Eduardo Nava Hernández
Las luchas que el 2019 no se llevó
Jueves 9 de Enero de 2020
A- A A+

El cambio de cifra en el calendario hace usual y casi obligado, un balance siempre provisional de los acontecimientos del año recién concluido. No hay duda de que, tratándose del 2019, fue un periodo pleno de sorpresas políticas y en la lucha social.

Siempre será recordado 1989 como el año de los grandes movimientos sociales en Europa del Este que derribaron los regímenes del llamado socialismo real, demolieron el Muro de Berlín y pusieron fin a la Guerra Fría en un aparente predominio absoluto del sistema geopolítico capitalista encabezado por los Estados Unidos. Recordamos también el 2011 como el momento de la Primavera Árabe que abatió los regímenes dictatoriales en Túnez y Egipto, cimbró (no sin intervención de Occidente) al gobierno de Siria y también al conjunto del mundo árabe.

¿Será algo semejante lo que hemos presenciado en los meses recientes en diversas latitudes? No, si nos atenemos a los resultados, pues ningún gobierno o régimen ha caído hasta el momento como resultado de las movilizaciones sociales que los cuestionan. Quizá sí, por la radicalidad que las protestas han alcanzado y que siguen cuestionando no sólo a gobernantes sino al sistema económico que a través de ellos se ha impuesto o sostenido, y por el potencial alcance de las luchas sociales que representan. Por la extensión de estas contiendas, tal vez pocas veces en la historia encontremos un momento semejante en que en muy diversos sitios del planeta se sincronice el sentir de los grupos y sectores subalternos contra el orden establecido por el capital financiero, la denominada plutonomía.

Al mismo tiempo, la reacción de las oligarquías y grupos de poder se ha dejado sentir en acciones represivas y el manejo de la fuerza contrainsurgente, sin que, hasta ahora, se logre apaciguar la ira social y popular ni contener el vendaval que los amenaza.

Protesta de chalecos amarillos en Francia
Protesta de chalecos amarillos en Francia
(Foto: Especial)

Ya antes de que iniciara 2019 en París y otras ciudades de Francia se había extendido el movimiento conocido como Chalecos Amarillos contra el alza de impuestos a las gasolinas que afectó los costos del transporte a las clases trabajadoras y grupos intermedios de la sociedad. Durante más de un año, este movimiento, que resiste con métodos violentos la represión de la policía y ha demandado no sólo la anulación de las medidas fiscales sino la renuncia del presidente Emmanuel Macron, se manifiesta en las calles sin que el gobierno pueda extinguirlo, a pesar del uso irrestricto de la fuerza, con resultado de múltiples heridos y decenas de miles de detenidos. Por el contrario, su causa ha llegado a tener un amplio respaldo social en casi todo el territorio galo.

Ahí mismo, en Francia, desde inicios de diciembre estalló la huelga general del transporte que tiene paralizados parcialmente la actividad productiva y el comercio, y a la cual se han sumado otros actores como los artistas de la emblemática Ópera de París. Se trata de enfrentar el proyecto gubernamental de imponer un modelo único de pensiones que afectará los derechos laborales. Si bien con los festejos navideños la huelga fue parcialmente levantada, con la llegada del nuevo año se espera que se sumen a ella los expendedores de combustibles, adheridos a la Confederación General del Trabajo y miembros de profesiones liberales agrupados en SOS Pensiones.

En Hong Kong la movilización no ha parado desde mediados de 2019 en demanda de reformas democráticas y derogación de medidas y leyes represivas con las que el gobierno chino castiga la protesta. Se ha intensificado desde el 24 de noviembre cuando la oposición democrático-liberal ganó arrolladoramente la elección municipal a los partidos pro Pekín. Con el llamado Movimiento de los Paraguas, en realidad ha hecho crisis una situación gestada hace veinte años, desde que la ex colonia británica pasó como “territorio autónomo” al dominio del régimen chino, de partido único formalmente comunista. Las tensiones han crecido y han llegado, en medio de protestas pacíficas, a enfrentamientos muy violentos con la policía, particularmente de los universitarios hongkoneses. No se ve una salida fácil, y es previsible la agudización de los conflictos en los próximos días y meses.

A inicios de octubre el cuestionamiento a las políticas de inspiración neoliberal en nuestra América comenzó en el Ecuador, con protestas contra las medidas de incremento a los combustibles y transportes acordadas por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Las masas de campesinos, indígenas y grupos urbanos empobrecidos virtualmente tomaron Quito con sus demandas y exigieron la renuncia del presidente. Llegaron a rodear las sedes del gobierno y a tomar la del FMI en la capital, mostrando tener claridad de los orígenes del programa gubernamental de empobrecimiento de las mayorías.

