Jorge Álvarez Banderas
Reflexiones universitarias
Martes 3 de Diciembre de 2019
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El salario es la retribución que recibe el trabajador por desempeñar sus labores, por lo que su monto y forma de pago deberá fijarlos de común acuerdo con el patrón en el contrato individual o colectivo de trabajo respectivo. En otro sentido, es obligación del patrón pagarlo, pues en caso de que no lo haga o lo realice parcialmente, el trabajador tendrá acción para dar por terminada la relación laboral sin incurrir en responsabilidad, acorde con el artículo 51, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, y exigir su pago, pues se trata de un derecho ya generado, o simplemente reclamarlo como una prestación autónoma.

En el caso de los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es una práctica recurrente en los últimos años, que en esta época los pagos de sus prestaciones laborales no se dan de manera ordinaria, en virtud de la falta de presupuesto asignado por los legisladores que permita cubrir los salarios ya devengados ¿los motivos? -según el Estado- la falta de transparencia del ejercicio de los recursos públicos recibidos y el sistema de retiro que resulta ya un problema económico para la hacienda pública.

La falta de asignación presupuestaria, del pago oportuno de las prestaciones laborales ¿es una medida de presión para que el trabador renuncie? Al Estado le seria más redituable liquidar a los trabajadores universitarios y recontratarlos bajo un esquema distinto al actual, donde ya no se contemple el derecho a jubilarse con una pensión no menor al salario integrado que perciban al momento de su retiro al cumplir 25 años de servicio, derecho creado por el propio Estado, previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Casa de Hidalgo, del cual hoy se duele pero no toma cartas en el asunto, dejando la “obligación” a cargo de la propia universidad pública, evitando con ello, ser linchados el día de mañana en el siguiente proceso electoral, olvidándose de lo más valioso: los alumnos y su formación.

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(Foto: Especial)

Hoy muchos de los trabajadores universitarios aún no tenemos incorporado dentro de nuestra esfera jurídica -en atención al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- un derecho adquirido en relación al contenido del artículo 29 en cita, para acceder a una pensión por jubilación, contamos con una mera expectativa de derechos, obteniendo un derecho adquirido entonces, una vez que se cumplan los requisitos legales vigentes en el momento en que sean exigibles, esto es, cumplir con los 25 años de servicio.

La economía de muchas familias depende de las prestaciones laborales que reciben de la universidad pública, los trabajadores por la falta de pago no darán por terminada su relación laboral, los sindicatos han reclamado de manera autónoma el pago relativo, la incertidumbre pesa en el ánimo universitario, el gobierno federal y estatal nos han dado la espalda, ninguno se hace responsable de sus acciones legislativas, el titular del Poder Ejecutivo Federal nos ha señalado indirectamente como corruptos, la patronal por su parte, no ha atendido los factores de riesgo psicosociales de su personal, para promover un entorno organizacional favorable para la institución a que se encuentra obligado desde el pasado 23 de octubre, deseo que esto no se vuelva un caos. @lvarezbanderas

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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