen político emanado de la Revolución logró mantener una sólida y perdurable legitimidad fue gracias a varios elementos, como el desarrollo económico sostenido, la organización de sus fuerzas políticas, un sistema corporativo que aglutinaba a trabajadores de todos los ramos, así como la legitimidad de su nacionalismo revolucionario.

Hoy en día, esos elementos se han perdido, y todo nuevo gobierno debe -al menos en cierta medida- tomar prestados elementos de ese régimen para poderse sostener. Sin embargo, el desarrollo económico brilla por su ausencia, no existe una organización política medianamente homogénea y la ideología revolucionaria cedió paso al neoliberalismo.

Aunque el presidente pretende generar una nueva idea de unidad nacional y un «proyecto alternativo de nación», se requiere más que sólo enunciarlo para que se pueda llevar a cabo. Y si de apelar a la moral de los ciudadanos se trata, el partido debería ser el primero en mostrar esa cualidad, sin embargo, al menos en el partido y su organización perviven vicios del pasado.

El clima de violencia que existe en el país es consecuencia de la escasa legitimidad del Estado para dar rumbo a la nación, distintos tipos de actores, sobre todo empresariales –legales e ilegales- se discuten la posibilidad de imponer su voluntad, y aunque no se trate de una carrera democrático electoral, sí buscan legitimar su poder.

Los empresarios alegan que su generación de riqueza les faculta para ello; los delincuentes, además de la generación de riqueza, usan la violencia y de vez en cuando las dádivas, para lograr esa legitimidad.

La violencia es una de las formas que tiene el Estado para imponerse frente a los actores que le disputan la preponderancia del poder, pero ni es la más efectiva ni la más duradera; es en estos casos donde el Estado debe mostrar su superioridad moral y dar cabida a tantas expresiones como sea necesario, para así recuperar su legitimidad.

La propuesta de la amnistía hecha por el actual gobierno federal busca esto, el reparto de recursos también trata de disminuirle adeptos a los grupos delincuenciales, sin embargo, hacen falta más elementos para reconstruir la derruida legitimidad del Estado mexicano y de su principal gestor: el gobierno.

Sin desarrollo económico es muy difícil que las políticas sociales puedan tener mucho futuro, finalmente esas políticas sociales han sido más el sinónimo de paliativos para enfrentar el salvajismo neoliberal que para garantizar un desarrollo humano.

Sobre el autor
Francisco Javier Lemus Yáñez Es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma universidad, y Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2010 inició sus labores como reportero de economía en Cambio de Michoacán, desde 2011 colabora con el segmento Visor en el cual trata temas de economía, política y sociedad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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