La respuesta de Moreno fue declarar el toque de queda y militarizar las ciudades y trasladar el gobierno a Guayaquil. También estableció censura a los medios y bloqueó a la agencia noticiosa Telesur. Al menos cinco muertos en las protestas, más cientos de heridos y un millar de detenidos no disuadieron a los manifestantes, y el conflicto no se detuvo sino cuando, en una actitud mediadora, el presidente Moreno derogó el alza a los combustibles, aunque no el resto del programa de ajuste dictado por el FMI. El fondo del conflicto no fue resuelto sino quedó latente, y la represión policíaco-militar impune. Pese a que Moreno se mantuvo en el cargo, no fueron desactivados los factores que llevaron al pequeño país andino a su crisis política más amplia y violenta en los años recientes.

El gobierno neofascista de Sebastián Piñera en Chile ha encontrado una fuerte oposición desde que, a mediados de octubre decidió incrementar el costo del transporte urbano. Muy pronto, el lema de la rebelión apareció: “No son treinta pesos; son treinta años”. Se impugna así el periodo posdictatorial en el que una aparente democracia no ha llevado a superar la miseria del pueblo ni a liquidar el régimen pinochetista aún presente en la Constitución. La represión del gobierno piñerista ha sido brutal: los carabineros disparan perdigones al rostro de los manifestantes, dejándolos tuertos o ciegos; mujeres han sido detenidas y violadas por las fuerzas del orden, que también usan vehículos para embestir y atropellar a los indómitos.

Mientras su popularidad cae al ínfimo nivel de 6 por ciento de aceptación, el gobernante lanza señales que quieren ser conciliatorias pero que en nada se concretan ante los hechos de violencia de las fuerzas gubernamentales. El alza a la tarifa del metro fue anulada y Piñera anuncia un plebiscito para la elaboración de una nueva constitución; pero la demanda de los ciudadanos insurrectos es la renuncia del gobernante, porque saben que sin ésta no hay garantía alguna de procesos democráticos. La lucha en realidad es contra el aparato estatal que la dictadura militar legó, con su norma fundamental, sus leyes, sus cuerpos represivos y su política económica, en lo sustancial continuada durante la etapa de democracia liberal representativa. El Chile del crecimiento económico y la prosperidad se ha demostrado como una mascarada, cuando las últimas tres décadas se han signado por el empobrecimiento de las mayorías trabajadoras y la creciente concentración de la riqueza en un grupo oligárquico asociado al capital internacional.

La rebelión social, por ello, no ha cesado y es difícil prever cómo se romperá el empate en que se encuentra el conflicto entre un presidente sostenido tan sólo por las fuerzas armadas, que se saben condenadas en un posible cambio de régimen, y el movimiento popular extendido desde los indígenas hasta los sindicatos y las clases medias. Es lo que en el 2020 persiste y probablemente lo hará hasta que se logre una democratización sustancial.

El golpe cívico-militar en Bolivia contra el gobierno popular de Evo Morales no ha logrado sino instalar un mando de facto precariamente sostenido tan sólo por los intereses de la plutocracia cruceña, la policía y el ejército, y que ha asumido sin ninguna legitimidad ni respeto a los procedimientos constitucionales ni a los derechos humanos. Jeanine Áñez representa el ascenso al poder de las iglesias evangélicas como instrumento de intervención estadounidense, según lo ha señalado con acierto Enrique Dussel, y del racismo y clasismo contra la mayoría indígena y proletaria de la población. Largamente preparado en el interior y el exterior, ese golpe tomó como causa la reelección de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, señalada como fraudulenta en un informe preliminar de la OEA. Inició con una rebelión de grupos civiles en el oriente del país, que incendió las sedes del gobernante MAS y las casas de sus dirigentes, tomó como rehenes y vejó a éstos y a sus alcaldes y prosiguió hacia La Paz, reforzado con acciones de la policía, hasta que el entonces comandante del Ejército “sugirió” al presidente presentar su renuncia.

La represión fascista ha logrado hasta el momento contener la movilización de los indígenas, de los pobladores de El Alto, de los mineros y en general los sectores populares que respaldan el liderazgo de Evo Morales. No será por mucho tiempo. El ilegítimo gobierno de Áñez se encuentra en realidad cercado en el interior y también en el contexto internacional. Si bien recibió inicialmente el respaldo de diversos países de América Latina, de Europa y desde luego de los Estados Unidos, la reciente expulsión de la embajadora mexicana y de funcionarios diplomáticos de España ha llevado a la Unión Europea a elevar una protesta y a ver con cautela sus relaciones con el régimen de facto. Está por verse si se permitirá al MAS participar en las anunciadas como inminentes elecciones generales; pero mientras tanto las masas populares velan sus armas para lo que saben será una batalla difícil y quizá prolongada, pero decisiva para el futuro del país.

