Hugo Rangel Vargas
Los impuestos “ecológicos”
Viernes 6 de Diciembre de 2019
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En días recientes, el gobierno estatal ha planteado al poder legislativo una reforma a la Ley de Hacienda de Michoacán que pretende, entre otras cosas, generar cuatro nuevos impuestos denominados ecológicos: el impuesto por remediación ambiental de las extracciones de materiales, el impuesto de la emisión de gases a la atmósfera, el impuesto de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.

El gobierno silvanista lo hace utilizando una excusa políticamente correcta para pretender incrementar la carga tributaria a contribuyentes cautivos y valiéndose del calificativo de ecológicos, lanza una iniciativa de reforma que tiene en primer lugar, tal y como lo dice en la redacción el artículo 32 de la propuesta planteada, “recaudar recursos para sufragar el gasto público”, relegando en segundo término del texto mencionado y del conjunto de la propuesta, el generar incentivos a cambios en la conducta de los sujetos obligados en favor de la salud y el medio ambiente.

No se trata de un asunto de exquisitez en la redacción, ni de pretender leer entre líneas con el sobradísimo pretexto de que en política la forma es fondo; pero la propuesta de los llamados impuestos ecológicos que reedita el gobierno silvanista de su fracasado intento del año pasado, sólo tiene un tinte recaudatorio, puesto que no forma parte de una política pública integral que pretenda atacar de fondo la problemática ambiental de la entidad.

La intención llega además en el peor momento del ciclo económico. Los seguidores de Keynes, e incluso los fanáticos de las teorías económicas más ortodoxas, calificarían de irracional la idea de incrementar impuestos justo cuando la actividad económica se enfila a un período de desaceleración, en el mejor de los casos. Esto genera la sustracción de fondos del circuito económico que bien podrían utilizar los agentes en inversión o en consumo, mientras que, en el caso del gobierno, y acentuadamente en el caso del gobierno de Aureoles, el destino de los recursos recaudados es dudoso.

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(Foto: Especial)

Esto último no es menor. El gobierno silvanista ha acusado de un manejo excesivamente opaco de los recursos públicos. Año tras año, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha hecho observaciones a la información que el gobierno de la entidad hace pública en relación al ejercicio presupuestal. Con esa misma vara de medición, Michoacán ha venido descendiendo en cada medición del Índice de Información Presupuestal Estatal durante el gobierno de Aureoles. En el mismo sentido, OXFAM, a través de la iniciativa “Fuiste Tú”, realiza análisis de los reportes de la cuenta pública de la Auditoria Superior de la Federación y tan sólo en 2017, el Gobierno de Michoacán no había comprobado 2 mil 500 millones de pesos de recursos federales.

El escudo de la “ecología” y el “medio ambiente” podría ser utilizado en contra de quienes se opongan nuevamente a la intentona de generar nuevos impuestos en Michoacán. Pero la iniciativa es laxa, cuando no omisa, de definiciones claras en la base gravable, en el razonamiento de las tasas impositivas; y ni que decir en lo que hace al destino de los recursos que se generaran con los impuestos “ecológicos”, los cuales debiesen de ir a la remediación de los daños ambientales y no al simple y llano “gasto público”.

Finalmente, el Fondo Monetario Internacional recomienda que los impuestos ecológicos vayan acompañados de medidas compensatorias que no mermen la competitividad de la economía en donde se aplican. Dinamarca, por ejemplo, reutiliza los recursos recaudados en las propias industrias a las que grava. Pero la tropicalización silvanista de los impuestos “ecológicos” no se ha detenido en valoraciones, más allá de las recaudatorias, justo en el preludio del conocido año de Hidalgo.

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