Hugo Rangel Vargas
Michoacán y la tentación de la deuda.
Viernes 27 de Diciembre de 2019
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Hay mucho que festejar en estas fechas en Michoacán, particularmente en los temas de finanzas públicas, puesto que el anuncio de que se está a punto de concretar la federalización de la nómina educativa es un tanque de oxígeno a las comprometidas cuentas del gobierno estatal. Esto llegaría el próximo año, ya cerca de que termine el gobierno de Silvano Aureoles. Pero con la también anhelada conclusión del gobierno silvanista, se aproxima el año de Hidalgo y la tentación de tomar decisiones al cuarto para las doce.

Y es que en una práctica bananera de los gobiernos michoacanos, se suelen tomar determinaciones trascendentales a días, o a veces a horas, de que concluya el mandato de los gobernadores. Desde la entrega de notarías a amigos y compromisos políticos, hasta la venta de empresas estatales a precios de risa; las últimas administraciones estatales han decidido comprometer a sus sucesores con decisiones irracionales; entre ellas la contratación de deuda pública.

La federalización de la nómina educativa podría abrir a los michoacanos un camino de dos vías: sanear las finanzas públicas de estos compromisos económicos adquiridos en gobiernos anteriores o abrir la puerta a un mayor endeudamiento. Esta disyuntiva nace de la extinción del compromiso, que en términos de gasto corriente, existe con el magisterio; mismo que al desaparecer podría mejorar la calificación de la deuda de la entidad y detonar una renegociación de la misma en mejores condiciones y finalmente en la posibilidad de adquirir más deuda.

Esta tentación de endeudarse se ha concretado en otros momentos durante las pasadas administraciones y deriva de un débil control institucional sobre los mecanismos y procesos jurídicos que permiten el endeudamiento, así como de una condición de las finanzas de los niveles subnacionales del país que les tiene prácticamente en estado de inanición, lo cual coloca al endeudamiento como salida fácil a los problemas financieros de los gobiernos estatales.

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(Foto: Especial)

Así, al primer trimestre de 2019, el saldo de la deuda de la entidad era de 20 mil millones de pesos. De 2002 a 2003, año de transición de gobierno, este saldo pasó de 152 mil millones de pesos a mil quinientos millones de pesos. De 2008 a 2009 pasó de 6.7 a 7.7 MMDP, llegando en 2010 a 10.3 MMDP, teniendo desde entonces un crecimiento permanente, sin que los últimos dos gobiernos hayan dejado en claro el impacto de esos recursos extraordinarios en la economía de la entidad.

La deuda es una preocupación constante de la opinión pública, aunque no debiera de serlo si esta significase apalancamiento de inversiones públicas que permitan detonar el crecimiento económico puesto que en el mediano plazo está deuda sería manejable con los recursos obtenidos de una mayor recaudación proveniente de una actividad económica pujante. Pero en los gobiernos de la entidad el uso de los recursos extraordinarios provenientes de financiamiento es poco transparente en cuanto a su destino y en consecuencia existe imposibilidad de medir su efecto.

Pero también el endeudamiento es un mecanismo de control político que somete a los gobiernos a la necesidad de administrar sus finanzas y sus procesos de planeación al dictado de los acreedores y al de las calificadoras de riesgo, mismas que tienen una dudosa reputación y con objetivos muy distantes de las necesidades de la población. Por ello es que resulta trascendental que la sociedad michoacana y los partidos opositores, fundamentalmente Morena que se avecina a ser el próximo partido gobernante, sean vigilantes de lo que sucederá una vez que se desahogue la condición de las finanzas públicas y se evite adquirir más compromisos que limiten los márgenes de acción del nuevo gobierno.

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