La lucha más prolongada ha sido, sin embargo, la de Haití, Prácticamente desde la elección fraudulenta del presidente Jovenel Moïse en 2015, la resistencia no ha cesado, de manera intermitente o continua. Pero desde finales de agosto de 2019 la inconformidad estalló contra las medidas de ajuste de corte fondomonetarista aplicadas por el gobierno, que implicaron devaluación, inflación y escasez de combustibles. Entre septiembre y noviembre, al menos 48 opositores murieron en las manifestaciones, cientos fueron heridos y quizá miles detenidos.
Los sectores populares se han aglutinado en torno a la Declaración de Papaye, que demanda la renuncia de Moïse y convoca a un diálogo nacional acerca de los problemas del país. El 30 de noviembre, incluso el representante de los Estados Unidos en la ONU, Kelly Kraft, reconoció que era necesario el retiro del cuestionado gobernante y la convocatoria a un diálogo que conduzca a un gobierno de consenso; pero eso no se ha concretado. La hambruna amenaza a la población civil del país más pobre del hemisferio y se incrementa el flujo de refugiados hacia la República Dominicana. La crisis social más grave del continente, la imposición de un gobierno ilegítimo y la movilización de las masas populares han sido los componentes de una rebelión que parece interminable.

La crisis en Colombia es quizás, la de fórmula más compleja. Involucra factores económicos, políticos, militares y de seguridad. El incumplimiento por el gobierno de los acuerdos de paz, la cacería de ex guerrilleros por las subsistentes bandas paramilitares, las fosas clandestinas más cuantiosas conocidas en el mundo, el predominio del narcotráfico y sus expresiones gubernamentales, el asesinato vil de defensores de la naturaleza y dirigentes de los pueblos originarios y, como es costumbre, la imposición de medidas draconianas de política económica, no sólo han conducido a que un sector de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciara volver a la lucha armada; también han dado pie a la movilización popular masiva contra el gobierno derechista de Iván Duque. La protesta no alcanza las dimensiones que en Chile, pero es muy probable que se reactive en el nuevo año, dada la persistencia de los factores que la han generado.

Y una novedad que 2019 trajo fue el movimiento feminista internacional, renovado por las acciones represivas de los carabineros chilenos, que se han cebado contra las estudiantes y mujeres en general golpeándolas y vejándolas. El performance “Un violador en tu camino”, creado contra las fuerzas chilenas de seguridad de Chile, se internacionalizó de inmediato y fue replicado en muchos países de todos los continentes como denuncia al machismo y la represión. Pero en otras latitudes, como en México, el feminismo se ha radicalizado, con expresiones de agresión no sólo a los cuerpos de seguridad (incluso los conformados por mujeres) sino a algunos varones, lugares públicos y monumentos.

Los contextos de esos feminismos son diferentes. En Chile, se vincula con la lucha por la democratización y el cambio del régimen político heredado de la dictadura militar de los setenta y los ochenta; en nuestro país se enfoca de manera general contra el machismo y el patriarcalismo, sin un referente claro de clase o grupos económico-sociales.

2019 podría, entonces, ser caracterizado como el año de la protesta global, cuyo antecedente se remonta veinte años atrás, a la movilización de Seattle en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y luego a la de Génova. Porque el común denominador de las protestas ha sido el rechazo al capitalismo depredador de ideología neoliberal y a la ausencia de democracia vinculada a él. Durante cuatro décadas el capital impuso a escala planetaria un discurso antiestatista y contra los sindicatos y organizaciones sociales, y una práctica excluyente y de despojo que ha derivado en la mayor concentración de la riqueza en la historia de la humanidad. Sus consecuencias están a la vista; pero ahora también lo están las respuestas y reacciones que desde la sociedad brotan, hasta ahora sin vínculos internacionales, pero con nueva enjundia y cuestionamientos radicales. El año 2020 aún tendrá mucho que decir a ese respecto.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

Violencia, insurgencia femenil y neoliberalismo

Ilegalidad, sumisión y simulación en la Universidad Michoacana

Las luchas que el 2019 no se llevó

La seguridad y los desafíos al gobierno federal

Operación Culiacán: insurgencia delincuencial y operativo fallido

La impostura del SPUM y el chantaje salarial

Antídotos a la partidocracia

La apuesta por Pemex

Universidad Michoacana, la crisis otra vez

La insumisión de Zapata y su Ejército Libertador

100 días de acciones y señales contrapuestas

Matamoros, la promisoria reaparición de los trabajadores

El feliz retorno de los principios históricos de la política exterior

Tlahuelilpan, tragedia y desafío

El huachicolazo de López Obrador

Tapadismo y priismo en la Universidad Michoacana

El Poder Judicial en el ojo del huracán

¿Incendiar la pradera o pactos de estabilidad?

¿A dónde va López Obrador?

El desafío de la caravana migratoria centroamericana

La prueba salarial del gobierno lopezobradorista

Doce tesis acerca del 1968 mexicano

El núcleo de la corrupción en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: marchas, opacidad y fraude a la nación

La primera insurrección socialista en la historia de México

Donald Trump ante López Obrador

Elecciones: el bloque de poder en disputa

La recta final, elecciones al borde del riesgo

Presea de ignominia y afrenta a la universidad

La Universidad, el Congreso y la memoria

Lo que el debate no se llevó

La sombra del fascismo en la Universidad Michoacana

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo